La causa de los recorridos inflados, cerca de definirse

Uno de los jueces bahienses ya emitió su voto en febrero y el otro estaría a punto de hacerlo. Osorio había presentado un planteo similar al que analiza el tribunal de alzada y le fue denegado.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca está muy cerca de definir la suerte judicial del ex intendente Nestor Alcala en la causa penal de los recorridos inflados de la empresa El Indio. Uno de los dos jueces del tribunal ya emitió su voto y el segundo estaría por hacerlo, indicaron fuentes tribunalicias. Si ambos rechazaran el pedido de nulidad presentado por el ex secretario municipal de Obras Públicas, Jaime Sterin, ellos dos y el ex secretario de Servicios Públicos, Arturo Ripa, irían a juicio oral y público.

El expediente fue abierto de oficio por el entonces fiscal federal subrogante Jorge Bonvehi, en julio de 2006, a partir de una sana y simple costumbre, leer los diarios. Días antes, los concejales del Fregen, Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal, habían denunciado posibles sobrefacturaciones en los recorridos del servicio público de transporte que El Indio prestaba en Santa Rosa. Luego la fiscal titular, Marta Odasso, tomó el caso e impulso definitivamente la investigación.

Lo que la justicia federal está tratando de establecer, desde hace casi tres años, es si Osorio -quien era uno de los cuatro imputados, pero como falleció en julio de 2007 quedó desvinculado del caso- infló los recorridos de sus micros urbanos para obtener más subsidios de Nación. Y también busca develar si para esa presunta maniobra defraudatoria contó con la complicidad, directa o indirecta, de los funcionarios municipales, que avalaron con sus firmas las planillas que El Indio entregaba a la Secretaría de Transporte de la Nación con los kilometrajes. Esas planillas equivalen a una declaración jurada.

Una pauta de las presuntas irregularidades la dio la Comisión Nacional Nacional de Regulación del Transporte (CNR) cuando, luego de la denuncia de Giorgis y Carrascal, le redujo a Osorio la ayuda estatal por subsidios de 1.900.000 a 1.200.000 pesos anuales y le ajustó los kilómetros por línea y las frecuencias semanales. El otro subsidio no era no era monetario, sino la venta de gas oil a bajo precio.

El Indio tuvo la concesión municipal del servicio de transporte público hasta el 30 de septiembre de 2006, y lo monopolizó desde 2002, cuando la empresa Pellegrini se fue de la ciudad. La empresa recibió entre enero de 2005 y junio de 2006 un subsidio en efectivo de 843.715,61 pesos y 1.176.568 litros de gasoil a bajo costo, de acuerdo a la información que publicó la Secretaría de Transporte de la Nación en su página de Internet.

Los subsidios para no aumentar las tarifas llegaron por dos vías: a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y de un coeficiente en el que se tienen en cuenta los kilómetros mensuales recorridos, la recaudación, la cantidad de pasajeros transportados y el parque móvil afectado al servicio.

Piedras en el camino.

Los imputados, desde que se abrió el expediente, pusieron todas las trabas legales posibles para frenarlo. Alcala llegó a pedir el "congelamiento" de la investigación hasta que la Cámara Federal se expidiera sobre la apelación de Osorio a un recurso de nulidad que le había rechazado el juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala. Lo hizo en 2007 cuando se venía la interna del PJ frente a Juan Carlos Tierno por la candidatura a intendente. Aunque el juez le denegó el requerimiento, al menos consiguió que la apelación del empresario llegara a Bahía Blanca, lo que le permitió afrontar los comicios -que finalmente perdió- con la seguridad de que no habría sorpresas.

La respuesta de la Cámara bahiense al recurso de nulidad de Osorio fue un "no" rotundo y un aval a lo actuado por Zabala. Por eso en ámbitos judiciales se especula con que el tribunal le responderá lo mismo a Sterin, atento a que se trata de un escrito de similar tenor. De hecho, Zabala le denegó la nulidad al ex secretario comunal.

El empresario había planteado la nulidad de su indagatoria y de la instrucción del proceso. ¿Cuáles fueron sus argumentos y cuáles los del tribunal de alzada? Osorio dijo, entre otras cosas, que se vulneraron los derechos del debido proceso y de defensa en juicio porque, por ejemplo, no supo cuáles eran los hechos que se le imputaron. Pero Zabala y la Cámara consideraron que en ningún momento se violaron garantías constitucionales ni se le impidió acceder a todas las pruebas incorporadas a la causa.

"Tuvo a su disposición los 14 cuerpos de los expedientes municipales que se incorporaron a la causa, los cinco cuerpos de los expedientes administrativos aportados por la Dirección Provincial de Transporte y dos biblioratos de la Contaduría General de Gobierno. Si no quiso mirarlos y leerlos fue un problema suyo", dejaron trascender fuentes confiables.

Desde un primer momento se sospechó en la justicia que el dueño de El Indio y los ex funcionarios tuvieron una estrategia común para frenar la causa porque se fueron escalonando para presentar los distintos recursos.

Fraude y falsificación.

La apelación de Sterin está desde hace casi un año en Bahía Blanca, aunque recién el 26 de junio del año pasado, la Cámara sorteó el orden en que debían votar sus miembros, que en ese momento eran tres y ahora solamente dos porque Luis Alberto Cotter se jubiló.

Los voceros tribunalicios bahienses informaron que el 20 de febrero emitió su voto el presidente del cuerpo, Ricardo Emilio Planes, y que inmediatamente le pasó el expediente a su par Augusto Enrique Fernández. Si éste se pronunciase en el mismo sentido que Planes, no será necesario un tercer voto; sino un juez subrogante debería desempatar.

En caso de que la Cámara le dijera "no" a Sterin, éste, Alcala y Ripa -los tres ya fueron indagados como sospechosos- deberían afrontar un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal, que por estos días componen los jueces Jesús Daniel Los Arcos Vidaurreta y José Mario Triputti (existe un lugar vacante por el deceso de José María Meana). El único paso formal que quedaría sería que, al volver el expediente a Santa Rosa, la fiscal Odasso lo elevara a juicio. Los eventuales delitos por los que se acusaría a los ex funcionarios serían fraude al Estado y falsificación de documento público.

A Osorio se le había imputado, prima facie, haber obtenido ganancias ilegítimas -o sea más subsidios en gas oil y en dinero de los que le correspondían- a través del falseamiento de datos en las planillas donde figuraban los kilometrajes recorridos por sus colectivos. Esas planillas eran enviadas como declaraciones juradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y luego la Secretaría de Transporte de la Nación adjudicaba los beneficios.

En una vieja entrevista, el empresario negó que inflara los recorridos y llegó a afirmar que los colectivos hacían más kilómetros que los que le correspondían

La gestión de Alcala siempre buscó despegarse de las supuestas irregularidades y responsabilizó a Osorio. Sin embargo, a fines de 2004, Sterin firmó la disposición 853/04, por la cual el municipio -según decían los considerandos- tomó "a su cargo las obligaciones de información, verificación y certificación que imponen las resoluciones nacionales relativas al Sistema Integrado de Transporte Automotor". Una de esas obligaciones era verificar el kilometraje de los colectivos.

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