Sebastián Casanello, el juez federal que indagó a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, lo investigará también en una causa por el uso de presuntas facturas falsas.

La hipótesis que motiva este expediente es que Austral Construcciones, la principal empresa de Báez, habría justificado gastos con esas facturas apócrifas con el propósito de evadir impuestos. Todo gracias a la supuesta decisión de responsables de la AFIP de encubrirlo.

El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió que fuera Casanello y no Norberto Oyarbide el juez que quede a cargo de la nueva causa.

Si bien los dos expedientes que llevará Casanello contra Báez son independientes, ambos están vinculados: la figura del lavado de dinero exige que los fondos "blanqueados" tengan origen ilegal; sin este requisito, no hay lavado posible.

Lázaro Báez nunca fue procesado por ningún delito. Para la Justicia, no tiene dinero "negro". Si avanzara la causa de las facturas falsas y se comprobara su responsabilidad penal, éste podría ser el delito precedente necesario para una eventual condena por lavado en el caso que se popularizó como "la ruta del dinero K", donde fueron procesados Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

Hacía tiempo que Oyarbide y Casanello discutían quién debía quedarse con esta nueva causa, originada en una denuncia de Margarita Stolbizer luego de una publicación de LA NACION. Ambos creían que el competente era el otro. No obstante, mientras se discutía esta cuestión, Casanello tomó las primeras medidas. La primera, mandarle la causa al fiscal Guillermo Marijuan para que decidiera si impulsaba la investigación.

El 15 de abril, Marijuan presentó su requerimiento de instrucción. El objetivo de la causa no es sólo investigar a Báez y a los responsables de las supuestas usinas de facturas falsas; también, a los responsables de la AFIP que debieron haber controlado estos movimientos de Austral Construcciones y, según la denuncia, no lo hicieron. Ellos son Echegaray y dos directivos de la AFIP de Bahía Blanca, de donde son las facturas.

Marijuan imputó entonces a Báez, Echegaray, Norberto Filipini y Juan Pablo Fridemberg (AFIP Bahía Blanca), y a los dueños y directivos de las firmas que emitieron las facturas sospechadas: Calvento, Grupo Penta, Terrafari, Constructora Patagónica Argentina, Iberoamericana de Servicios, CVP Industria, M-Magna, Attimo Bahía Blanca, E&J Argentina, Bahía Acoplar y Scarsur Bahía, informaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa.

Esta causa se inició con la denuncia de Stolbizer ante Casanello (la presentó ante su juzgado por considerar que podría ser el delito precedente del lavado que ya se investigaba allí). Pero antes había comenzado otro expediente por hechos similares que, por sorteo, le había tocado a Oyarbide. Marijuan también era el fiscal. Había que decidir entonces quién investigaría el caso. Para Casanello y Marijuan, le correspondía a Oyarbide. Para Oyarbide, a Casanello, opinión que ahora compartió la Cámara Federal.

Mientras se debatía esta competencia, Báez presentó un escrito ante Casanello. Negó que las facturas fueran falsas y afirmó que los servicios efectivamente se habían prestado.

Báez, que nunca fue procesado, fue indagado por primera vez en la causa de lavado de Casanello. Hoy, en paralelo, hay otros jueces que lo investigan. Por el uso de supuestas facturas falsas tiene al menos dos causas más: una en Bahía Blanca, donde se habría cometido el supuesto delito tributario, y otra en el juzgado penal económico de Javier López Biscayart, que analiza si se evadieron impuestos mientras Báez se encargó de la administración de hoteles de la familia Kirchner, de la que es socio.

JAIME: PIDEN REPATRIAR EL YATE

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que se trajera a la Argentina el barco que se sospecha pertenece a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.El yate está en el puerto de Piriápolis, Uruguay, retenido a pedido del juez Sebastián Casanello, que investiga a Jaime. El ex funcionario fue procesado por enriquecimiento ilícito en un fallo que confirmó la Cámara Federal, pero la Justicia aún no dio por probado si el barco también le pertenecía a él.Rívolo solicitó que se trajera a la Argentina y se embargara para evitar que se lo lleven empresas que aparecen en los papeles como ligadas a la propiedad del yate y lo están reclamando en Uruguay.