La causa de los medicamentos empieza a tener efectos en el Congreso

Por Jorge Sosa

La causa que impulsa el juez Oyarbide contra la denominada mafia de los medicamentos comenzó a generar repercusiones políticas que van más allá de la intervención de la obra social bancaria y de las intrigas gremiales que se desataron en derredor de José Zanola.

El escándalo ha puesto la luz una vez más en las sospechas por el manejo del dinero en la campaña electoral de Cristina Kirchner, algo que ya había logrado el caso de la valija de Antonini Wilson. Pero tanto en medios judiciales como políticos se presume que, de seguir avanzando con la misma celeridad, la causa podría seguir encontrando nuevas ramificaciones.

En las próximas horas, habrá reacciones en el Congreso. Según pudo saber El Cronista, senadores de la UCR presentarán un pedido de informes al Ejecutivo sobre el control que realiza el Estado sobre la producción y distribución de medicamentos en el país, ante el gravísimo descubrimiento de redes de comercialización de remedios adulterados que asombró en los últimos días. Y no sólo reclamarán precisiones sobre el mercado de medicamentos de marca, sino que apuntarán también a la producción y distribución de los llamados genéricos, cuyo uso fue promovido durante la gestión kirchnerista.

La causa comenzará a tomar nueva dimensión desde hoy a partir de la declaración del principal implicado, el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y de la recusación contra Oyarbide presentada por el propio Zanola. Aunque desde el mundo político lo que se sigue con especial atención es la situación de Héctor Capaccioli, ex recaudador de fondos para la campaña kirchnerista, quien también tendrá que presentarse ante el magistrado. Ya es conocido que fondos de esas droguerías investigadas habrían ido a sostener el despliegue electoral del oficialismo en 2007.

En el Gobierno aseguran que no habrá ningún manto político sobre la pesquisa. "La Presidenta está muy impactada y muy enojada con la gravedad de esta maniobra de los medicamentos adulterados y es verdad que no habrá ningún impedimento para que caiga quien tiene que caer", juró a este diario una alta fuente oficial. Con menos palabras se habla del otro costado de la historia, el de los fondos de campaña: creen que ese río no salpicará más alto de lo que hasta ahora ha salpicado. "Hay decisiones políticas que se implementan y se toman en forma colectiva, pero hay otras con son individuales", es la explicación cifrada que circula en la Casa Rosada. Traducirla como que el cerco estará puesto en torno a Capaccioli como único responsable no sería errado.

Pese a que su esfuerzo legislativo está focalizado en la Ley de Medios, el oficialismo hará su propia movida en el Senado por el tema de los remedios, para no quedar a la defensiva. Comenzará a desempolvar el proyecto de una nueva Ley de Medicamentos, que desde hace un año espera en un cajón. Se resolvió ayer en una reunión que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández mantuvo con el Comité Asesor sobre Prevención y Persecución del Narcotráfico. Allí, los especialistas recomendaron además la derogación de la ley de Precursores Químicos, al considerar que "el registro no ha funcionado".

Con menos intensidad siguen el tema, al menos eso aseguran, en el despacho de Julio Cobos. "Se está informando de todo esto igual que como los otros temas, pero sin ninguna atención especial", dicen en su entorno. A la hora de hablar sobre las sospechas sobre los dineros de campaña, las voces oficiales se han encargado de recordar que el compañero de fórmula de Cristina era Cobos. "Ya lo aclaramos varias veces: nosotros en la campaña no manejábamos los fondos. Y antes de la votación de la 125 nos habían intentado ensuciar con eso", dicen al lado de Cobos. Esta última referencia no es al Gobierno, sino a otra dirigente opositora: Elisa Carrió.

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