Caso Martín: Ricardo necesitará sus fueros

Cadena de increíbles irregularidades cometidas antes de dejar la gobernación, lo ponen en jaque y si no fuera por una rara conjunción de factores debería estar siendo investigado más a fondo. La torpeza de un negociado o la impericia en la función pública, con altos costos para el erario público.
Las irregularidades del caso del llamado Caso Martín o "Robo del siglo II", que denunciara EL LIBERTADOR hace más de un año, tiene aristas que permiten asegurar que, de ir la justicia a fondo con las pruebas que obran en la causa, el senador provincial y ex gobernador Ricardo Colombi necesitará, y mucho, de sus fueros parlamentarios. Por estas horas, el mercedeño debe estar rogando que no prospere el proyecto que presentara el diputado Armando Aquino Britos -quien tuvo un papel gravitante en que este presunto y fabuloso delito contra la administración pública viera la luz, ya que era fiscal de Estado- que precisamente busca eliminar el privilegio de ampararse en fueros cuando se es investigado por corrupción.

Todo comienza con la firma del Decreto 2.177, aprobatorio del convenio fechado el 26 de septiembre de 2005, el cual en franca violación de las normas de transparencia, no fue publicado aunque se ejecutó. Su ideólogo, el entonces primer mandatario Ricardo Colombi, parecía que no quería que trascienda el contenido de dicha norma, que recién se hizo pública cuando "Lalaca" culminó su mandato y su sucesor, Arturo Colombi, ordenó la publicación en honor a la transparencia.

Pero la irregularidad -término quizá demasiado benévolo por el negociado que podría esconder- no quedó allí: el trámite no contó con la venia de la Fiscalía de Estado, cuyo titular era Aquino Britos, quien dictaminó en sentido negativo al principio y luego fue obviada su intervención en el perfeccionamiento del convenio que se concretó sin el visto bueno del organismo, violando el artículo octavo de la ley de fiscalía 2.793. Además, existen informes de la Sección Juicios Civiles de Fiscalía de Estado que aconsejan el no pago.

Ahora bien: ¿qué decía ese convenio? Era el que autorizaba a pagar al Estado la suma de más de ocho millones de pesos por fuera de la ley sobre deudas consolidadas de la Ley 4.558 por ser una deuda anterior al 2 de abril del año 1991, esto es que jamás debió pagarse en efectivo. Era el "precio" de una expropiación que hiciera la Provincia de terrenos en Mendoza al sur, con el agravante de que se expropió y pagó a una persona que ¡no estaba acreditada como el dueño real del inmueble!

Sobre la propiedad de esos terrenos litigan la Municipalidad capitalina, Juan Martín Solís y, quien habría recibido por lo menos parte del dinero que salió las arcas estatales, Eduardo Martín.

"Es decir, las propiedades objeto de la expropiación y del consecuente convenio tienen tres titulares dominiales que controvierten sus derechos en torno al bien expropiado, no obstante lo cual el pago se realizó, y se sigue realizando a sólo uno de ellos", explicó un abogado que conoce el expediente.

Para peor, una mancha más para el tigre: quien recibió el pago lo hizo sin el consentimiento de su consorte quien desde hace tiempo reclama la mitad del monto expropiatorio a través de una causa iniciada en un juzgado de Formosa, y donde estaba vigente, según se supo, una cautelar que fue burlada en perjuicio de la consorte.

Y cuatro últimas perlas para este collar de desprolijidades administrativas que se parecen mucho a una fabulosa defraudación: el monto pagado al iniciarse el juicio, un depósito inicial hecho por el Estado provincial, no habría sido deducido del monto acordado finalmente. ¿Quién cobró ese dinero?

Luego, en el convenio se soslaya la fijación de los honorarios, y el consentimiento de los abogados, surgiendo una controversia sobre la base regulable de éstos, que podrían derivar en otro juicio al Estado, ruinoso para sus arcas desde ya.

El sucesor de Aquino Britos, Carlos Liberato Simonelli, no denunció mientras duró su mandado el convenio en legal forma, es decir no defendió los intereses del Estado o incumplió su función para mejor decir, lo que podría llevar a que el Estado termine pagando el doble de honorarios al no invocar en tiempo y forma el artículo 8 del Decreto Ley 100.

…Y TODO A MEDIA LUZ

Y finalmente, el gobierno de Ricardo avanzó con el convenio a espaldas de la jueza Elena Dadone quien entiende en el litigio dominial y, por tanto, no pudo homologarlo o rechazarlo.

Así las cosas, cuando asumió la nueva gestión, en la Fiscalía de Estado ocupó la titularidad el doctor Fernando Carvajal, quien no sólo estaba obligado a presentar el Decreto 2.177/05, pedir la homologación del mismo y defender su legalidad, porque de lo contrario el decreto ricardista mostraría cómo un político puede cometer desmanes con el dinero que administra, ya que el Estado provincial puede terminar pagando dos veces el juicio.

Además, de no hacerlo Carvajal hubiese incurrido en el delito de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y hasta partícipe necesario en la pluralidad de delitos que podría caberle al ex gobernador Ricardo Colombi y a su ex ministro de Economía, Enrique Vaz Torres.

Lo que todavía al parecer no se movió fue la denuncia -también a cargo de la Fiscalía de Estado- de la omisión en la consideración del depósito inicial efectuado por el Estado provincial y, desde ya, quién lo cobró. He ahí una clave para saber si hubo un soborno camuflado.

También debe hacer valer el monto de 8 millones como pago total y cancelatorio del juicio y por ende repeler pretensión de cobro de honorarios de los abogados intervinientes en el proceso como lo determina el convenio "de avenimiento (sic)" suscripto por Vaz Torres y homologado por Ricardo Colombi.

Y revisar que el Decreto 2.177/05 señala en sus considerandos que intervino la Fiscalía de Estado y como se dijo este organismo no tuvo intervención ni participación en la "solución del caso" por este medio, con lo que se presume que deberá defender un instrumento que puede ser tachado de falsedad ideológica de instrumento público.

Es decir está obligado a defender la legalidad del Decreto 2.177/05 para que el Estado no pague dos veces pero no puede soslayar el hecho de ser el área técnica del Estado afectada por el acto estatal presuntamente ilícito.

De plantearse allí posible comisión de eventos criminales debe oficiar la jueza de Instrucción en turno para que inicie la investigación criminal, ya que esta magistrada no es competente para entender en un proceso penal.

El que mal anda, mal acaba

El Decreto 2.177/05 más allá de lo que expresan sus intenciones, no terminó el caso como hubiese querido Ricardo, que como se dijo, podría ir preso por semejante cadena de irregularidades. Por el contrario, ese instrumento abrió para el Estado provincial más inconvenientes y puede ser fuente de inagotables e innumerables reparaciones pecuniarias. Que pagarán todos los correntinos.

Sin embargo, desde que se denunció el caso, el doctor Ricardo Colombi nunca explicó nada. Siempre pretendió "matar el caso", demostrando que aunque ahora aparezca como el paladín de la transparencia, su pasado lo condena. Faltaría solamente que lo hiciera la justicia, en caso de que se confirme su culpabilidad.

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