Casi un millón de bonaerenses no tiene una vivienda digna

La ampliación de asentamientos precarios y la ocupación de terrenos es una realidad en la Provincia, en el marco de un gran crecimiento poblacional y de valores inmobiliarios inalcanzables para el sueldo promedio
Está creciendo demasiado la cantidad de gente que se instala a vivir en el barrio. Vienen de del interior o países limítrofes, pero ahora también de localidades cercanas. En el último año, habrán llegado 1.500 familias nuevas", relató Néstor Vera, "Manga", como lo llaman sus vecinos de la Villa Itatí, en la localidad de Bernal, una de las más pobladas del conurbano bonaerense.

La ampliación, a lo ancho y alto, de los asentamientos precarios como la toma de nuevas tierras es una realidad en todos los partidos de la provincia, direccionada por el crecimiento poblacional, pero también a causa de los valores inmobiliarios desproporcionados, en relación con el sueldo promedio de los argentinos.

Y las consecuencias repercuten en el agravamiento de las condiciones de hacinamiento que siempre padecieron quienes conviven entre la marginalidad y la exclusión.

"Manga", de 55 años y más de diez trabajando para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, no escatima al graficarlo: "Ya prácticamente no queda espacio para construir nuevas casas, dice. Vienen a la de un familiar y edifican en el mismo predio, en el patio o arriba de la que ya existe".

El superávit fiscal que recogió el país en el último trienio no fue suficiente para revertir esta tendencia y achicar la desigual distribución de la riqueza.

Hubo ciertas mejoras, reconocen los expertos consultados por Noticias Argentinas, ya que algunos vecinos "lograron levantar con ladrillos sus viviendas de chapa y madera" o "se mudaron a otras zonas más óptimas".

Pero, para el grueso de los casos, encendió la problemática al multiplicar la oferta de empleo, aunque por trabajos en negro y con suelos muy bajos.

Así, la pobreza transformó su cara. Las familias tienen mejores posibilidades para acceder a la canasta básica alimentaria, pero no pueden superar su mayor flagelo, el de vivir en un inmueble indigno y de forma irregular.

Los valores del mercado inmobiliario, los elevados alquileres y las exigencias para obtener un crédito hipotecario convirtieron en inalcanzable el sueño de la casa propia legal, ya no sólo para los escalones más bajos de la sociedad, que agudizó el problema, sino también para la clase media a la cual arrastró, afirmó el Néstor Jeifetz, presidente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI).

"Hay más expulsión por el aumento del valor del suelo, de las propiedades, de las locaciones, y por las acciones de desalojo judicial que subieron enormemente, en particular en capital federal", señaló el arquitecto a NA.

Aunque marcó especial énfasis en advertir sobre la decisión del Gobierno de "no regular el mercado, poner el patrimonio estatal a los grupos inmobiliarios, y otorgar al sector de la construcción, al menos el 80 por ciento, la edificación de viviendas populares".

De forma similar opinó Luciana Bercovich, abogada y coordinadora del programa Redes de Trabajos en Villas Urbanas, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij):"El crecimiento de las villas es un fenómeno actual, y no es ajeno a la problemática habitacional".

"Al ser prácticamente imposible acceder al mercado formal, por los valores vigentes y las garantías necesarias para la compra o alquiler de un inmueble -explica- recurren cada vez más a lo informal o ilegal. Es la única opción que les queda a muchas familias, que cada vez suman más en el ámbito de la Ciudad, para no terminar viviendo en la calle".

La brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se extendió tanto que repercutió en la repartición del suelo, empeorando la situación de los sectores más carenciados.

Como consecuencia, a diferencia de otros años, "los nuevos vecinos ya no sólo provienen de provincias del interior o son inmigrantes de países limítrofes. Ahora, se trata también de familias del Gran Buenos Aires, de localidades cercanas", señala a esta agencia Maximiliano Estigarribia, director de la ONG Equipo de Trabajo e Investigación Social (Etis), que desarrolla distintas iniciativas en 13 villas de la provincia.

De acuerdo al sociólogo, "muchos han quedado desocupados o ya no pueden pagar el alquiler y se instalan en los barrios cercanos a la ciudad de Buenos Aires, donde las posibilidades de hacer changas u obtener beneficios por el cartonear son mayores que si se instalan en otras zonas".

Si bien no existen estadísticas oficiales, al menos 600 mil familias de la provincia de Buenos Aires, unas 2,4 millones de personas, vivirían marginadas en asentamientos o villas de emergencia, de las cuales alrededor de un millón carecería de una casa digna donde alojarse.

Los cálculos fueron realizados por la Federación de Tierra y Vivienda, en base a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el último censo.

En tanto, si se consideran los datos de un estudio que desarrolló el año pasado la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui) para la Subsecretaría de Planificación y Vivienda, sobre los datos del censo, el 3 por ciento de los hogares argentinos, alrededor de 300 mil familias, no son propietarias del lugar donde viven (fuera quedó el grupo de los inquilinos), lo cual da cuenta de la magnitud de personas que residirían en villas o asentamientos precarios en todo el país.

No opina de igual forma la Federación de Tierras y Viviendas (FTV) que estima "unas dos millones de familias con problemas dominiales, es decir, no son legítimos dueños de las tierras en las que viven", señaló Luis D'Elía, titular de la entidad a NA.

"Hasta el momento, no existe un censo específico sobre la cantidad total de villas y los habitantes que allí viven, pero próximamente llamaremos a concurso para encarar un estudio de este tipo", comentó Lydia Jiménez, directora nacional de Planificación Habitacional, perteneciente a la Subsecretaría de Vivienda.

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