Hay 168 casos de entregas irregulares sin resolver en el loteo

Hay 168 casos de entregas irregulares sin resolver en el loteo

Solo 20 beneficiarios devolvieron los terrenos que les adjudicaron por favores o acomodos. Meses después del escándalo, los que ya invirtieron en construir se resisten a entregar las parcelas.

Los terrenos de Parque La Vega fueron vendidos por montos de 20 mil a 40 mil pesos, según las denuncias, pese a que debían destinarse a familias sin techo para que los pagaran en pequeñas cuotas.

Un gran porcentaje de los casos de irregularidades detectadas en la urbanización Parque La Vega todavía no se pudieron resolver debido a los planteos judiciales realizados por las personas que recibieron los lotes sin que hayan podido probar de manera fehaciente que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios.

A partir de las investigaciones realizadas por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, el juez Diego Rodríguez Pipino dispuso el desalojo de 68 adjudicatarios al haberse determinado que recibieron los terrenos de manera irregular. Se trata de familias que habían sido beneficiarias de lotes con anterioridad o eran propietarias de inmuebles. A estos se suman otros 100 casos, cuyos adjudicatarios recibieron sus lotes por acomodo o mediante el pago de dádivas a punteros políticos o testaferros de exfuncionarios de Tierra y Hábitat, el organismo gubernamental encargado de la distribución de terrenos.

Los que se resisten a devolver los predios son aquellos que cayeron en las redes de los funcionarios corruptos que se aprovecharon de la coyuntura para usufructuar con los lotes destinados a los sin techo. La mayoría de esos adjudicatarios construyeron sus viviendas y es por ese motivo que están librando una batalla judicial para no perder lo que invirtieron.

"No vamos a convalidar ninguna irregularidad y todo aquel que haya recibido un lote sin que haya cumplido con los requisitos para ser beneficiario va a ser desalojado", expresó a El Tribuno, el subsecretario de Tierra y Hábitat, Angel Sarmiento.

El funcionario dijo que hasta el momento solo 20 de los adjudicatarios irregulares se avinieron a devolver los terrenos que recibieron en los primeros días de febrero. "Se trata de personas que ya habían sido beneficiarias y que no habían realizado ninguna inversión en los terrenos que les adjudicaron", señaló.

Sarmiento anunció que esos 20 lotes van a ser sorteados entre los postulantes inscriptos que tengan mayor antigedad, personas con problemas de salud y familias numerosas.

El titular de Tierra y Hábitat explicó que el organismo continúa trabajando en la resolución del problema que se generó con este escandaloso caso. "Cada denuncia que llega la derivamos a la fiscalía", indicó. Con respecto a los desalojos, Sarmiento sostuvo: "Estamos supeditados a lo que resuelva la Justicia, que tiene sus tiempos para resolver los planteos realizados por los que recibieron de manera irregular los lotes y se resisten a perder lo que invirtieron".

LOS IMPUTADOS

Por las irregularidades detectadas en Parque La Vega hay seis imputados, cuatro de los cuales están con prisión preventiva en el penal de villa Las Rosas. Se trata del exsubsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto; el empleado Roberto Nellenssen y los punteros políticos Esteban Clemente y Nelson Salazar. Los que están libres son Rodrigo Diez, quien estaba al frente del organismo cuando se desató el escándalo en febrero, y Cintia Martínez, esposa de Clemente.

El juez Rodríguez Pipino procesó a Barreto, Nellensen y Diez por asociación ilícita y exacciones ilegales, delito que prevé penas de hasta 10 años. En tanto que Salazar, Clemente y Martínez están sindicados como intermediarios de la maniobra fraudulenta.

TRES MESES SIN SOLUCIÓN

El escándalo por la adjudicación de lotes en Parque La Vega se desató en febrero, cuando familias sin vivienda a las que les habían otorgado legítimamente un terreno descubrieron que ya estaban ocupados. Entonces empezó a descubrirse que muchos lotes se habían vendido o se habían entregado por “favores” políticos. Tres meses después, aún no hay soluciones.

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