Carrefour promovería un juicio millonario contra la Comuna

El apoderado de la firma INC SA (Carrefour), Dr. Héctor Luis Argüello, le presentó una nota al intendente Pulti reclamando la suspensión de la ordenanza que regula la radicación de súper e hipermercados en el Partido de General Pueyrredon.

En el texto, al cual 0223.com.ar tuvo acceso, el apoderado explicó que "mediante la disposición del Subsecretario de Control del 10 de diciembre de 2008 se resolvió en forma intempestiva, arbitraria e ilegítima denegar a INC la habilitación municipal solicitada para desarrollar las actividades de Supermercado y Garaje Comercial en el local ubicado en la calle Córdoba n° 1830/42/46 de la ciudad de Mar del Plata, a pesar de encontrarse reunidos desde hacia casi cuatro meses todos los requisitos exigidos para que la Municipalidad extendiese la habilitación" del señalado emprendimiento comercial a tal fin se "utilizó como pretexto la sanción de la ordenanza n° 18788, publicada el 31 de diciembre de 2008".

Según Héctor Luis Argüello, la iniciativa del gobierno municipal "adolece de nulidad absoluta e insaneable en tanto se ha emitido con exceso de las facultades municipales; en abierta violación al derecho aplicable y con una finalidad desviada".

Y agregó que la pretendida aplicación retroactiva de la cuestionada norma es "un claro desconocimiento de los derechos adquiridos de INC y de sus legítimas expectativas, ambos constitucionalmente protegidos. Todo ello justifica también la tacha de inconstitucionalidad de la citada ordenanza, así como del acto de aplicación al caso de INC".

A reglón seguido, adelantó que la ordenanza "será objeto de oportuna impugnación judicial".

A su vez, destacó que "la aplicación de la ordenanza a INC en el marco de las presentes actuaciones ha ocasionado y continúa ocasionando perjuicios graves e irreversibles tanto a INC que se ha visto arbitrariamente impedida de iniciar las actividades comerciales del supermercado instalado en el domicilio citado, a pesar de haber cumplido con todo lo requerido a tal efecto, realizando una inversión millonaria al amparo de las normativas aplicables a su emprendimientos y los actos propios de la Municipalidad, como a los terceros directamente involucrados con el emprendimiento (empleados directos contratados; proveedores de servicios, etc) y los usuarios y consumidores en general, cuyos derechos e intereses legítimos también amparados constitucionales se ven igualmente afectados por la ordenanza y sus pretendidos efectos retroactivos sobre el establecimiento comercial objeto de las situaciones de referencia".

"En esas condiciones, la suspensión de los efectos de la ordenanza resulta indispensable a fin de impedir que se continúen generando e incrementando los graves perjuicios señalados supra cuyo resarcimiento deberá afrontar el Municipio y permitir que INC, así como los restantes terceros y consumidores en general, puedan ejercer, sin restricciones ilegitimas, sus derechos constitucionalmente amparados (que incluyen asimismo el normal desarrollo de otros proyectos de INC para la ciudad y la posibilidad de continuar contribuyendo al interés general del Partido), subrayó.

Por último, recalcó que "la medida que se solicita no afecta los intereses públicos sino que contribuyen a preservarlos y que los daños que provoca la aplicación de la ordenanza son de mayor trascendencia y gravedad a los que podría ocasionar su suspensión, circunstancia que confirma la procedencia del pedido".

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