Caso testigo.

Por Alfredo Zaiat.

El 12 de enero de 1993, los trabajadores de la plata de Aluar de Puerto Madryn, Chubut, rechazaron la propuesta unilateral de la empresa de reducir en un 25 por ciento sus salarios para evitar despidos.

La compañía proponía así bajar los costos de producción, y para eso planteó a sus trabajadores la posibilidad de aceptar la reducción de sus sueldos o consentir el despido de 182 empleados de un total de 650. Ese conflicto se convirtió en un caso testigo de la futura legislación de flexibilización laboral y de la presión empresaria de rebajar los sueldos a cambio de conservar los puestos de trabajo. Los trabajadores de Aluar realizaron paros sorpresivos y buscaron el apoyo de la población local. Después de un largo conflicto, cuando la influencia de la ola neoliberal estaba en su apogeo adormeciendo a gran parte de la sociedad, Aluar logró imponer su estrategia de precarización. La empresa, que detenta el monopolio de un insumo intermedio clave en la producción, argumentaba para defender esa poda salarial la existencia de un retraso cambiario y de una caída del precio internacional del aluminio. "El mismo recorte hubiese sido impensable en el pasado reciente con la mística de los bombos y los recurrentes llamados a protestas generalizadas en señal de solidaridad", se describió en una nota publicada en La Nación de diciembre de aquel año. "¿Es Aluar un caso testigo?", se preguntaba el mismo artículo.

El 24 de junio de 2009, el grupo Techint propuso una rebaja salarial de 15 por ciento a unos 1200 empleados jerárquicos y administrativos de Siderca a cambio de un día menos de trabajo hasta fin de año. La medida fue comunicada a los trabajadores a través de un texto firmado por el número uno del holding, Paolo Rocca. El gremio rechazó la propuesta y anunció que se mantiene en "estado de alerta". Siderca tiene una capacidad de producción de 850 mil toneladas de tubos sin costura al año, es el proveedor líder del mercado local y posee una dotación de 3400 empleados, de los cuales 3300 están afiliados a la UOM Campana. El 70 por ciento de los trabajadores está incluido en un convenio vigente hasta el 4 de agosto que prevé suspensiones de hasta diez días con el abono del 90 por ciento del salario. La rebaja de 15 por ciento, que estará vigente entre el 1º de julio y el 31 de diciembre, significa la disminución de unos 2 mil pesos promedio para cada uno de los trabajadores que la acepte. En caso de conseguir adhesión total de los 1200 empleados, Techint ahorraría unos 2,4 millones de pesos mensuales, lo cual ascendería a 14,4 millones de pesos en el semestre.

Ese monto resulta insignificante para el presupuesto global de la compañía, teniendo en cuenta además que los costos salariales equivalen a bastante menos del 10 por ciento del total de su estructura de producción. Al día siguiente de ese comunicado, el grupo Techint a través de Tenaris desembolsó 354 millones de dólares en concepto de dividendos a sus accionistas, correspondientes al monto remanente del total aprobado por 507 millones de dólares para el ejercicio concluido en 2008. Es evidente el impacto negativo de la crisis internacional en la actividad del holding de la familia Rocca debido al derrumbe de la demanda de sus productos. Pero no tiene proporción la magnitud del giro de sus negocios, el monto de sus utilidades y su distribución entre los accionistas con el dinero que ahorrarán por el ajuste propuesto a un grupo de empleados. Resulta difícil pensarlo como una vía de equilibrar cuentas, sino más bien como un caso testigo para el resto del sector privado.

