El caso Martín vuelve a escena

El viernes a última hora el gobernador Arturo Colombi firmó el Decreto por el cual autoriza al fiscal de Estado, Fernando Carbajal, a que accione judicialmente para defender los intereses de los correntinos, los que podrían haber sido defraudados al pagarse una cifra varias veces millonaria por la expropiación de terrenos en Mendoza al sur.
Se lo hizo en forma secreta y violentando la ley de emergencia y también dictámenes desfavorables a ese desembolso en dinero contante y sonante. Esta decisión estaría enmarcado en el conflicto cada vez más fuerte entre el Gobierno y la oposición.

El hecho: el Gobierno de Corrientes pagó en 2005 8 millones de pesos a un particular por una expropiación de terrenos en Mendoza al sur, pero sin observar casi ninguna ley. Es decir, pagando en dinero contante y sonante, violando la ley de emergencia; obviando dictámenes desfavorables de la Fiscalía de Estado; pasando por alto que la titularidad de los inmuebles estaba en litigio. etcétera.

Ahora, el gobernador Arturo Colombi firmó el decreto que autoriza al fiscal de Estado, Fernando Carbajal, para que se constituya en querellante en la causa, dado que el erario público podría haber sido defraudado con esta serie de temerarias y acaso dolosas decisiones políticas.

En su momento, este escandaloso episodio fue revelado por EL LIBERTADOR y muchos creyeron ver intencionalidad política en el informe, más ahora se comprueba que la publicación sólo tenía como objeto desnudar una trama oscura que podría esconder un caso de grave corrupción, que afecta los intereses de todos los correntinos.

Las claves del caso son once y muy claras, como para entender lo que pasó y podría pasar ahora que el expediente se moverá. Algo que para muchos tiene que ver con la pulseada entre Gobierno y oposición.

-El decreto Nro. 2177, aprobatorio del convenio, fechado el 26 de setiembre del 2005 no fue publicado no obstante lo cual tuvo ejecutoriedad, hasta que se pago totalmente el convenio, luego recien el 20 de diciembre del 2005 fue publicado, sin que supiera esta cuestion el actual gobernador Arturo Colombi, quien no participo del delito, ni supo de su existencia.

-El tramite no tuvo la venia de la Fiscalia de Estado que dictamino en sentido negativo al principio y luego fue obviada su intervención en el perfeccionamiento del convenio que se concreto sin el visto bueno violando el art. 8 de la ley de fiscalia 2793, con sus modificaciones.

-Las propiedades objeto de la expropiación y del consecuente convenio tienen tres titulares dominiales que controvierten sus derechos en torno al bien expropiado, no obstante lo cual el pago se realizo, y se sigue realizando a solo uno de ellos.

-El que recibio el pago lo hizo sin el consentimiento de su consorte quien reclama la mitad del monto expropiatorio a traves de una causa iniciada en un juzgado de Formosa, y donde estaba vigente, según se supo, una cautelar que fue burlada en perjuicio de la consorte.

-El monto pagado en origen (al iniciarse el juicio) por el Estado Provincial no habria sido deducido del monto acordado finalmente.

-En el convenio se soslaya la fijación de los honorarios, y el consentimiento de los abogados, surgiendo una controversia sobre la base regulable.

-La obligacion que da origen al convenio, por su antigüedad, no podria haber sido exceptuada del regimen de consolidación de deuda que determina la ley 4558 por ser una deuda anterior al 2 de abril del año 1991.

-El Fiscal de Estado carlos Liberato Simonelli no denunció nunca el convenio en legal forma lo que podria llevar a que el Estado termine pagando el doble de honorarios al no invocar en tiempo y forma el art. 8 del decreto ley 100.

-Existen informes de la Seccion Juicios civiles de Fiscalia de Estado que aconsejan el no pago.

-Hay dos leyes de expropiación 3983 y la 4042 que es rectificativa de la anterior y de la cual resultan tres titulares dominiales.

-El gobierno obvio el informe de fiscalia, y obvio el informe dominial pagando a solo uno de los titulares dominiales, sin atender ademas a la controversia matrimonial.

-El gobierno llevo adelante el convenio a espaldas de la jueza Elena Dadone quien, por tanto, no pudo homologarlo o rechazarlo.

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