Carrió cruza al Gobierno y pide cambios en la ley de acceso a la información

Carrió cruza al Gobierno y pide cambios en la ley de acceso a la información

Sostiene que hay tantas excepciones que convierten a la ley en papel mojado. Mañana habría dictamen.DyN

 

Lilita Carrió no defraudó: Cuando todos los bloques parecían acordar una ley sobre acceso a la información pública, apareció en medio de la exposición de las entidades civiles y amenazó con romper todo.

Siempre impredecible, pidió la palabra y denunció que el radical Ricardo Gil Lavedra bloqueó una ley de acceso a la información en 2000, cuando era ministro de Justicia de Fernando de la Rúa.

 

 

 

“Me dijo que no podía salir porque la de las ONGs era mejor. Después supe que uno de sus secretarios trabajaba en una de esas organizaciones, que tienen hándicap internacional si logran imponer su proyecto”, describió, sin vueltas, ante la atónita mirada de los expositores.

 

Habían sido convocados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Pablo Tonelli, que mañana quiere darle dictamen al proyecto para tratarlo lo antes posible.

 

 

 

El proyecto fue trabajado por Adrián Pérez, secretario de Asuntos Públicos y Fortalecimiento Institucional, ladero de Carrió en otros años. Hay acuerdo de todos los bloques para aprobarlo con algunas modificaciones, la mayoría pedidas por esas ONG, pero Carrió quiere hacer cambios.

 

 

 

No está conforme con el artículo 8, que establece una serie de excepciones para brindar información en 13 casos específicos, que por su amplitud dan una amplia gama de opciones a los organismos públicos para excusarse de la obligación de dar información, contradiciendo así en la letra chica la idea promocionada por la administración Macri de ser un "Gobierno abierto".

 

 

 

Carrió sin dudas tiene un punto. Ese artículo ofrece como excusas para denegar información que la misma trate de “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta o por razones de defensa o política exterior”, que “pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”; “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos” y finalmente datos financieros o de tratados internacionales. Es decir, casi toda la actividad del Estado.

 

 

 

Carrió exige reducir las excepciones o al menos darle un plazo de confidencialidad, pero sus compañeros de Cambiemos no están muy de acuerdo y así se lo harán saber.

 

 

 

El dictamen sí tendrá retoques exigidos por la ONG el día que les pidió no sacar ventaja. Algunas de forma, como la incorporación de principios, y otras más específicas como la no obligación de brindar datos de “los entes cooperadores” que hayan firmado convenios con el Gobierno.

 

 

 

Sí mantienen la obligación de brindar información para los sindicatos, cuestionada por el Sindicato de prensa y defendida por los diputados de Cambiemos.

 

 

 

El proyecto también dará 40 días de plazo para ir a la justicia a quienes no hayan obtenido información requerida; y obligará a los organismos a brindarla en formato “legible”, a partir de un reclamo de La Nación.data.

 

 

 

Los periodistas contaron como muchas veces la información es publicada, pero en un formato ilegible con clara intención de que nadie entienda.

 

 

 

Como adelantó LPO, el kirchnerismo no se opondrá pero intentará algunos cambios. Cuestionan el poder de la agencia de acceso a la información, que deberá solicitudes y será controlada por un director, designado por el Gobierno de turno.

 

 

 

La única concesión de Cambiemos es darle a ese funcionario carácter de subsecretario. Al igual que algunas ONGs, en el FpV pretenden que haya un cuerpo colegiado, plural y con acuerdo parlamentario. No parece la idea de la mayoría.

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