Cascón vetó la creación del Consejo Municipal del Medio Ambiente

El Ejecutivo emitió el jueves una resolución vetando en forma total el proyecto de ordenanza que creó esa figura. El gobierno consideró que el Consejo Municipal del Medio Ambiente tendrá funciones "idénticas o similares" a la Subsecretaría de Medio Ambiente, y que se podrían obstaculizar. Pidió que se optimice la asignación de recursos públicos.
"La misión de planificar estratégicamente la ciudad en su conjunto, desarrollando políticas de planeamiento y gestión del ambiente, y de calidad de vida, integradas a las políticas de desarrollo urbano, económico, social y cultural, asistiendo a la planificación del desarrollo y ordenamiento urbano a través de la formulación de planes, programas y proyectos de acuerdo a las políticas definidas por el gobierno municipal, corresponde a la competencia de la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente y sus dependencias funcionales, en particular, la Subsecretaría de Medio Ambiente", delimita el texto del veto.

Se cuestionó que la creación del COMUMA generaría "superposición de funciones con estructuras que se encuentran en funcionamiento, cuyo financiamiento depende del erario público".

El Concejo definió a esa nueva estructura como organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los diferentes organismos públicos y privados. Sin embargo, un dictamen de la Asesoría Letrada del Ejecutivo determinó que sus misiones "son actualmente resorte de la Subsecretaría de Medio Ambiente", por lo que su creación "deviene, cuanto menos, sobreabundante".

Se aseguró en el dictamen que el rechazo no implica "restar importancia, limitar o menguar las herramientas, o restringir la participación, la pluralidad para el tratamiento de las políticas ambientales". Por el contrario, se afirmó que el veto pretende "evitar que el tratamiento de las políticas se vea comprometido u obstaculizado mediante la actuación simultánea de dos cuerpos con, por no decir idénticas, similares funciones".

Se advirtió, además, que el texto sancionado por el Deliberante otorga la obligación al Ejecutivo de proveer recurso humano, y que en caso de que los aportes de las organizaciones no bastaran, "esta administración podría verse en la necesidad de fondear dicho Consejo desde sus arcas". Se recordó, luego, que "es principal deber del Poder Ejecutivo asegurar una correcta asignación y optimización de los recursos y fondos públicos".

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