El caso Redrado: final anunciado con puro costo para el Gobierno

Por: Alcadio Oña.

Martín Redrado se había ido del Banco Central hacía ya un tiempo. Pero antes, y ayer mismo, le hizo pagar un costo enorme al kirchnerismo. Aunque, en realidad, todo fue el emergente de una situación creada por el propio Gobierno, el día que decidió meter mano en las reservas para pagar deuda externa.

No fueron por casualidad los ejes que Redrado eligió durante la conferencia de prensa. La defensa de la entidad y de las instituciones. La protección de las reservas. Y que durante su gestión no hubieran existido cierre de bancos, devaluación, corrida de depósitos ni cambiaria.

Además, de hecho cargó todo a su cuenta, nada a la del Gobierno. Eso pretendió hacer, también, cuando citó las veces que desde el poder político quisieron usar las reservas para otros fines o tocar el sistema financiero.

"Me alejo definitivamente del cargo", dijo. Pero eso ya había sido descontado por los mercados. Sólo queda casi un chiste: el Gobierno anunció que no le aceptará la renuncia, para pretender que lo echaron.

"Estamos en presencia de un estúpido" había dicho el jefe de Gabinete. Tal vez Aníbal F. deba repensar su opinión sobre Redrado.

La noticia de ayer poco cambia en los hechos el curso en la Comisión Bicameral. Muy probablemente, el dictamen valide la remoción de Redrado, aunque aún no está claro el voto de Alfonso Prat Gay, el diputado por la Coalición Cívica.

Aún así, es igualmente posible que en los fundamentos del pronunciamiento de Julio Cobos y Prat Gay haya críticas a fondo y bien sostenidas al procedimiento y las decisiones del Gobierno.

Por un motivo más, cuesta encontrarle alguna lógica al embrollo que se armó con la destitución de Redrado. Es la forma como se hizo el trámite ante la Bicameral: para empezar no hay ninguna consulta, sino un "comunicarle el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia ...".

Luego, el artículo 2 ° del DNU. Allí el Gobierno se libera ("exceptúase", dice) de cumplir con el punto de la Carta Orgánica del Banco Central que obliga al Poder Ejecutivo a contar con el "previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación", antes de remover a directores del BCRA.

Puesto de otra manera: el mismo decreto que el Gobierno envió al Congreso para sacar a Redrado excluye el consejo. O la consulta tiene muy poco soporte legal o es para la platea o se pretende que así es posible limpiar lo que se hizo mal. El enredo brota por todas partes.

Como cuando la Presidenta afirmó: "Quieren que este canje fracase para volver a endeudarnos", le enrostró a la oposición. En verdad, el Congreso aprobó la suspensión de la ley cerrojo, que impedía reabrir el canje, con el voto de unos cuantos legisladores opositores.

Además, la operación misma aumentará el monto de la deuda pública. Pues implica reconocer obligaciones con los bonistas que hoy no se pagan, ni están computadas en las cuentas oficiales.

También será mayor porque el canje contempla un préstamo cash de 1.000 millones de dólares. Un bono que agregará nueva deuda, aun cuando el monto final quedó entre paréntesis vistas las dudas que el propio Gobierno ha creado.

Y para mayor abundancia, las declaraciones del ministro de Economía. Amado Boudou dijo que el Fondo del Bicentenario fue creado para cumplir con las obligaciones de 2010, y así "bajar la incertidumbre sobre la Argentina". ¿De qué incertidumbre habla, que en ningún otro lugar del Gobierno se la admite? Esta vez hay que reconocerle al ministro que no falta a la verdad.

Si Boudou no quiso aludir a las dudas que todo el barullo siembra sobre el resultado del canje, cualquier consultor con contactos en el exterior puede dar fe de que esto pasa. Inicialmente, estaba programado lanzar la operación en enero, luego fue corrida a febrero y ahora el próximo turno es mediados de marzo. Resulta bien complejo predecir cuándo quedará cerrada por completo.

Encima, la confusión con la suerte del Fondo del Bicentenario. Ese traje hecho a la medida de los acreedores, a la vez pensado para sostener el gasto público, ha quedado atrapado en el mismo zafarrancho.

El resultado en la Bicameral no habría sido demasiado diferente, si el Gobierno hubiese cumplido rigurosamente con la Carta Orgánica del Central. Era difícil pensar en un Congreso abroquelado para defender a Redrado. Quizás esa desconfianza por los demás que tiñe cada acto de los Kirchner o su permanente avanzar contra vientos y mareas, terminaron por meter un ruido enorme que pudieron haberse ahorrado. Al menos por este lado.

Sólo lo que ya hay, le representa al Gobierno pagar costos sobre costos. Uno, evidente, fue el despido del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino: porque se manejó mal con la Justicia o se negaba a seguir cumpliendo cualquier orden, para el caso da igual. El kirchnerismo podrá seguir descargando culpas sobre otros, sin reconocer que todo ha sido fruto de su improvisación y de esa afición que tiene por no reconocer límites ni medir consecuencias. Ni aún queriendo, las cosas pudieron haberle salido peor.

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