Un caso para el que no hubo ningún remedio.

Un caso para el que no hubo ningún remedio.
La intervención dispuesta por Mauricio Macri en enero de 2008 concluye en un mes. Se abre a las prepagas la posibilidad de captar a los afiliados. Y se mantiene en manos del Sutecba el manejo de parte de los aportes de quienes abandonen la entidad.
La avanzada moralizadora del PRO contra la obra social de los empleados municipales está a punto de terminar en fracaso. La gestión del interventor Jorge Rey con que Mauricio Macri se propuso desregularla y atacar sus presuntos focos de corrupción hace un año deja la puerta entornada para que empresas de medicina prepaga puedan captar a muchos de sus 260 mil afiliados. Pero además un proyecto reciente que el jefe de Gobierno envió a la Legislatura le permitiría al Sutecba, el gremio conducido por Amadeo Genta, mantener la administración de tres puntos del aporte que hacen los trabajadores (del 6 por ciento que se les descuenta) aun si decidieran abandonar la Obsba. Todo se complica porque en el año 2000, una ley porteña –la 472– concibió a la obra social como un híbrido legal: no es ni sindical ni estatal (como las provinciales), por lo que ni siquiera sus beneficiarios integran hoy el Sistema Nacional de Salud. De ahí que están ante una disyuntiva crucial: o permanecen en una entidad deficitaria y con prestaciones comprometidas o terminan en el sector privado.

Macri intentó en los últimos días aprobar un proyecto de ley para poner en caja el problema pero chocó con la resistencia de la oposición y de los docentes municipales (ver aparte). Los bríos con que llegó al gobierno para despedir empleados que consideraba ñoquis y sacarle la caja al sindicato más numeroso no le alcanzan hoy ni para defender su proyecto en la Legislatura. “Como estaba redactado, no salía ni en broma”, le dijo a Página/12 el diputado socialista de Diálogo por Buenos Aires Raúl Puy.

“Lo importante es que la gente elija libremente”, había anunciado el jefe de Gobierno el 5 de enero pasado, tras enviar la norma para su tratamiento en la Legislatura, con el propósito de instrumentar a partir del 1 de abril la libre opción de obra social. De ese modo, y una vez finalizada la intervención de Rey –quien deberá dejar su cargo el 14 de marzo de modo improrrogable–, el oficialismo pretendía cerrar el caso de la Obsba, que había transformado en cruzada durante sus primeros días de gestión.

“Sorprendentemente, el artículo 3 mantiene a la Obsba como la destinataria de los aportes del gobierno de la ciudad y de sus afiliados, aun cuando ellos hayan decidido elegir otra obra social”, sostuvo en un comunicado el bloque de la Coalición Cívica, refiriéndose a la polémica distribución de aportes que fija el proyecto macrista.

La cuestión es así: la Obsba reemplaza al desaparecido IMOS (Instituto Municipal de Obras Sociales) desde el 5 de agosto de 2000. Tiene infraestructura en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Córdoba y está intervenida desde marzo del año pasado. Por el artículo 17 de la ley 472 que la creó, sus afiliados sufren un descuento del 6 por ciento de sus haberes, a diferencia de los que integran el Sistema Nacional de Salud. En el caso de los estatales porteños, además de aportar el 3 por ciento para la cobertura médica suya y de sus familias, deben realizar una contribución similar para financiar un fondo destinado a sostener a los jubilados y pensionados municipales. El gobierno aporta un 6 por ciento más sobre la nómina salarial y también un 2 adicional para el personal retirado. Todo suma un 14 por ciento para financiar la obra social.

Si se aprueba la libre opción, con o sin la iniciativa del PRO que ni siquiera pasó el filtro de la Comisión de Legislación General presidida por el diputado Marcelo Meis, quienes abandonen la entidad todavía intervenida estarán obligados a dejar el 3 por ciento de su salario destinado a jubilados y pensionados.

El proyecto oficialista estipula en su artículo 6 una nueva retención: “Fíjase a partir del 1 de abril de 2009 un aporte del 0,3 por ciento a cargo del afiliado, más una contribución del 0,3 por ciento, por parte del empleador, en ambos casos sobre el salario imponible, a la financiación destinada al Seguro de Vida Mutual, Seguro de Vida y Seguro de Alta Complejidad aprobado por el decreto 1721/GCABA/97 y normativa complementaria”.

Un texto que circula entre los trabajadores municipales que cuestionan por igual a Macri y a la conducción del Sutecba sostiene: “No nos dejemos engañar con estos cantos de sirena que no sólo siguen metiendo la mano en nuestros bolsillos diezmando el salario sino que, fundamentalmente, ponen en juego a nuestra salud, la de nuestra familia y la de nuestros jubilados. Tal vez sea la hora de decir basta, elaborar nuestro propio proyecto, el de los trabajadores, para avanzar hacia una Obra Social verdaderamente nuestra”.

Desde el Sutecba argumentan que el macrismo no consultó a sus dirigentes para consensuar el proyecto de ley que se pretendía tratar sobre tablas el jueves pasado. Genta y Patricio Datarmini –secretario general adjunto del gremio y hasta la intervención, el presidente de la Obsba– firmaron un comunicado el 25 de agosto de 2008 en el que sostenían: “Queremos un modelo de obra social solidaria con libertad de opción, pero que se construya sobre el mejoramiento del modelo y no sobre el desmantelamiento que la coloque en un estado de crisis en la que los perjudicados resulten los afiliados, y los beneficiarios, los que buscan el lucro como único objetivo”.

El hombre sugerido por el gremio para conducir la obra social una vez que concluya la intervención es el Juan Mabilia, director del sanatorio municipal Julio Méndez. Un nuevo directorio tendría que reemplazar a Rey, quien durante su gestión –según el único informe sobre la Obsba presentado por la Auditoría General de la Ciudad en la Legislatura– se fijó un sueldo de 20 mil pesos y contrató para su uso personal el servicio de un automóvil con chofer por 45 mil pesos.

La ley 2.637, que dispuso la intervención de la obra social el 10 de enero de 2008, fue una cortina de humo y sus efectos están a la vista. Por ejemplo, nunca se constituyó una Comisión Tripartita para la Reconversión de la Obsba en la Legislatura, como lo planteaba aquella norma. Los diputados opositores también se quejan de que no recibieron informes de la Sindicatura General de la Ciudad y de la Secretaría de Salud. Y tampoco el informe final de la intervención a punto de culminar. Al gobierno porteño parecen importarle poco estos detalles. Tenía que tomar un rápido envión cuando asumió y ahora pretende acabar a igual velocidad con la campaña moralizadora que montó hace un año.

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