Cataluña buscará a los desaparecidos por el franquismo

El Parlamento catalán aprobó ayer una ley pionera en España para favorecer la localización y la identificación de los desaparecidos en la guerra civil y por la represión franquista. La nueva ley reconoce el derecho de los familiares a obtener información sobre sus seres queridos desaparecidos y también a "señalar y dignificar" los lugares donde yacen sus restos y a recuperarlos si es posible.
"Con esta ley se hace justicia histórica y un paso más y decisivo en la restitución que merecen todas las víctimas", señaló Joan Saura, Consejero del Interior. Saura lamentó el "olvido y menosprecio de las víctimas republicanas durante la dictadura franquista.

El gobierno catalán realizó una detallada investigación sobre los lugares donde existen fosas comunes y ha publicado un mapa e información sobre 179 de esos lugares donde se arrojaron a los asesinados durante los años de la dictadura franquista.

Se calcula que hay unas 9.000 personas cuyos restos se encuentran en esos enterramientos.

Todos los partidos votaron a favor menos los populares de Cataluña, porque según el vocero Rafael López su grupo no es favorable a hablar de buenos y malos tiempos y a una gestión ideológica y política del concepto de memoria histórica.

La nueva norma establece que se puedan producir exhumaciones de restos encontrados en las fosas comunes a petición de los familiares de los desaparecidos o una entidad dedicada a la recuperación de la memoria histórica si lo hace en nombre de un familiar.

Estas peticiones deben ser respaldadas con pruebas documentales y aprobadas por un comité técnico y la Consejería de Interior de la Generalitat.

Los gastos, una vez cumplido el trámite que establece la nueva ley, correrán a cargo del gobierno catalán.

La ley catalana llega un año después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlamento español.

Por primera vez, esta entidad ha logrado que una juez avalara su lucha por la exhumación de los desaparecidos. El 8 de junio pasado comenzaron a excavarse dos fosas comunes en Santa Marta de Tera, por orden de la magistrado correspondiente.

Esta novedad se produce al mismo tiempo que el juez Baltasar Garzón, que investigaba las desapariciones y crímenes cometidos por el franquismo en la Guerra Civil y la feroz represión posterior, es procesado por prevaricato en el Tribunal Supremo.

El juez publicó una lista con más de 144.000 desaparecidos y autorizó la apertura de 25 fosas comunes.

Una asociación fantasmal ultraderechista, llamada Manos Limpias, presentó una querella contra el famoso y mediático magistrado señalando que Garzón se declaró competente para investigar los hechos sabiendo de antemano que no lo era. Garzón recurrió entonces ante el Tribunal Supremo contra la admisión de la querella, pero el alto tribunal rechazó ayer este recurso y la querella continuará su trámite.

Comentá la nota