La castración química será para voluntarios

La castración química será para voluntarios
El comité de expertos le presentó a Celso Jaque las conclusiones de su análisis. Aquellos que acepten el tratamiento integral recibirán beneficios en sus penas.
Las personas que hayan cometido un delito sexual podrán solicitar voluntariamente el tratamiento integral que incluye la castración química y que los llevará, según los especialistas, a no reincidir. Los delincuentes que accedan a este programa tendrán beneficios en sus penas.

La polémica que se disparó después de que el gobernador Celso Jaque anunciara que para reducir las violaciones era necesaria la castración química llevó a que el Ejecutivo solicitara, por medio de un decreto -el 14 de octubre-, la creación de un equipo de profesionales para que asesorara a la Provincia.

Como el principal inconveniente para implementar la metodología se contraponía a la Constitución Nacional, que prohíbe penas que atenten contra la integridad y la dignidad de las personas, los expertos recomendaron que el tratamiento farmacológico inhibidor del deseo sexual tiene que estar al servicio de un plan integral, en el que se tenga en cuenta el aspecto psicológico y social y que sea voluntario.

El Programa Provincial para la Prevención de la Reincidencia de Autores de Delitos de Índole Sexual buscará tener un abordaje interdisciplinario, pero se tendrán en cuenta dos ópticas. Por un lado, la psiquiátrica y psicológica, y por otro lado, la jurídica.

La conclusión médica del endocrinólogo Enrique Reynals, el sexólogo José Luis Rodríguez, los psiquiatras Patricia Gorra y Rubén Contreras, el psicólogo Hugo Lupianez y los médicos Alfonso Marzari y María Eugenia Fernández sugirió que se comience a hablar de tratamiento integral en lugar de castración química. También se indicó que se aplique tanto dentro del sistema penitenciario como una vez recuperada la libertad.

Además, se confeccionó un protocolo coordinado por los ministerios de Salud, Gobierno y de

Desarrollo Humano, Familia y Comunidad para que el condenado continúe con el tratamiento en cualquier etapa de su pena.

En el aspecto jurídico, donde colaboraron el procurador general de la Corte Rodolfo González y la jueza penal de menores María Fontemachi, comentaron que el tratamiento integral podrá ser exigido como una condición para transitar en el Régimen Progresivo de la Pena u obtener Indulto, Rebaja o Conmutación de Pena, pero aclararon que no se puede ir más allá del cumplimiento de la condena.

Luego de escuchar a los especialistas, Jaque manifestó su adhesión al programa y agregó que se buscará modificar el artículo 108 del Código Procesal Penal, relacionado con las víctimas de delitos, y establecer la intervención de un equipo interdisciplinario cuando un menor debe presentarse como testigo. "Con esto no sólo se trabaja con quien comete el delito, sino que se atiende a las víctimas", informó el gobernador.

Otro aspecto legal es la modificación del código reglamentario 1.166 de 1998 correspondiente a la ley 6.513. La reforma tiende a endurecer los beneficios que otorga esta norma provincial.

También se quiere modificar la ley provincial 3.645, relacionada con el indulto, rebaja y conmutación de la pena. En este caso, se establece que no podrán acceder a los beneficios los condenados por delitos sexuales que no se hayan sometido a los tratamientos indicados. Luego, se controlará a los penados y procesados a través de la utilización de GPS y, por último, se establece una reforma al Código Penal en los artículos 63 y 72, que versan sobre la suspensión del inicio de la prescripción para los delitos sexuales donde la víctima sea un menor.

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