El caso llegó a una cámara polémica

Las hipótesis respecto de la decisión que adoptará la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo en relación a las apelaciones presentados por el Poder Ejecutivo son múltiples.
La más optimista, a criterio de la oposición, es la que prevé que el tribunal de feria dará una de cal y una de arena: admitirá el pedido del Gobierno respecto del destino de las reservas y se lo negará en lo relativo al cese del presidente del Banco Central, Martín Redrado. Se trata de un fuero polémico y salpicado de sospechas. Los camaristas que se encuentran de turno hasta mediados de mes son considerados altamente permeables a la influencia K.

Hay razones para suponerlo. La primera es que uno de ellos es Sergio Fernández, hermano del auditor general de la Nación, Javier Fernández, el máximo operador del oficialismo en el Poder Judicial. Otro de los integrantes de la Sala es Luis María Márquez, según se afirma, íntimo amigo de los hermanos Fernández. El tercer miembro del tribunal es Carlos Grecco, un juez que atravesó con enorme fortuna un pedido de juicio político cuando en 1997 formaba parte de la Sala V y su secretario fue denunciado por pedir, en nombre de sus superiores, una coima de 2 millones de dólares a la generadora Central Puerto para obtener un fallo favorable. El secretario fue procesado y embargado por el ex juez federal Gabriel Cavallo. Se trataba de Claudio Fernández, otro de los hermanos del auditor. Por esos años Sergio Fernández tenía el rango de juez federal de primera instancia. Según el periodista Horacio Verbitsky, la protección ejercida por el ex presidente de la Corte Julio Nazareno "impidió saber por qué la mayoría de las causas falladas en el juzgado de Sergio Fernández llegaban en apelación a la sala de Claudio".

La influencia de los Fernández, y sobre todo la de Javier, el auditor, es grande en un fuero sensible para los gobiernos. Tanto que lograron que Cristina Fernández convirtiera en juez a un candidato que figuraba cuarto en el concurso. Se trata de Esteban Furnari, quien ocupó, primero como subrogante, el lugar que Sergio Fernández dejó vacante con su ascenso a camarista. Grecco y Fernández, entre otros magistrados, obraron el milagro de seleccionar a Furnari mediante la creativa martingala de una "terna en minoría". Javier Fernández, el auditor, es escuchado también con atención en el fuero Criminal y Correccional Federal, donde duermen las causas de corrupción que perturban a ministros, secretarios y al propio matrimonio de Santa Cruz. Ese panorama diluye las expectativas de la oposición acerca del destino de los amparos. La última esperanza se refugia en la sensatez de los protagonistas: Javier Fernández y sus hermanos han sobrevivido a varias guerras y es probable que pretendan perdurar más allá de la era patagónica. Por eso suponen que, quizás, la cámara le dé el gusto a la Presidenta, pero no del todo.

Barra: "Es una locura lo que están haciendo"

Rodolfo Barra es el abogado que presentó ante la Corte el amparo solicitado por la provincia de San Luis para frenar el DNU 2.010, que autoriza a pagar deuda con reservas. El ex miembro de la Corte y ex ministro de Justicia durante el menemismo es uno de los especialistas más consultados en derecho administrativo.

–¿Cree que el decreto 2.010 se ajusta al espíritu de los DNU?

–De ninguna manera este decreto justifica la necesidad ni la urgencia, ya que en el mismo texto se habla de pagos a mediano y largo plazo. Perfectamente se podía haber esperado, incluso, al comienzo de las sesiones ordinarias.

–¿Y el DNU que dispuso el cese de Martín Redrado?

–No tengo la menor duda de que es nulo e insanable y así lo dice el artículo 99, inciso 3, de la Constitución: el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo.

–Ayer el Gobierno buscó con la policía a la jueza Sarmiento...

–Es una locura lo que están haciendo. Cada paso nuevo que dan es peor que el anterior.

Comentá la nota