La presidenta de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, la vernista Patricia Lavín, solicitó mediante un oficio dirigido al titular del Ministerio Público Fiscal, Mario Bongianino, la presentación de dos documentos para incorporarlos como pruebas en el juicio político que se le sigue a él: el Registro Provincial de Antecedentes de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual al 31 de agosto de 2012 y la reglamentación del "Plan de Supervisión de la Tarea de la Policía en Función Judicial", a los efectos de conocer si hubo coordinación entre fiscales y policías en la investigación de la desaparición, y posterior muerte, de la pequeña de 12 años, Sofía Viale, en General Pico.

De acuerdo a lo que surge del texto, Bongianino tiene plazo hasta el viernes para entregar las copias de ambos documentos, ya que cuenta con cinco días hábiles a partir del 26 de diciembre.

Con la documentación solicitada por Lavín se busca determinar en forma fehaciente si las instrucciones generales del Manual de Operaciones del MPF fueron cumplidas con respecto a la labor de la policía como auxiliar de la justicia. A priori, tanto la actividad de los fiscales como de las autoridades policiales no dejaron traslucir un trabajo conjunto y menos aún después del crimen.

También la Sala Acusadora pudo la mirada en las contradicciones surgidas a partir de declaraciones periodísticas realizadas por ambas partes, y especialmente sobre si hubo o no una orden para allanar la vivienda de Juan José Janssen, el principal sospechoso del crimen. En el patio de su casa, en el barrio Ranqueles, y a una cuadra de donde vivía Sofía, el cuerpo de la pequeña fue hallado sin vida 67 días después de que desapareciera. La autopsia reveló que murió por asfixia luego de ser violada.

Dudas de diputados.

Desde el desgarrador suceso siempre se puso en duda que la intervención de la fiscalía de turno haya sido contemporánea a la denuncia por la desaparición. De hecho, cuando los fiscales piquenses fueron a dar explicaciones a la Legislatura reconocieron que el fiscal general de esa ciudad, Carlos Salinas, les dijo que no correspondía derivar el caso al área de Delitos Complejos porque no había ningún delito.

Además, si bien la investigación posterior recayó en la fiscal sustituta María Noelia Afonso -después obligada por el Superior Tribunal de Justicia a renunciar-, al no ser ella designada por mecanismos constitucionales, la Sala estudia si se incumplió con los deberes de la Procuración General, pues la ley dice que ese organismo es quién debe fijar la planificación general del Ministerio Público y controlar su cumplimiento (Anexo IV - Resolución PG Nº 10 /11).

"El Procurador debe asumir la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico- científica de todas las actividades de la policía", reza la normativa vigente. Allí residirían las dudas de la Sala Acusadora con respecto a la actuación del MPF y es por ello que una de las documentales solicitadas refiere a la reglamentación de la relación entre fiscales y policías en este tipo de hechos.

Fiscales vs. policías.

El subjefe de la Policía, Juan Domingo Pérez, acusó en declaraciones televisivas, el día después del hallazgo del cadáver de Sofía, a los fiscales como responsables director de no haber allanado la vivienda del acusado Janssen. Ese hecho fue luego desmentido y Pérez no volvió a hablar del tema. Incluso el fiscal general subrogante Héctor Aberásturi llegó a responderle que "los fiscales nunca recibieron un pedido puntual por un allanamiento" a esa casa. Ese desencuentro entre fiscales y policías también es seguido de cerca por la Sala Acusadora, ya que la ley establece la posibilidad de sanción a policías por parte del MPF ante el incumplimiento de sus órdenes.

Antecedentes de Janssen.

La Sala Acusadora debe resolver si admite la denuncia contra Bongianino antes del 16 de enero. Ese día se sabrá si el procurador será o no juzgado políticamente por su presunto mal desempeño en la causa de Sofía. Mientras tanto, el cuerpo estudia un informe suministrado por el Departamento Judicial de la Policía sobre los antecedentes de Janssen.

Según el documento, el único imputado por el crimen tenía informada una condena de un mes en suspenso en la causa 6165/03 del Juzgado 4, unificada con otra dictada por la Cámara Criminal de General Pico el 23 de septiembre de 2003. Ello suponía una pena unificada de un año de prisión en suspenso.

También en el legajo 2537, del 26 de octubre de 2011, existe otra condena a un año de prisión como autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual y amenazas. Pero, según se observa en el legajo 6533, también cuenta con un tercer fallo condenatorio por lesiones leves a una pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, unificado con el anterior, en una pena única de un año de prisión efectiva (4 de junio de 2012).

En otro informe, del Juzgado de Ejecución, surge que por medio de una resolución del 23 de abril de 2012, se le otorgó la libertad asistida a partir del 26 de abril bajo determinadas condiciones, que no fueron cumplidas. Janssen volvió a reincidir (legajo 7097) cuando abusó sexualmente de dos menores el 19 de septiembre de 2012. Finalmente, horas antes del encontrarse el cuerpo de Sofía, habría violado a otra joven, quien pudo escaparse y denunciarlo.

En manos de los vernistas

Fuentes legislativas dejaron trascender que la decisión de darle curso al juicio político -y que sea la Sala Juzgadora quien defina si destituye a Bongianino- depende de los tres diputados vernistas que integran la Sala Acusadora (Patricia Lavín, Alfredo Schanton y Marina Cahais), ya que los otros tres (Carlos Bruno y Lidia Duperou, del Frepam, y Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada) votarán por admitir la denuncia. La ley especifica que se necesitan cuatro votos para que el proceso avance. Si ello ocurre, el procurador será suspendido y no cobrará el sueldo hasta que se conozca el fallo de la Sala Juzgadora.

Las sesiones serán secretas

La diputada Patricia Lavín adelantó que las sesiones de la Sala Acusadora en las que se escucharán a los testigos del caso Sofía Viale, encontrada sin vida el 5 de noviembre a metros de su casa, serán secretas porque habrá preguntas íntimas. "Es una excepción, pero decidimos que es lo mejor porque se conocerán cuestiones muy sensibles", explicó la legisladora. Incluso remarcó que sólo estarán los seis diputados que integran el cuerpo, ya que tampoco asistirán sus asesores.

Los testigos, que irán a la Legislatura entre el miércoles 9 y el viernes 11, serán muy importantes para que la Sala resuelva si acepta las denuncias por mal desempeño en el caso Sofía Viale, y envía a juicio político, al procurador general Mario Bongianino y al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez.

En el listado de testigos figuran, entre otros, el jefe de la Policía, Ricardo Baudaux; el subjefe, Juan Domingo Pérez; el ex jefe de la Unidad Regional II, Fabio Caimari; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Tomás Esteban Mustapich; el fiscal general renunciante de General Pico, Carlos Salinas; y los papás de la víctima, Marcelo Viale y Noemí Ampudia.

Otra prueba que se incorporará al expediente, y que fue requerida a la Policía, son los sumarios iniciados contra efectivos de la fuerza. Semanas atrás trascendió que sólo están dirigidos contra policías piquenses y no contra miembros del Grupo Especial de Operaciones -donde reviste la hija del subjefe Pérez- porque ella sólo fue en apoyo a la ciudad norteña.

La Sala tiene plazo hasta el 16 para votar si le da curso o no a las denuncias promovidas contra ambos funcionarios por los apoderados de los partidos que conforman el Frepam (Martín Ussei, del socialismo; Omar Gebruers, del Fregen, y Mauricio Agon, del radicalismo).