La diferencia sustancial de esa poda con la experiencia traumática para los trabajadores de Aluar, compañía que actuó de espejo en el mundo empresario y de aliento a una legislación de flexibilización de las condiciones laborales en la década del ’90, es que ahora el escenario local e internacional es otro. El experimento neoliberal ha mostrado su rostro más cruel y la organización gremial, aun con carencias y limitaciones, ha recuperado protagonismo. Este restablecimiento de cierto poder de negociación sindical es uno de los más importantes activos del actual proceso político-económico, a la vez que explica la resistencia que han empezado a manifestar las cámaras patronales tradicionales al rumbo económico. Si el sendero de una fuerte devaluación se encuentra entorpecido para deprimir el poder de compra de los trabajadores, la estrategia que emprenden para mantener tasas de ganancias elevadas se concentra en reducirlo directamente. Iniciativa que se presenta con la excusa de la crisis internacional, aunque el salario no sea el componente relevante de la merma de la rentabilidad que ocasiona la debacle externa.

La mayor capacidad de negociación sindical, en un marco propicio ofrecido por el Ministerio de Trabajo, permite enfrentar esa pretensión empresaria de convertir el salario en la principal variable de ajuste. Desde enero hasta junio se firmaron 88 acuerdos colectivos salariales homologados o en proceso de homologación, correspondientes tanto al sector privado como al sector público. Los aumentos salariales acordados por paritarias comprendieron a 2.517.000 trabajadores asalariados. Se sumaron también 600 mil docentes de educación a los que antes del comienzo del ciclo lectivo se les determinó el nuevo monto del salario mínimo docente. Por lo tanto, el número total asciende a 3.117.000 trabajadores formales que contabilizaron mejoras salariales. Los acuerdos colectivos con mayor cobertura correspondieron a las siguientes ramas: comercio, construcción, transporte automotor de pasajeros, industria de la alimentación, bancario, calzado, gastronómicos, administración pública nacional, docentes de universidades nacionales, entre otros. Esas negociaciones se destacaron por la heterogeneidad sectorial en el plazo de los acuerdos, entre seis meses y un año, y en la forma de las mejoras salariales, porcentajes o sumas fijas que pueden o no ser remunerativas. Entre los acuerdos de actividad, el porcentaje de incremento salarial estuvo comprendido entre 15 y 25 por ciento, con un promedio simple de 17,9 por ciento.

De todos modos, la crisis se manifestó en el ámbito de la negociación salarial, puesto que el año pasado durante el primer semestre se firmaron cerca del doble de convenios, aunque también es cierto que durante crisis anteriores las paritarias desaparecían de escena. La complejidad existente en el mercado laboral, que se expresa en su fragmentación, disparidad sectorial y aun elevada informalidad, está quedando expuesta en estos meses de tensión económica. El Observatorio del Derecho Social de la CTA elaboró un informe en base a estadísticas sobre el total de trabajadores registrados provenientes de la AFIP y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ese documento detalla que entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 se produjo una reducción neta de 162.872 puestos de trabajo registrados, equivalente al 2,4 por ciento del total. Los investigadores de la CTA asumen que la situación de los trabajadores no registrados tuvo un comportamiento similar, concluyendo entonces que en ese período se habrían destruido un total de 222.157 puestos de trabajo. En ese cálculo no están incluidos las suspensiones y los casos de aquellos trabajadores que perciben parte de su salario a través del Programa de Reconversión Productiva (Repro), quienes siguen figurando en el sistema como aportantes. El Observatorio detectó que las actividades donde se registró el mayor nivel de destrucción de puestos de trabajo fueron la construcción (24.709), la industria manufacturera (16.610) y los servicios financieros (12.317).

Ese cuadro laboral complicado, heterogéneo y complejo en un contexto de una economía global en crisis invita a eludir las generalizaciones y las consignas fáciles. La decisión de un grupo económico muy rentable y poderoso de impulsar una rebaja salarial incluye un mensaje de lecturas diversas en la esfera política, pero una que es indudable: la mira apunta al sueldo de los trabajadores. Con las enseñanzas que dejaron las traumáticas experiencias pasadas, las organizaciones gremiales y los trabajadores deberían saber que tienen que estar prevenidos.

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