El caso Milagro Sala es una piedra incómoda en el zapato del gobierno de Mauricio Macri y el controvertido arresto de la dirigente social ha cobrado una proyección internacional que no esperaba y que molesta. La cancillería estadounidense emitió su informe anual sobre derechos humanos el viernes y allí incluyó el caso argentino en el capítulo de “detenciones arbitrarias”. Aunque el lenguaje del documento es cuidadoso y no califica el suceso, el tema siempre resulta sensible.

El Departamento de Estado confecciona estos reportes todos los años sobre cada país del planeta, en base a reportes de ONGs y otros organismos internacionales especializados en el tema. No consulta a los gobiernos. Lo que hace el documento es incluir en cada capítulo los casos relevantes que han aparecido sobre el tema. En general no emite opiniones ni comentarios porque muchos de ellos no están aún resueltos por la justicia de cada nación.

En la sección “integridad de las personas” del informe revelado el viernes hay, por ejemplo, apartados sobre torturas, tratamiento de los prisioneros, condiciones de las prisiones, arrestos arbitrarios, negación de justicia o debido proceso, violaciones de la privacidad o correspondencia, entre otros. Hay otra sección sobre el respeto a los derechos civiles, donde figura la libertad de prensa, de reunión, de religión, etc. En otra sección se mencionan los casos de “corrupción o falta de transparencia”, donde figuran los ex funcionarios kirchneristas José Lopez y Amado Boudou.

Como consignó Clarín el sábado, en el capítulo sobre “arrestos arbitrarios” aparece incluido el caso de Salas. El informe destaca al comienzo que el Gobierno, en general, respeta la prohibición de las detenciones arbitrarias. Luego menciona a Sala, arrestada en enero de 2016, cuando lideraba una protesta contra el gobernador jujeño Gerardo Morales.

El Departamento de Estado hace referencia inicial a que “el Grupo de Trabajo de detención de arbitraria de las Naciones Unidas había pedido por su liberación porque consideraba su detención preventiva como arbitraria”. Señala que inicialmente se acusó a Sala de sedición, aunque luego esa figura cayó y se sumaron nuevos cargos por asalto, fraude y desvío de fondos públicos. Luego agrega que fue condenada a tres años de presión en suspenso por “daños materiales agravados” y por disturbios.

En realidad, el Departamento de Estado reporta hechos conocidos del caso y no emite opinión. Pero sí lo incluye en el informe y por eso es una muestra más de que el arresto de Sala sigue replicando en el exterior, sobre todo luego del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU.

A principios de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (un órgano autónomo de la OEA) había urgido al Estado argentino a dar “pronta respuesta” a su situación. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se había pronunciado sobre el tema. De hecho, la CIDH mantendrá su período extraordinario de sesiones en mayo en Buenos Aires, donde se estima que el caso será un tema central. En otro cuerpo del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Internacional, es juez el argentino Raúl Zaffaroni, que ha sido público abanderado de la oposición al arresto.

Fuentes vinculadas al tema en Washington señalan a Clarín que el Departamento de Estado no podía dejar de incluir una mención sobre Sala en el informe porque ya había sido resaltado por organismos relevantes del área como la ONU y la CIDH, pero que el tono del reporte es “moderado y descriptivo” y que, aunque incluye el tema, no emite una opinión, sino que se remite a lo expresado por la ONU.

Si bien la cancillería estadounidense describe en el informe las conocidas denuncias de las ONG’s, la continua exposición internacional del tema incomoda al Gobierno. A pesar de que los casos son bien diferentes, el presidente Mauricio Macri muchas veces ha tenido que explicar, por ejemplo, por qué critica el arresto del dirigente opositor venezolano Leopoldo López cuando organismos de derechos humanos señalan que el arresto de Sala en Argentina es arbitrario. Aunque es un tema que está en manos de la justicia jujeña, no deja de repercutir en el Gobierno en momentos en que nuestro país tiene buena sintonía y busca estrechar las relaciones con la nueva administración de Donald Trump.