La denuncia penal por el presunto uso fraudulento de más de $ 500 millones destinados a supuestos subsidios de la Legislatura llegó a la sede penal de Tribunales el 3 de noviembre pasado. Según averiguó LA GACETA, en los registros informáticos del Poder Judicial consta que en estos más de cinco meses, el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila, a cargo de la pesquisa, no envió el expediente al Juzgado de Instrucción correspondiente.

Este diario intentó ayer consultarle al magistrado sobre la posible mora, ya que el Código Procesal Penal de la Provincia (CPPP) fija un plazo de tres días para el requerimiento de las investigaciones jurisdiccionales (causas que involucran a funcionarios y a parlamentarios que gozan de privilegios constitucionales). A través de una empleada judicial, Navarro Dávila avisó que no iba a realizar declaraciones sobre el caso.

De todas formas, el dato fue corroborado por LA GACETA entre la semana pasada y ayer.

En Mesa de Entradas de la sede penal de Tribunales, el expediente N° 66.114/15 sólo figura bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de la V Nominación, a cargo de Navarro Dávila. La información aparece también en los registros de esa oficina tribunalicia. Fuentes judiciales indicaron que la causa está desde hace algunos días “para la firma” del fiscal (es decir, a la espera de que el magistrado adopte una medida).

Este diario consultó en los cinco Juzgados de Instrucción de la Capital si el caso de las valijas había ingresado allí. El sistema informático reveló que eso no ha ocurrido hasta el momento. Desde la oficina que dirige Navarro Dávila indicaron que, por la fecha de la demanda, debería haber intervenido el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, quien se encontraba de turno en ese momento.

El peronista disidente Oscar López, autor de la denuncia, se mostró preocupado por el trámite del proceso. “Sería realmente inaudito que el fiscal de Instrucción no haya tomado contacto con el juez de Instrucción para requerir la investigación jurisdiccional. Desconozco las causas, pero voy a tratar de tomar contacto con él para tratar de averiguarlas”, indicó el ex candidato a legislador. En su demanda, el peronista disidente señaló al gobernador Juan Manzur (entonces vicegobernador y titular de la Cámara), a funcionarios y a legisladores de la anterior composición. “Según cuál sea la respuesta del fiscal (por la posible mora), analizaré las acciones a tomar en el futuro”, explicó López.

El origen

La denuncia fue realizada sobre la base de una serie de notas publicadas por este diario a partir del 1 de noviembre de 2015, en las que se reveló el traslado de dinero en efectivo de la sucursal de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro hasta el espejado edificio legislativo de Muñecas 951. Mediante fotos, registros bancarios y otros documentos quedó en evidencia que un empleado de Tesorería de la Cámara se presentaba con una o más valijas (en cada una cabían $ 6 millones en billetes de $ 100), a las que transportaba en una camioneta oficial, sin identificación ni custodia especial.

Para 2015, el presupuesto global de la Legislatura era de $ 1.529 millones. De ese total, $ 505,6 millones estaban destinados a supuestos subsidios, identificados bajo la partida “ayudas sociales a personas”. Para fines de septiembre, en esa caja de uso discrecional quedaban $ 15 millones. El detalle de esas erogaciones se mantiene en reserva, más allá de las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas (TC).

El 25 de febrero, Navarro Dávila les tomó declaración (en calidad de testigos) a contadores fiscales del ente de control que se desempeñaron en la delegación del TC en la Cámara. En ese entonces, al igual que ayer, el magistrado prefirió no brindar información sobre el trámite de la causa de las valijas. “No hablo de investigaciones jurisdiccionales. El titular de la investigación soy yo. Cuando la tenga el juez, pregúntenle al juez”, manifestó Navarro Dávila en esa ocasión.

Gastos aprobados

En paralelo al trámite judicial por el caso de las valijas, la Legislatura avanza con las rendiciones de los gastos de 2015 ante el Tribunal de Cuentas. Según los datos que figuran en el sitio web del ente de control, hasta ahora se han justificado erogaciones por $ 1.481 millones. Ese monto abarca todas las partidas del Poder Legislativo: sueldos de empleados y contratados, dietas parlamentarias, mantenimiento edilicio, honorarios profesionales y ayudas sociales a personas, entre otros.

Como el presupuesto global era de $ 1.529 millones, la Cámara debería tener aún un “margen” de $ 48 millones por rendir. A esta suma deben descontársele sin embargo los $ 25 millones transferidos de la cuenta bancaria de “ayudas sociales” a la de “excedentes financieros”. El llamativo giro bancario fue concretado el 29 de octubre pasado, día de la asunción de Manzur como jefe del Ejecutivo y de Osvaldo Jaldo como titular de la Legislatura. Debido a que ese dinero fue cargado como sobrante del ejercicio 2015, no habría sido ejecutado.

Así, si se les resta a los recursos presupuestados por la Cámara (sacando el giro de $ 25 millones) los fondos rendidos ante el Tribunal de Cuentas, queda como resultado un remanente de $ 23 millones. Según fuentes del cuerpo colegiado, ese dinero podría haber sido ya desembolsado durante el año pasado, y no se descarta que el ente de control dé a conocer su dictamen una vez que actualice la base de datos de la página de internet. En la Cámara remarcan que hasta ahora los auditores no han formulado objeciones.