Una cita polémica del pasado volvió al presente de la mano de la “resurrección” de un caso penal que acumulaba varios traspiés en la Justicia Federal de Tucumán. El panorama cambió en la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó la investigación de la conducta atribuida al ex gobernador y actual senador justicialista José Alperovich. Según la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), Alperovich habría delinquido contra el orden constitucional y la vida democrática al decir a los votantes que podían perder beneficios si la oposición ganaba las elecciones.

El comentario polémico que originó la pesquisa preliminar del fiscal general federal Gustavo Gómez data de septiembre de 2014. En ocasión de un acto en Monteros y cuando aún le quedaba un año de mandato por delante, Alperovich expresó a los asistentes: “hoy pareciera que es normal que haya salud, educación, obras, cloacas y agua. Pero yo les voy a decir algo como amigo al que no tendrán que votar porque no soy candidato. No vaya a ser que nos equivoquemos y que se acaben las obras; se acaben las pensiones y las jubilaciones; la Asignación Universal por Hijo; falten los remedios en los hospitales o empiecen a faltar las cooperativas en las comunas. Yo los escucho a todos (los opositores) hablar lindo, pero conozco de lo que se está hablando porque hace 11 años que vengo gobernando”.

Luego de que LA GACETA publicara estas manifestaciones (extraídas, a su vez, de un video subido a las redes sociales), Elías de Pérez se presentó en la Justicia Federal y expresó que este mensaje intimidatorio tenía por objeto generar miedo en la población. “Es una especie de extorsión para evitar que la ciudadanía se exprese con total libertad a la hora de elegir a las nuevas autoridades de la provincia (en agosto de 2015). No sólo cercena y menoscaba el ejercicio de la voluntad popular, sino también los cimientos del sistema democrático y republicano: la alternancia, la tolerancia y la paz social en el sufragio”, manifestó la senadora.

“Obligación del Estado”

A partir de la denuncia, Gómez tomó algunas medidas y las giró al fiscal de turno, pero, Daniel Bejas, el juez federal N°1, consideró que el fiscal general se había extralimitado y anuló la investigación preliminar. Recurso mediante, en marzo del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la resolución de Bejas - integraban ese tribunal los jueces Ricardo Sanjuán, Marina Cossio, Ernesto Wayar puesto que Raúl Mender estaba de licencia por enfermedad de largo tratamiento (finalmente se jubiló en octubre)-. Gómez apeló y, frente al rechazo del recurso en la Cámara Federal tucumana, interpuso una queja directamente en Casación, tribunal con sede en la capital del país.

El 24 de febrero pasado, los camaristas Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani dieron la razón a Gómez. La Sala IV de Casación explicó en su fallo que el fiscal general había actuado en el ámbito de la ley al ejecutar una búsqueda en los portales digitales periodísticos -que habían publicado el video con los comentarios de Alperovich-, solicitar un informe al Ministerio Público provincial y encomendar a Gendarmería Nacional la realización de una transcripción de las declaraciones guardadas en un disco compacto. También expresó que, a continuación, Gómez remitió las medidas al fiscal federal de primera instancia de turno, pero estas fueron anuladas por Bejas, disposición que luego recibió el visto bueno de la Cámara.

“Entiendo que la nulidad confirmada adolece de un excesivo rigor formal que ha ido en desmedro de la ‘oficiosidad pesquisitiva’, según la cual la persecución penal, entendida esta en sentido amplio, es decir, no sólo como actividad de la fiscalía, sino también como actividad del tribunal, se realiza de oficio y constituye una ‘obligación del Estado’”, expresó Gemignani en el voto preopinante. Y añadió que las medidas de Gómez en modo alguno habían comprometido las garantías del debido proceso ya que son absolutamente reproducibles y no implicaron avance alguno sobre el derecho de defensa.

Por su parte Hornos negó que el fiscal federal haya avasallado las facultades del magistrado o afectado la vida privada del imputado (Alperovich). El camarista insistió: “nótese que las medidas consistieron en pedir informes así como recolectar de internet los datos que exponía la denuncia”. Estas pruebas vuelven a adquirir relevancia en el ámbito de la pesquisa resucitada por Casación y que ha de ser desarrollada con el control del Juzgado Federal N°1 de Tucumán.