Cuando termine la feria judicial, la Cámara de Casación deberá dictaminar en causas resonantes de corrupción y de lesa humanidad. La más importante, por lejos, es la que involucra al vicepresidente Amado Boudou por su actuación en el rescate de la ex Ciccone. El máximo tribunal penal también es clave para el futuro de los actuales funcionarios. El panorama para el Gobierno no es alentador: son pocos los actuales camaristas alineados con Justicia Legítima, la agrupación K que se planteó “democratizar” la Justicia. El objetivo inmediato es revertir la tendencia a través de los conjueces (abogados que cumplen la función de juez). Los diez nombres elegidos por Cristina Kirchner aparecieron ayer en el Boletín Oficial y ya quedaron en condiciones de actuar.

Tras la feria, los jueces Mariano Borinsky (presidente), Gustavo Hornos y Eduardo Riggi deberán evaluar la recusación que planteó la defensa de Boudou contra el juez Juan Carlos Gemignani en la causa Ciccone. Con la integración definitiva, el tribunal estudiará otro planteo de “falta de acción” formulado por Boudou, que pretende cerrar la investigación. El recurso ya fue rechazado por el juez Ariel Lijo y por la Cámara Federal. Pero el vice recibió un guiño del fiscal Javier De Luca, quien opinó que debe ser sobreseído.

Casación debe decidir también si confirma la condena contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli a raíz de la bolsa con dinero encontrada en su despacho. Por ese hecho fue condenada a cuatro años de prisión. La decisión está pendiente hace casi un año. Entre cientos de causas, además hay apelaciones pendientes por las condenas en la causa del tráfico de armas a Croacia y Ecuador.

El tribunal tiene actualmente cuatro vacantes que vienen siendo cubiertas por tres jueces de Casación (Gemignani, Figueroa y Borinsky) y Luis María Cabral, de un tribunal oral. A fin de año, a través de una acordada, la mayoría anti K del tribunal ratificó esa tendencia para 2014. Dijeron que la prioridad es de los actuales jueces, relegando a los conjueces. “Cualquier cambio se debe hacer por medio de un acuerdo extraordinario de Casación ”, destacó una fuente judicial. Uno de los conjueces admitió que las posibilidades son “remotas”. Pero el Gobierno no baja los brazos.

El intento de poblar con conjueces varios tribunales contradice las metas para 2014 del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, que habló de cubrir todas las vacantes “de acuerdo a la ley 26.376”. Esa norma le otorga prioridad, ante una recusación, licencia o vacancia, a “un juez de igual competencia de la misma jurisdicción”. En última instancia, el que decide es el presidente de la Cámara de Casación.