Casas: A 7 años, aún no aplican la ley para cobrar la cuota

Hay una ley, la Nro 7.249 sancionada en 2002, que estableció el débito automático bancario para el pago de cuotas de viviendas del IPV, tanto para trabajadores estatales como privados.
Pero en 7 años la norma nunca se puso en práctica porque no se reglamentó y ayer el titular del IPV, Vicente Marrelli, dijo que se pondrán a estudiarla.

"No la tengo en conocimiento (a la ley), pero si está vigente hay que aplicarla, lo que le vendría muy bien al IPV", dijo el funcionario en medio de la euforia por el primer día de sorteo de viviendas del grupo uno (ver página 2). Admitió que según lo que él conocía, el débito automático era sólo una opción voluntaria de los empleados de la administración pública. "Desconocía que podía de oficio hacer la retención", señaló.

El subsecretario de la Gobernación, Gerardo Zuliani, dijo ayer que la norma está vigente, ya que se publicó en Boletín oficial el 2 de abril de 2002 y no fue derogada, pero tampoco nunca fue reglamentada.

"Tiene algunas fallas formales, pero la misma ley establece que debe ser reglamentada por el IPV, quien también debe fijar un porcentaje de descuento a quienes en forma voluntaria se acerquen a efectuar el débito", dijo Zuliani.

El proyecto había salido del Ejecutivo como ley de necesidad y urgencia; lo que no debería sorprender si se tiene en cuenta que cuando fue sancionada, el 25 de marzo de 2002, la provincia vivía una de sus peores crisis financieras.

Por entonces era gobernador Alfredo Avelín, los fondos de coparticipación llegaban a cuentagotas, la obra pública estaba parada, los salarios de los estatales estaban meses atrasados y las cuentas del estado provincial estaban en rojo.

Aunque el panorama hoy es distinto, cada vez que hay oportunidad, tanto el gobernador José Luis Gioja, como Marrelli, repiten a la gente que las cuotas de las casas deben pagarse para que el IPV pueda seguir construyendo.

Y si bien gracias a una política agresiva de cobro, el instituto logró llegar al 65% del recupero de las cuotas, recaudando unos 2,5 millones de pesos mensuales, aún queda un 35% de morosos a los que están tratando de cobrar su deuda con el IPV.

Pero además hoy la norma cobra mayor protagonismo ya que el gobierno de la provincia está en pleno proceso de adjudicación de 2.271 casas que se hicieron con fondos del Plan Federal de Viviendas II.

La norma

El artículo 1ro señala que el IPV exigirá con carácter obligatorio y como requisito para la adjudicación de una vivienda o crédito, la aceptación en forma expresa e irrenunciable del débito automático en sus haberes mediante código de descuento, ya sea que se trate del solicitante, su cónyuge u otro integrante del grupo familiar.

El mismo artículo señala luego que esto rige para los empleados de la administración pública, funcionarios, municipales y sector privado.

En este último grupo es donde Marrelli puso objeciones. "Cuando se trata de empleados del Estado no hay problema, porque el empleador manda al centro de cómputos y de cada repartición debe retener, tal como se hace en los casos de cuota alimentaria. Pero el sector privado es más complicado de controlar por que a veces no hacen los aportes de beneficios sociales. No vaya a ser que no tengamos la recepción de esos fondos en el IPV", advirtió el funcionario.

El artículo 2do señala que quienes adhieran en forma voluntaria serán beneficiados con un descuento en el pago de las cuotas.

Y el artículo 4to establece la creación de una cuenta especial en el Banco San Juan (agente financiero de la Provincia) para que se recauden estos fondos.

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