Por Mariela Arias |

RIO GALLEGOS.- Desde ayer la provincia de Santa Cruz vive una fuerte intervención en materia de seguridad con efectivos de todas las fuerzas nacionales que patrullan calles, plazas y las entidades bancarias de las principales ciudades, y lo seguirán haciendo por "tiempo indeterminado".

Como contrapartida, el gobierno de Daniel Peralta no ha recibido ninguna señal política desde Olivos que le permita destrabar la histórica huelga policial, que lleva más de dos semanas. De hecho, el secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, se presentó ayer aquí como supervisor del operativo especial en toda la provincia, pero aclaró que resolver el conflicto salarial es una responsabilidad del gobernador.

Según los cálculos más optimistas del gobierno local, cerca de 4000 efectivos garantizan ahora la seguridad. La cifra se compone de 500 gendarmes que llegaron de otras provincias, 1500 efectivos de la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria con asiento en Santa Cruz y 2000 policías que no estarían plegados a la huelga. Pero el jefe de policía, Jorge Hassan, reconoció que más del 80% de los efectivos está de paro, lo que dejaría a menos de 1000 policías en funciones.

Peralta no habló con la presidenta Cristina Kirchner en los últimos días, según reconoció ayer durante una conferencia de prensa que dio en la gobernación.

Berni había llegado a la madrugada con una dotación de 250 hombres de Gendarmería. El gobernador lo esperó al pie de la escalinata del Airbus de Aerolíneas Argentinas y mantuvo una reunión con él y con el comité de seguridad conformado a tal fin. Pero, por la mañana, Berni decidió no compartir la conferencia de prensa -ni la foto- con el gobernador. "No hay conflicto, estamos trabajando en conjunto", intentó minimizar un hombre cercano a Peralta. Pero las sutiles tensiones internas se hicieron notorias durante todo el día.

Como trasfondo, la protesta policial se hizo sentir desde temprano. "Cierren esa puerta, por favor, así no entra ruido", reclamó Peralta al entrar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, donde fue convocada la conferencia de prensa. Acompañado por la ministra de Gobierno, Paola Knoop, Peralta sufría por el ruido constante que llegaba desde la calle: eran los bombos y cantos de la marcha de policías acuartelados. Estaban en el jardín de la gobernación, el mismo que han debido proteger de otros manifestantes a lo largo de los años.

"Es lamentable la situación, pero es la que estamos viviendo", afirmó Peralta. Reiteró que no se volverá a abrir el diálogo hasta que los efectivos decidan levantar la medida de fuerza. "Si la levantan, a los cinco minutos me reúno con ellos", prometió el gobernador con su habitual locuacidad.

Desde afuera llegaban las voces del altoparlante en el acto improvisado por los huelguistas en las carpas montadas frente a la jefatura policial, al lado de la gobernación. Allí terminan todas las marchas y suelen organizar una olla popular. Así lo volvieron a hacer ayer, mientras los gendarmes ya recorrían las calles de la ciudad.

Peralta afirmó que el déficit provincial ahora ronda los 1200 millones de pesos. "No hay plata", dijo, remarcando las sílabas, y aseguró que el aumento ofrecido a los policías es el máximo esfuerzo que la economía provincial puede permitirse.

Sin embargo, aclaró que la logística del movimiento de las fuerzas de seguridad nacionales hacia la provincia y el costo que esto implique correrán por cuenta del gobierno santacruceño.

La imagen que devuelve Peralta es la de un gobernador en soledad. En los últimos días, apegándose al receso invernal, los legisladores del Frente para la Victoria han mantenido silencio férreo sobre la crisis policial. Tampoco se ha visto al vicegobernador Fernando Cotillo. Todos los intendentes del PJ se reúnen hoy con el ministro Julio De Vido y el gobernador negó que fuera a convocar en los próximos días una sesión extraordinaria de la Legislatura para pedir que le voten una ley que mejoraría los ingresos por el canon minero.

Tampoco tiene la certeza de contar con los votos. "Ojalá se reúnan cuanto antes y pongan en valor la renta minera", dijo ayer el gobernador.

El único funcionario nacional que se asomó por Santa Cruz fue Berni. Su paso fue de menos de 24 horas. Negó que fueran a ser mediadores del conflicto o a involucrarse en la discusión con los policías locales.

"Vinimos a garantizarle a la ciudadanía de Santa Cruz el derecho a la seguridad", afirmó Berni, en su conferencia de prensa, en la misma sala que había usado el gobernador. Ingresó después de que Peralta se retiró.

Berni justificó la llegada de las fuerzas y diferenció el conflicto de Santa Cruz del de Cerró Dragón, en Chubut, a raíz del cual la presidenta Cristina Kirchner había advertido que no enviaría más gendarmes a conflictos provinciales. A la tarde, el funcionario regresaba a Buenos Aires desde Caleta Olivia, donde se desplegó una cantidad importante de efectivos (ver aparte).

Mientras tanto, los combativos gremios nucleados en la Mesa de Unidad Sindical denunciaron ayer que se vive "en la práctica y en los hechos una efectiva intervención de la provincia de Santa Cruz".

Los gremios estatales explican que no sólo la seguridad está intervenida, sino el manejo de la economía y de la política de los municipios. Y también consideraron al sistema de salud intervenido "con supuestos anuncios de inversión a partir de la enfermedad de Máximo Kirchner".

EL KIRCHNERISMO BUSCA CAMBIOS EN EL JUEGO

Es casi un hecho que el gobernador Daniel Scioli firmará en las próximas horas un decreto para prorrogar las licencias de los bingos en la provincia de Buenos Aires, lo que le permitirá pagar en dos cuotas el medio aguinaldo de los empleados estatales. El kirchnerismo aceptó que la renovación no pase por la Legislatura, pero al mismo tiempo continúa evaluando una modificación de fondo en el multimillonario negocio del juego. Para ello tiene bajo estudio dos alternativas: una implicaría duplicar el porcentaje de ingresos que recibe la provincia sobre las ganancias totales. La otra, mucho más radical, sería avanzar hacia la estatización total del sector.