Los imputados Alí Fuad Alí, ex fiscal, Miguel Angel Puga y Antonio Sebastián Cornejo, ex jueces, están acusados de incumplir sus deberes como funcionarios públicos en relación a víctimas de la represión alojadas en la cárcel de barrio San Martín de esta ciudad, en 1976.

Ayer se conocieron los fundamentos de la resolución de Cámara que por unanimidad rechazó la apelación de los imputados, y confirma el fallo del juez federal de La Rioja, Luis Piedrabuena, que rechazó las excepciones de falta de acción por prescripción y por aticipidad interpuesta por la defensa.

En tanto, el presidente de la sala, el juez Abel Sánchez Torres, propició una serie de medidas no compartidas por los otros integrantes de la Sala B, Luis Roberto Rueda y Octavio Cortés Olmedo. Puntualmente, propició ordenar al juez de la causa que corra nueva vista al fiscal federal de la denuncia originaria presentada por los querellantes -víctimas de las causa UP1, recientemente juzgada- teniendo en cuenta que la

desestimación peticionada por aquel respecto de la conducta de Carlos Otero Alvarez, ex secretario penal, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina, ex defensores oficiales, resulta “apresurada e infundada”. Del mismo modo, Sánchez Torres se expidió acerca de la ampliación de la acusación formulada por la querella respecto de Carlos Otero Alvarez y Alí Fuad Alí.