Escribanos mendocinos recibieron recién esta semana el pedido de Lijo. A través de un comunicado, el Colegio Notarial solicitó a los profesionales que informen si realizaron "operaciones con alguna de las personas Físicas y Jurídicas detalladas en Oficio Causa Nº 1999/12, caratulado "Boudou Amado y otros s/ enriquecimiento ilícito...", a fin de remitir copia de las mismas ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4".

"La respuesta deberá abarcar el período de tiempo comprendido entre el año 1997 hasta la actualidad", asegura el pedido del magistrado a cargo de la investigación por las presuntas irregularidades en el rescate de la ex Ciccone Calcográfica, en la que aparece involucrado el vicepresidente.

Lijo también quiere saber si Amado Rubén Boudou y Juan Bautista Boudou (padre y hermano, respectivamente, del vicepresidente) y su novia Agustina Kämpfer realizaron operaciones notariales en Mendoza. La investigación del juez incluye además a Juan Carlos López, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Sandra Viviana Rizzo; Azul Spina Costa Álvarez, Fabián Hugo Carosso, Hugo Nicolás Carosso y Pablo Pellet Lastra.

Mientras que las empresas investigadas por Lijo son Fuerza Laboral, Breaver Cheek, Embarcaciones Argentinas, Inversiones Inmobiliarias Aspen, The Old Fund, Habitat Natural, Danlon, Action Media, Rock Argentina, WSM, Vail Investment e Inversora Pampa.

De esta manera Lijo intenta reunir el material probatorio necesario para definir si convoca a declaración indagatoria del vicepresidente, quien es investigado por el magistrado por enriquecimiento ilícito y por su actuación en la compra de la imprenta Ciccone.

Cuatro días después de firmar la resolución que envió al Colegio Notarial mendocino, Lijo remarcó que la causa era "grave institucionalmente" y, si bien evitó fijarse un plazo para resolver la situación de Boudou, dijo: "Cuando junte toda la información daré el siguiente paso".

Antecedentes mendocinos

No es la primera vez que Mendoza aparece en las noticias sobre la denominada causa Ciccone. En la provincia vive desde hace varios años Laura Muñoz, la mujer que lanzó las primeras dudas al asegurar que su ex esposo, el empresario Alejandro Paul Vandenbroele, es socio en negocios poco claros del vicepresidente.

Vandenbroele mantiene una disputa con Muñoz por el régimen de alimentos y visita de su hija de 4 años. El ex director de la expropiada Compañía de Valores Sudamericana (CVS, la ex Ciccone) se ha presentado en más de una oportunidad por este motivo en el Juzgado de Familia de Mendoza.

Hay otra arista de la causa se relaciona con Mendoza. Vandenbroele, ex presidente de Ciccone Calcográfica, afirmó que The Old Fund, la empresa que fue controlante de la ex Ciccone hasta su expropiación, es propiedad de Raúl Moneta, el banquero indicado como responsable de la caída del Banco Mendoza en 1999 e investigado por supuestas irregularidades en el desguace de la entidad.

"Moneta se presentó como el supuesto financista de la resurrección de la imprenta. Lo hizo a través de un amparo que presentó ante la Justicia para rechazar que el Gobierno compense la estatización de la empresa con sus deudas tributarias y no les pague a los dueños, los que a la vez deberían pagarle a él fianzas y garantías por $ 35,5 millones", asegura un artículo del diario La Nación del pasado 12 de abril.

"Moneta se presentó sobre el filo del plazo que tenía para impugnar el decreto 252/2013, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitar la compensación de las deudas, opción que antes repudió también Alejandro Vandenbroele, como presidente de la enigmática The Old Fund, ante la justicia comercial", agrega la nota firmada por Hugo Alconada Mon.