Sucede que tras la viralización de un audio editado en el que se mezclaban las voces de un funcionario con la de personas que lo mencionaban en un aparente entramado de entrega de licencias de conducir por vías irregulares, los concejales se dirigieron a la Justicia requiriendo información sobre la investigación en curso bajo la carátula de “Osan Miguel Ángel y otros s/posible delito de acción pública” en la UFI Nº 30, aseguró a Cuatro Vientos el concejal Jorge Martínez.

El concejal presentó la nota que también habrían firmado las concejalesMaría Eugenia Ruiz, Graciana Maizzani, Carolina Robert y Andrea Cáceres. Consultados por el contenido de la nota ni Martínez ni la concejal Maizanni dieron detalles al respecto.

El hermetismo de los concejales tiene que ver con que la divulgación podría "entorpecer" la causa.

Desde el oficialismo fue el propio intendente Facundo López el que señaló la existencia de una "operación política" y mediática para instalar el tema en los medios, algo que a la luz de los hechos finalmente no sucedió.

¿Es una operación?

Los audios en los que se escucha la voz del director de Control Urbano, Maximiliano Bottiglieri y luego voces de terceros mencionando retrasos en una presunta entrega de carnets de conducir tuvieron origen desconocido, aunque un medio local aprovechó la viralización para "pegarlo" a un procedimiento que realizó la DDI por carnets de conducir apócrifos encontrados durante un allanamiento.

En definitiva, los audios publicados no estaban relacionados con el procedimiento en las oficinas de Control Urbano. La causa que llevó a la DDI al procedimiento en oficinas municipales estaba difusa y relacionada con tenencia de armas y narcomenudeo y encontró una punta en las licencias que decidieron investigar. Todo ese material fue entregado al Juzgado de Garantías y aún no ha sido peritado.

La Comuna informó en su momento que la causa por la que la DDI se dirigió al Centro Cívico estaba bajo la carátula “NN o varios s/estupefacientes - comercialización y otros”. A su tiempo, el concejal Martínez explicó que la causa por la que requerían información a la Justicia era por una denuncia de un tal Miguel Ángel Osan, que junto a otros hicieron su presentación por un "posible delito de acción pública".

Son causas diferentes que por mágica acción de la omisión, quedaron relacionadas, revelando la posible existencia de esta "operación política" mencionada desde el oficialismo.

La solicitud efectuada por los concejales a la justicia fue difundida ampliamente por un medio calificado de "extorsionador" por la propia Comuna. Aunque abundaron las quejas de ese medio con respecto al poco interés que generó su "investigación", lo cierto es que la poca claridad de los datos y la inexistente referencia a las fuentes hicieron imposible su seguimiento por parte del resto de los medios informativos de la ciudad.

Aunque los concejales decidieron mostrarse cautelosos al respecto, no escapa a las perspicacias que su presentación (en año electoral) representa un acto político que sigue la línea de los concejales opositores al respecto de numerosos temas en el HCD. Durante 2018 hubo sesiones enteras del cuerpo legislativo plagadas de pedidos de informe que no consiguieron mayores respuestas del Ejecutivo.

El concejal Martínez no descartó que luego de su petición a la Justicia haya una presentación como "particular damnificado", aunque aclaró que "por ahora no".