En caso de cambio total, el límite lo pone la Constitución nacional

Se considera que toda Ley Fundamental posee principios pétreos, los cuales pueden ser modificados en su redacción pero no en su esencia.
La Constitución provincial de 2006 prevé expresamente la posibilidad de que sea reformada en forma parcial o total (artículo 150). Los alcances de estas decisiones son radicalmente opuestos y siempre objeto de debates y polémicas entre políticos y entre juristas.

Las únicas similitudes son que, tanto en uno como en otro modo, debe dictarse una ley específica por la Legislatura que sea respaldada por 33 miembros (2/3 del total de la Cámara, en lo que se considera el período preconstituyente) y que el nuevo texto debe ser redactado por una Convención Constituyente con sus integrantes elegidos por el voto popular (etapa constituyente). Las dos son puntos característicos de una Carta Magna rígida.

Mientras en un cambio parcial debe determinarse puntualmente los artículos o las materias que serán sometidas a debate por los convencionales, en caso de una total basta que la ley que la habilita así lo disponga. Por ello, se consideraría permitida toda modificación, sin otro límite que lo prescripto en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales equiparados a ella.

Esta sería la alternativa elegida por el alperovichismo para así evitar la instancia del control judicial entre lo permitido por la ley de reforma y lo efectivamente sancionado. Esa discordancia está actualmente en debate en la causa del Colegio de Abogados contra la Provincia, donde se objetó la ubicación del Consejo Asesor de la Magistratura y el instituto de la enmienda parlamentaria por no respetar la letra de lo aprobado por los legisladores al realizar la convocatoria.

El constitucionalista porteño Alberto José Egües advirtió, en oportunidad de la modificación de la Carta Magna nacional en 1994, que existe una constante preocupación de los especialistas en limitar o impedir que se realice un proceso reformador tal que implique la destrucción de los principios centrales de una Ley Fundamental.

El experto remarcó que las barreras fueron especialmente levantadas a principios del siglo pasado, para evitar que las teorías políticas totalitarias (nazismo, fascismo y stalinismo) arrasase con pautas mínimas de respeto a los derechos individuales. A partir de entonces, ganó terreno el concepto de la reforma parcial frente a la total.

“A la humana imposibilidad de prever en un texto todas las contingencias futuras se suma la notoria inclinación de los gobernantes a sentirse injustamente limitados por una Constitución cuya formulación atrribuyen a un modelo, a una ideología o a circunstancias hipotéticamente distintas de las predominantes”, reflexionó Egües, respecto de los argumentos frecuentes para justificar una reforma.

Inalterables

Hay coincidencia entre los expertos en que una Carta Magna (nacional o provincial) tiene disposiciones consideradas pétreas, que no pueden suprimirse aunque sí modificarse en su texto. Entre ellos figuran la democracia como sistema político; el federalismo como modo de organización del Estado; la forma republicana y representativa de Gobierno; la división de los poderes y el respeto de los principios, declaraciones y garantías de los ciudadanos. Si bien se reconoce la potestad de cada provincia de dictar su propia Constitución, ninguna puede ir en contra de estos principios; caso contrario, se la puede declarar judicialmente nula en todo o en parte por la Corte de la Nación.

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