La causa por enriquecimiento quedó para el archivo

La causa por enriquecimiento quedó para el archivo
El fiscal Eduardo Taiano y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas aceptaron la decisión del juez Norberto Oyarbide, quien consideró que el aumento patrimonial fue lícito.
El sobreseimiento que una semana atrás dictó el juez federal Norberto Oyarbide al matrimonio Kirchner quedó firme. Ni el fiscal federal Eduardo Taiano ni el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, apelaron la resolución que encontró legal el abultado incremento patrimonial de Néstor y Cristina durante 2008. El cierre del expediente quedó, ahora, en manos del magistrado. La UCR adelantó que denunciará a Taiano por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El plazo para apelar el fallo de Oyarbide venció ayer sin cuestionamientos de parte de los fiscales de la causa. La inacción y el silencio de ambos funcionarios del Estado dejaron firme la decisión que, en base a un informe del Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema, dictó el juez federal el lunes de la semana pasada. Si, como se estima, Oyarbide da por clausurada la investigación, el matrimonio Kirchner respirará aliviado, al menos en cuanto a la declaración jurada que mostró un aumento del 158% entre el capital que contaban en 2007 y el de 2008.

La decisión de Taiano no es la primera que beneficia a la Presidenta y su esposo. Aunque con jueces distintos, el fiscal tuvo a cargo tres denuncias por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner y en ninguna de ellas se opuso al cierre de la investigación.

La primera abarcó el período 1995-2004 y fue clausurada en 2005 por el juez Julián Ercolini. En esa oportunidad, Taiano entendió que el entonces mandatario no merecía ser "imputado". Horas antes, su hijo había sido víctima de un secuestro exprés.

El juez Rodolfo Canicoba Corral se hizo cargo de una segunda denuncia que analizaba la variación patrimonial entre 2005 y 2007. Al fiscal volvió a tocarle el expediente pero, esta vez, pidió directamente que se desestimara la presentación por inexistencia de delito. El papel del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de ese momento, Manuel Garrido, fue diferente. Calificó la desestimación de "prematura e irrazonable" y apeló, aunque sin éxito: la Cámara ratificó lo resuelto por Canicoba pero sostuvo que, de aparecer nuevas pruebas, el expediente podía ser reabierto.

La tercera no fue la vencida para Taiano, quien continuó la tendencia.

Quien sí apeló el fallo de Oyarbide ante la Cámara fue el denunciante Enrique Piragini. Sin embargo, es improbable que su presentación avance ya que el juez no lo reconoció como querellante de la causa. "Mi denuncia es por enriquecimiento ilícito, no por falsedad de declaraciones juradas. Entonces, hay que indagar de dónde sacaron esos fondos. El juez no indagó, sólo se contentó con el informe de los peritos de la Corte, que están muy sospechados y cuestionados por irregularidades", dijo Piragini.

En medio de la polémica por el fallo, un juez del máximo tribunal se encargó ayer de cubrir con el mismo manto de sospecha a los especialistas de la Corte. "Existe un gran desorden en el Cuerpo de Peritos Contadores desde hace varios años", reconoció Enrique Petracchi. Hoy mismo, los miembros de la Corte podrían firmar una acordada para desplazar del cargo a Alfredo Peralta, titular de ese órgano y autor del controvertido peritaje en que se basó Oyarbide para sobreseer al matrimonio Kirchner.

La investigación judicial que está a punto de pasar al olvido surgió en julio pasado luego de que la Presidenta enviara su informe patrimonial anual a la Oficina Anticorrupción. En el detalle del progreso económico consta que el matrimonio vendió catorce propiedades a muy buen precio, incluido un terreno en El Calafate que habían adquirido a la municipalidad a 6,50 pesos el m2 y que ahora entregaron a cambio de 6.300.000. Los avances también fueron asombrosos en el ítem de ingresos: sólo en alquiler lograron ganar diez millones de pesos, el doble que el año anterior. El interés percibido por sus plazos fijos en el Banco de Santa Cruz –entre 2,5 y 15 veces superiores a los del promedio del mercado– fue otro de los puntos conflictivos de la declaración que la Justicia definió como legal.

El pedido de juicio ahora para Taiano

La oposición tuvo, por segundo lunes consecutivo, motivos para cuestionar el manejo judicial de la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. La semana pasada, había anunciado que pediría el juicio político contra el juez federal Norberto Oyarbide por haber sobreseído a la pareja presidencial. Ayer, el turno de las críticas fue para el fiscal del caso, Eduardo Taiano, esta vez por falta de acción. La postura de Taiano de no apelar el sobreseimiento dejó el caso en vía muerta.

"La inacción del fiscal no puede interpretarse a la luz de la técnica jurídica sino al cumplimiento de deberes inexcusables como funcionario público de revisar el fallo de Oyarbide en una instancia superior e inclusive llegando hasta la propia Corte Suprema de Justicia", señaló la UCR. Los dirigentes consideraron que Taiano "incumplió con el deber de representar a la inmensa mayoría de la ciudadanía". Para el cuestionamiento, sumaron un elemento más: dijeron que el fiscal "sabía que la Corte Suprema sospechaba que los peritos judiciales que trabajaron en la causa no se habían desempeñado correctamente".

La Coalición Cívica, que siete días antes había anunciado con bombos y platillos el pedido de enjuiciamiento a Oyarbide que finalmente no presentó, esta vez estuvo más cauta. "La decisión del fiscal parece una broma de mal gusto del Día de los Inocentes. Merece el repudio y genera indignación porque en tiempo récord y sin una investigación razonable decidieron archivar la causa", sostuvo Adrián Pérez, titular del bloque de Diputados de la mencionada fuerza.

Oyarbide tiene otras causas que preocupan a la Casa Rosada

A pesar del cierre definitivo de la causa que investigaba el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, Oyarbide no dejará de acaparar la atención en Comodoro Py durante el verano. Seguirán en sus manos otras investigaciones que preocupan a la Casa Rosada: la mafia de los medicamentos adulterados, las presuntas anomalías en el reparto de publicidad oficial en manos del ex secretario de Medios Enrique Albistur, y la que busca determinar si la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario otorgaba subsidios de manera irregular.

Para avanzar en la causa en la que se encuentra detenido con prisión preventiva el secretario general del gremio de los bancarios, Juan José Zanola, la Cámara Federal porteña tramitará durante la feria judicial de verano las eventuales apelaciones que interpongan las defensas de los procesados por la mafia de los medicamentos. Entre ellos se encuentran el propio Zanola y su pareja Paula Aballay.

Las apelaciones a los procesamientos deberán ser presentadas en los primeros días de enero. De todos modos, fuentes judiciales señalaron que Oyarbide no se tomará la feria judicial de verano y que, por el contrario, continuará trabajando en la causa durante todo el mes que viene.

Mientras tanto, Zanola seguirá detenido en el penal de Marcos Paz luego de que Oyarbide le denegara un pedido de prisión domiciliara por supuestos problemas de salud. El sindicalista debe atenerse a la prisión preventiva en calidad de supuesto jefe de una asociación ilícita que integraba junto a Aballay, ex directora administrativa del Policlínico Bancario; la ex subdirectora Susana Fionna y el ex tesorero del nosocomio Claudio Ferrari.

En la misma causa está procesado Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, como jefe de otra asociación ilícita que operaba en conexión con el grupo de Zanola.

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