Causa del "megacanje": citan a indagatoria al ex subsecretario del Tesoro de EEUU

El ex subsecretario del Tesoro de EEUU y representante del Credit Suisse First Boston, David Mulford, fue citado a prestar declaración indagatoria el 18 de noviembre próximo en la causa por el denominado "megacanje", en la que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex secretario de esa cartera Daniel Marx están a la espera del juicio oral y público.
Fuentes tribunalicias indicaron esta mañana a Télam que la resolución, fechada en el mes de agosto último y conocida hoy, la tomó el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, quien citó a Mulford habida cuenta que había perdido la inmunidad diplomática que tenía mientras era embajador en la India.

En el marco de estas actuaciones, el 6 de noviembre de 2007 la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cavallo (el expediente lo tiene el Tribunal Oral Federal Uno para la realización del juicio oral) y revocó el del ex presidente Fernando de la Rúa, en la investigación por el denominado "megacanje" de la deuda externa durante el gobierno de la Alianza.

La decisión fue tomada por la sala II del tribunal que, junto al procesamiento de Cavallo también confirmó el del ex secretario de Estado Marx y los embargos de 30.000.000 y 25.000.000 de pesos en los bienes de cada uno, a quienes imputó "negociaciones incompatibles" con la función pública.

Mulford deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, para hacer frente a la acusación del fiscal federal Federico Delgado, quien lo consideró partícipe necesario en las ilícitas negociaciones llevadas adelante por Cavallo y Marx.

En el megacanje "existió una ilegítima decisión tomada a favor de determinado sector financiero, modificando aspectos de un proceso de renegociación de la deuda pública a la medida de requerimientos de participantes privados predeterminados", evaluó la Cámara al confirmar los procesamientos.

En una extensa resolución a la que accedió Télam, los integrantes del Tribunal de Apelaciones revocaron entonces el procesamiento de De la Rua y le dictaron con "falta de mérito" por no contar al momento con elementos suficientes para procesar o sobreseer.

Los camaristas entendieron que De La Rúa tuvo responsabilidad "política" en lo ocurrido como "máxima autoridad" del país, pero que eso no es materia de juzgamiento

penal.

En la misma situación quedaron los ex funcionarios de su equipo económico Jorge Baldrich, Horacio Tomás Liendo y Jacobo Dreizzen.

La causa penal investiga si existieron irregularidades en las gestiones y negociaciones que enmarcaron el "canje de deuda pública" en junio de 2001, y otras operaciones que datan de 1997, 1998 y 2000.

Para la Cámara, Cavallo violó los deberes de funcionario público, como parte de un "presunto concilio de voluntades previo a la operación" con el objetivo de "favorecer al grupo de bancos adjudicado".

"Su voluntad estuvo dirigida a beneficiar a un grupo determinado de bancos, efectuando recomendaciones y sugerencias previas al formal llamado y luego negociando con ellos aspectos estrictamente técnicos", puntualizó el tribunal.

La prueba reunida "permite vincularlo con las negociaciones posteriores, relativas a las comisiones, precios de corte, escenarios y aceptación de ofertas fuera del plazo".

Los camaristas aclararon que la violación de deberes de funcionario público, "no se verificó en la decisión de realizar el canje sino en la manipulación de la elección de quienes habrían de participar en él".

En la operación de megacanje, "se llegó al acuerdo con los bancos" antes de la presentación del informe oficial del Ministerio de Economía donde se evaluaban cuatro propuestas presentadas, entre ellas la del consorcio ganador.

Toda la prueba "alude estrictamente a la órbita interna del Ministerio de Economía, sin que obre constancia que revele algún tipo de participación de De La Rúa en esa elección", dijeron en su oportunidad los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani.

Sin embargo, los jueces advirtieron "no desconocer" que "como máxima autoridad de la Nación es a él (De la Rua) a quien le cabe la responsabilidad política por la determinación de llevar adelante el canje", pero "tal conducta la que puede someterse a enjuiciamiento en sede penal".

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