Por los casos de impunidad hay desconfianza con la policía y la justicia, dijo Meilán

El secretario ejecutivo del Comité Provincial de Adhesión al Programa Nacional Anti Impunidad, Oscar Meilán, señaló que la importante cantidad de casos que reproducen los medios de comunicación sobre impunidad “siempre son un mínimo porcentaje con respecto a la realidad”, y en general los familiares de personas que han sido asesinadas, violadas o abusadas, sobre todo de los estratos más humildes, en general “no saben a quién recurrir, porque no confían en la policía, porque no confían en la justicia”.
En diálogo con la agencia APP señaló que pretende incorporar al programa “acompañamiento psicológico" y “acompañamiento jurídico” a las víctimas o a sus familiares, así como ser polea de transmisión de reclamos por temas de inseguridad ante los organismos públicos “porque no me gustaría, como ya sucedió en otros casos, tener que venir a buscar a un abogado querellante o acompañar en su búsqueda de justicia a alguien por un crimen que se pudo haber prevenido”.

Sobre la situación en la policía de Río Negro, dijo Meilán que “se incorporó la instrucción y la concientización sobre la temática de los derechos humanos, pero uno cuando ve cómo funciona eso, se hace sin obligatoriedad de asistir, lo toman como una materia que pueden faltar o no, y no como debería ser, un eje transversal que atraviese todas y cada una de las materias específicas que tienen que tener. Por eso nos encontramos todavía con policías golpeadores, que producen maltratos a menores, detenciones injustificadas, simplemente por la presión, no recepción de denuncias, entonces la gente humilde se retrae y sigue existiendo ese tipo de cosas”.

Dijo que su responsabilidad al frente del Programa Antiimpunidad “es una continuación de la tarea que venía llevando adelante ‘Bachi’ Chironi, porque estaba con él desde el inicio del programa, así que agradezco el reconocimiento y la oportunidad que me brindan el Ministro de Gobierno y el Gobernador”.

Señaló que “hay un rosario de inequidades que suceden, por eso yo mencionaba en el acto de adhesión de la provincia al Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la cantidad de casos que reproducen los medios sobre impunidad, que siempre son un mínimo porcentaje con respecto a la realidad”.

Ejemplificó que “cuando fuimos hace dos años a General Conesa por un caso puntual de un homicidio en tránsito, ahí la gente se acercó y había alrededor de 15 casos impunes de asesinatos gravísimos, inclusive uno nos llamó poderosamente la atención, se acercó la mamá de un joven campesino muerto en circunstancias dudosas, a la cual también le habían matado otro hijo en el campo, y ninguna de las investigaciones continuó”.

Indicó a la agencia APP que “lo mismo sucede cuando vamos a Sierra Grande ahora por el caso de los ancianos almaceneros que fueron asesinados, y lo paradójico del caso es que la gente que se acerca, lo hace después de las marchas, en silencio, como con miedo y manifestando que no saben a quién recurrir, porque no confían en la policía, porque no confían en la justicia. Inclusive muchas veces piden reserva de las denuncias que realizan”.

Explicitó que “nos hemos encontrado con gente que ha hecho denuncias de violaciones o maltratos y que han debido trasladarse del lugar donde vivían ante las amenazas recibidas. Por eso digo que es mucho más grave el cuadro de la situación aún del que pintan los medios o lo que generalmente se conoce”.

Dijo además que “estos casos son tan paradigmáticos porque un padre, una madre, un hermano, una esposa sufriente, muchas veces necesita también no sólo que alguien escuche, le tome la denuncia, sino que necesita del acompañamiento psicológico que el programa debería brindar y en eso vamos a trabajar, como también el acompañamiento jurídico que nosotros no podemos dar porque por no tener el título de abogado no estamos habilitados. Todas esas cuestiones debería preverlas el programa”.

Indicó que también “uno no comprende la burocracia de la administración pública, como cuando por ejemplo si no lo ordena el juez y es necesario hacer un ADN tenemos que gestionarlo a través del Estado. Y muchas veces a través del trámite burocrático normal no se entiende lo que es un ADN como no se entiende que no es lo mismo comprar un lápiz o un cuaderno que por ahí pagarle el pasaje a un familiar que es citado para prestar declaración o para incorporar pruebas. Peleamos con las dificultades de lo que el caso en sí significa y con el desconocimiento y la incomprensión muchas veces por parte del Estado que estos son trámites que escapan a la normalidad de la administración pública”.

En cuanto a la muerte de un detenido, un procesado, en la cárcel de General Roca, por parte de guardiacárceles o del adolescente que murió ahorcado en una cárcel de Bariloche, dijo que “nosotros hemos tenido demandantes de varios otros casos que se produjeron con anterioridad en la cárcel de Roca, en la cárcel de Viedma, muchas veces son muertes entre internos o peleas pero que también debería intervenir el Estado para que no tengan acceso a esos elementos que producen y provocan las muertes por las peleas”.

Agregó que “el último caso de Roca es paradigmático de lo que debe hacer el programa, de lo que significa la justicia para todos. En su momento nosotros acompañamos, si bien ahí intervino directamente la justicia y fueron identificados los autores del crimen, pero lo paradójico es que ahora la mamá de Pablo Torres, una señora muy humilde, se acercó al programa, a la oficina nuestra en Cipolletti pidiendo la colaboración y de hecho se la estamos dando, que es lo que corresponde, porque es un ciudadano como cualquier otro, había sido condenado, estaba pagando su condena, y pagar su condena no significa propiciar su muerte en un instituto penal, porque sino estaríamos en la ley de ojo por ojo y diente por diente, cosa que muchas veces no entiende la opinión pública y no entiende la sociedad, porque nos dicen que defendemos a asesinos”.

Sobre la situación en la policía de Río Negro, dijo que “se incorporó la instrucción y la concientización sobre la temática de los derechos humanos, pero uno cuando ve cómo funciona eso, se hace sin obligatoriedad de asistir, lo toman como una materia que pueden faltar o no, y no como debería ser, un eje transversal que atraviese todas y cada una de las materias específicas que tienen que tener. Por eso nos encontramos todavía con policías golpeadores, que producen maltratos a menores, detenciones injustificadas, simplemente por la presión, no recepción de denuncias, entonces la gente humilde se retrae y sigue existiendo ese tipo de cosas”.

Dijo que si bien el Programa Antiimpunidad no abarca como temática específica la cuestión de la seguridad “prefiero traer este tipo de información al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad, a los efectos que tomen prevenciones, porque no me gustaría, como ya sucedió en otros casos, tener que venir a buscar a un abogado querellante o acompañar en su búsqueda de justicia a alguien por un crimen que se pudo haber prevenido”.

Comentá la nota