Hay 32 casas del IPV que se podrían desadjudicar

El organismo revocó el beneficio a 14 titulares por comprobar que las viviendas entregadas no estaban habitadas.
Desde el 20 de noviembre pasado hasta la fecha el Instituto Provincial de la Vivienda desadjudicó 14 casas a beneficiarios que, según se pudo comprobar, jamás habitaron las unidades. Actualmente, se encuentran en proceso de desadjudicación 32 titulares. Las determinaciones surgen del Plan de Control llevado a cabo por el IPV en estos tres meses donde se hicieron 550 inspecciones.

Así lo confirmó a El Tribuno el asesor legal del organismo, Reynaldo García Gambetta. Respecto a las bajas, el letrado detalló que pertenecen dos a Tartagal, una a Cachi, una a Mosconi, tres a Vaqueros y el resto a Capital. La persona que recibe una casa de manos del IPV no posee la tenencia definitiva hasta tanto se haga la escritura correspondiente. En su lugar firma un acta compromiso que establece: habitar la vivienda dentro de un plazo de 10 días, en caso contrario se procede a revocar de forma automática el beneficio obtenido; ante problemas edilicios, ampliaciones o refacciones, se debe solicitar una prórroga por obras. Esta es sometida a análisis técnicos (tipo de obra y plazos) para su autorización.

"No se puede ceder, dar en comodato, alquilar ni transferir ninguna vivienda", explicó García Gambetta. Al tiempo agregó que "una vez verificada la inhabitabilidad, existe un plazo de cinco días para habitarla. Pero luego se hará un minucioso seguimiento del consumo de servicios básicos y también fotográfico".

El asesor legal del IPV exhortó a la comunidad en general a denunciar ante el organismo provincial casos de viviendas desocupadas o en situaciones irregulares. Contamos con siete inspectores o a veces menos, que lógicamente no pueden abarcar la cantidad de núcleos habitacionales que hay en la ciudad. Si la gente colabora nosotros nos constituimos en el lugar para corroborar". Los propietarios denunciados tienen derecho a apelar. Algunos podrán demostrar su habitabilidad y otros no, pero lo cierto es que se trata de un proceso jurídico. No se toman decisiones al vuelo. Tras la verificación de falta, la sanción es la baja inmediata del expediente", indicó.

La situación en los casos de Vaqueros

En Vaqueros, dos familias denunciaron que la casa estaba desocupada hace dos años (tiempo de entrega) pero ellas mismas estaban usurpando la vivienda. El martes se dio de baja a los titulares y ahora se analizará la situación de estas personas porque no se avala tal mecanismo, explicó Gambetta.

En el tercer caso también se desadjudicó pero con inquilinos dentro. Al parecer el grupo cumple con los requisitos del IPV por eso se analiza un traspaso de titularidad.

Proyecto

La oficina de asesoría jurídica evalúa un proyecto de reglamentación a fin de adecuar resoluciones del IPV a los tiempos actuales. "Allí vamos a introducir nuevas sanciones y penalidades. El uso de una casa IPV fuera del marco de la ley significa un hecho grave que necesita ser investigado en la Justicia", dijo.

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