Mientras los diputados nacionales se enfrascaban en discusiones respecto del decreto presidencial que modificó el alcance del blanqueo de capitales y en la modificación del Impuesto a las Ganancias, un grupo de legisladores entre los que hay oficialistas y opositores, firmaron un proyecto de ley para modificar la norma por la que se determina el valor del gas.

 

 

Con las firmas de la diputada Elva Balbo (Pro); Luis Petri (UCR); Luis Borsani (UCR); Mario Negri (UCR); Patricia Gimenez (UCR); Diego Bossio (Justicialista); Daniel Lipovetzky (Pro); Carlos Roma (Pro) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) ingresó al Parlamento una iniciativa para modificar la ley 24.076, que establece el marco regulatorio de la actividad y la manera en que se fijan las tarifas del gas.

 

 

El proyecto ya fue girado a las comisiones de Energía, Peticiones y Presupuesto, pero tendrá trato legislativo en 2017.

 

 

Lo que causó desconcierto en algunos sectores fue que el proyecto cuasi oficialista –sólo uno de los firmantes no es de Cambiemos– llega en medio de la discusión de los valores que deberán pagar a partir del año que viene, los usuarios que está llevando adelante el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Al punto que hoy habrá audiencia pública en la Ciudad de Buenos Aires, donde las distribuidoras expondrán su pedido de aumento de tarifa y sus planes de inversiones.

 

 

La primera modificación del proyecto casi oficialista es que dispone cambiar el artículo primero de la Ley agregando la potestad del Estado de fijar el precio "cuando, por cualquier motivo, el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema no sea fijado por el mercado para todos y cada uno de los servicios, su determinación se regirá por esta ley conjuntamente con las tarifas de los servicios de transporte y distribución".

 

 

Esto fue leído como una nueva embestida de Carrió contra el Ministerio de Aranguren –ya denunció penalmente a tres secretarios– ya que la definición del precio del gas le generó conflicto al ministro en su paso por el Congreso.

 

 

Además, amplía la norma a la importación de gas –otro conflicto que tuvo Energía y Minería– al afirmar que "los contratos que se remitan por importación de gas, deberán expresar la estructura de costos" y que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) "podrá limitar el traslado de esos costos a la tarifa, si determinase que los mismos exceden los valores razonables y/o eficientes para operaciones similares".

 

 

Respecto al valor que deberán pagar los consumidores –art. 37– dice que será el resultado de la sumatoria del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa de transporte, la de distribución, y le agrega la de "cargos específicos nacionales para ampliaciones de los sistemas de transporte y distribución".

 

 

Además de darle más poder al Congreso obligando a la autoridad regulatoria a ir al Legislativo, y no al Ejecutivo, y entregar un informe de la actividad, agranda el directorio de 5 a 7 sumando sillas para legisladores; propone que el ente tendrá que tener mayoría calificada (5 votos afirmativos) para aprobar una revisión tarifaria integral, plan de obras e incorporación del gas a la tarifa.