La causa Fuentealba II puede terminar en la Corte

La presión de ATEN es muy fuerte. A partir de una solicitud de auditoría, el tema puede llegar al Tribunal Superior. Es esa instancia la única que podría determinar con claridad si se convalida o no la independencia de la Justicia, en un caso contaminado absolutamente por la política.

La causa Fuentealba II parece no poder salir del juego de presiones políticas, y va directo hacia una eventual intervención del Tribunal Superior de Justicia. De hecho, puede constituirse en el primer tema político realmente importante que le toque al máximo tribunal provincial.

Al menos así parece a partir de la intervención del fiscal Alberto Triburg, quien atendió a una pequeña delegación encabezada por la viuda de Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez, y prometió que solicitaría una auditoría para lo actuado por el fiscal Velasco Copello.

La presión que ejerce el sindicato docente ATEN ha sido evidente todo este tiempo. Hay sobre ella una mirada piadosa que no siempre condice con la seriedad que deben tener las instituciones.

De hecho, se han dejado pasar acusaciones muy fuertes, formuladas por dirigentes sindicales y también por el abogado Gustavo Palmieri, apenas conocida la resolución de Velasco Copello (que no es obviamente un sobreseimiento para nadie, ya que esto le compete al juez de la causa, Cristian Piana) dijo que no le cabían dudas de que la decisión del fiscal era una especie de consecuencia del pacto político rubricado en el MPN entre el actual gobernador Jorge Sapag y su antecesor, Jorge Sobisch.

Antes de que todo eso ocurriera, el sindicato docente había reclamado que se aparte al juez Cristian Piana, por no haber accedido a tomar declaración indagatoria a Sobisch.

Así las cosas, parece ser que la lectura “políticamente correcta” sería condenar a los policías, a Raúl Pascuarelli, y al ex gobernador Sobisch, por el hecho de promover un operativo para despejar la ruta 22 con el presunto objetivo de asesinar a un docente. Sin embargo, esa lectura política evidentemente no es tan sencilla de sustentar en los estrados judiciales, donde se necesitan pruebas, hechos, declaraciones, en concreto, se necesita que haya alguien que no cumpla con la ley para castigar con una condena.

Desde que comenzó esta historia, a partir del asesinato de Fuentealba, hasta ahora, la puja entre la necesidad política y la necesidad de hacer justicia ha permanecido como contradicción.

El sentido común indica que no debería haber una puja, sino una colaboración: la política ayudando a la justicia a hacer su trabajo de la única manera posible, es decir, tratando de no meter el dedo en el trabajo de los funcionarios judiciales.

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