Causa Boston: La estafa que superó a la ficción

El cierre de la financiera que dejó miles de damnificados en la región cumplió un año. Las investigaciones avanzan pero existe un sólo imputado tras las rejas. Las fuerzas de seguridad investigan el paradero de otros dos involucrados. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) evita prestar colaboración para determinar cuánto dinero manejó la organización delictiva.
El 27 de diciembre de 2007 la financiera Boston Continental SA cerró las puertas de la oficina de la Galería Corrientes, en pleno centro capitalino, y dejó a siete mil ahorristas sin los depósitos que confiaron a la firma a cambio de recibir intereses que rondaban el 30 por ciento por mes y podía llegar a más del 50 por ciento, según el tiempo que durara el depósito.

Las averiguaciones apuntaban a descubrir quiénes estaban involucrados en la actividad ilícita, pero también a determinar cuánto dinero manejaba la empresa.

Producto de la coordinación de tareas entre las fuerzas de seguridad de Corrientes con las federales se pudo dar con el paradero de Marcelo Melgarejo, quien se encontraba en Buenos Aires.

El hombre habría viajado hasta aquella provincia en la que se encontraba también su esposa. Tenía inversiones realizadas presuntamente con dinero obtenido de la estafa.

El otro imputado apresado es Hugo Rotella, padre del máximo responsable de la Boston Continental. Este hombre está sospechado de ser el autor intelectual de la estafa. Éste fue encontrado en un barrio céntrico de la ciudad de Posadas, Misiones, donde alquilaba un inmueble. Desde abril está detenido en la Comisaría Cuarta de Corrientes.

La abogada María del Carmen Maciel también está involucrada en el caso. Según las investigaciones la profesional colaboró con los trámites que permitieron el funcionamiento de la empresa financiera.

Tanto Rotella como Maciel solicitaron la excarcelación, fundados en que están acusados de tener un papel secundario en la operación.

La jueza de Instrucción, Norma Beatriz Agrasso, determinó que podrán salir sólo tras depositar una garantía de 150 mil pesos cada uno. De realizar el pago esperarán el desarrollo del juicio en libertad.

En tanto, Marcelo Melgarejo deberá permanecer detenido debido a que por el delito que se lo acusa carece del beneficio de la caución.

Mientras, continúan las investigaciones para conocer el paradero de Alejandro Rotella. El imputado se abría fugado del país con la mayor parte del dinero de los ahorristas. Los investigadores sospechan que posee pasaporte de un país centroamericano. Tiene pedido de captura internacional, al igual que Paola Rotella, quien también es buscada en otros países.

JUICIO AL ESTADO

Según Rubén Leiva, abogado que representa al las víctimas de la estafa, el paso siguiente será iniciar un juicio contra el Estado nacional debido a que una institución federal habría amparado el funcionamiento de la firma que desarrollaba una actividad delictiva.

Según el letrado, "la responsabilidad mayor es del Estado nacional, que tuvo en sus manos la posibilidad de cortar esto y evitar el daño mayor".

Explicó entonces que el perjuicio a los miles de ahorristas estuvo originado en "la intervención de malos funcionarios, que son personajes de la Comisión Nacional de Valores, que vinieron a hacer una inspección y dejaron que siga trabajando la Boston Continental". Estos mismos administrativos clausuraron por aquellos días otra financiera que también funcionaba en la Galería Corrientes.

El profesional del Derecho que representa a los estafados confirmó que se desconoce la cantidad cierta de perjudicados como también el monto real del dinero que manejaba la firma desaparecida. Esos datos se conocerán después de analizar los documentos y archivos obtenidos en los allanamientos.

El letrado indicó que "hay que reconocer el trabajo de la magistrada, de los fiscales, del personal judicial, de la Policía y de los jueces que intervinieron en la primera parte de la investigación, en época de feria judicial", debido a que las investigaciones avanzaron, pese a que se trata de una causa muy compleja.

En tanto, la titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, Beatriz Agrasso, continúa la búsqueda de datos que permitan encontrar a todos los responsables del ilícito, pero se ve imposibilitada de avanzar en la investigación para determinar la cantidad de dinero que manejaba la financiera.

El motivo es que la Justicia correntina carece de peritos informáticos y contables. La magistrada realizó varias convocatorias a profesionales independientes pero ninguno de los convocados aceptó la tarea de analizar la información obtenida en los allanamientos.

La presidencia del Superior Tribunal de Justicia hizo oídos sordos al pedido de colaboración por parte de la jueza. El máximo tribunal debe solicitar la colaboración de los investigadores de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer el caso, pero tras un año de averiguaciones la solicitud nunca se realizó.

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