Causa judicial jaquea a un intendente

El jueves, día en el que tendría que asumir por tercer período consecutivo, se inicia el juicio oral de una causa en la que el intendente sanroqueño estaría implicado como complice primario por malversación de fondos públicos. Según el artículo 224 de la Constitución Provincial debería ser suspendido en sus funciones hasta que se defina si es inocente o culpable.
En mayo del 2005 concejales habían denunciado al intendente Raúl Pelozo y otros dos funcionarios municipales por presunta malversación de fondos públicos. Ahora, los ex ediles fueron citados a declarar como testigos en la audiencia pública de debate que se hará el jueves venidero en Goya. Una jornada en la que el jefe comunal tendría que iniciar su tercera gestión en San Roque pero, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, no podría asumir.

Villalba Marcial por malversación de caudales públicos en carácter de autor material - Pelozo Orlando Raúl y González Ramón Alfredo por malversación de caudales públicos en carácter de cómplices primarios", bajo el número de expediente 3720/5, es la causa que fue elevada a juicio oral y que pondría en aprietos al intendente reelecto.

El presunto delito dataría de fines de abril del 2005 cuando Villalba habría firmado diez cheques de la cuenta corriente del Concejo y se los habría prestado al intendente Pelozo, supuestamente para que abonara los sueldos a los empleados de la Comuna.

Pero el entonces concejal recién habría solicitado permiso a sus pares para otorgar los fondos del cuerpo deliberativo cuando los recursos presuntamente ya estaban en manos del Ejecutivo. Este hecho no sólo fue cuestionado por el bloque opositor en el recinto, sino que además acudieron a los estrados judiciales.

Así fue que se inició la causa en la cual el intendente Pelozo habría quedado procesado en junio de este año. Si bien meses después el juez que hasta ese momento estaba a cargo de la causa determinó la prescripción de la misma, esto fue apelado por un fiscal goyano ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Finalmente, el organismo judicial dio lugar al planteo, basándose en el artículo 67 del Código Penal que establece que "la prescripción se suspende, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público". Y precisamente, dos de los tres implicados en la causa siguen en la función pública, entre ellos el intendente Pelozo.

Luego la causa no sólo habría sido designada a otro juez, sino que continuó avanzando hasta que finalmente ahora fue elevada a juicio oral.

"Todos los concejales que en su momento presentamos la denuncia por presunta malversación de fondos recibimos una cedula de citación en carácter de testigos para la audiencia de debate que se hará el jueves 10 en Goya", afirmaron desde San Roque a El Litoral.

Una cuestión no menor porque esto pondría en peligro la asunción del intendente Raúl Pelozo debido a que el artículo Nº 224 de la Constitución Provincial determina que cuando un funcionario debe ser suspendido cuando está procesado por un delito vinculado a la administración pública.

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