Las cien familias que compraron los departamentos del complejo Libres del Sud 2079, en la costa marplatense, todavía no pudieron escriturar. La constructora y la inmobiliaria están inhibidas. Para la Justicia, forman parte del entramado de más de 60 empresas utilizadas por el abogado porteño Carlos Salvatore para blanquear más de 1600 millones de pesos del narcotráfico. El expediente es un desprendimiento de la causa Carbón Blanco, en la que Salvatore está siendo juzgado junto a otros cuatro supuestos miembros de la banda por el envío de mil kilos de cocaína a Europa en 2012.

“Hay tres pilares del lavado de activos”, explicó a Infojus Noticias el abogado de la Unidad de Información Financiera (UIF) Alejandro Montiel, querellante en la causa. “Primero se observa una exteriorización patrimonial: compra de autos, casas, cuentas bancarias, etcétera. En segundo lugar hay una ausencia o insuficiencia de actividades lícitas que justifiquen esa exteriorización o ese nivel de gasto. Y en tercer lugar está la vinculación con ilícitos precedentes, que la persona esté involucrada en causas penales donde se involucran delitos de naturaleza patrimonial, es decir que se realizan para ganar dinero. En el caso de Salvatore se dan los tres”, detalló.

El expediente tramita en el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, Chaco, a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger, que también instruyó la causa por narcotráfico. En abril, la magistrada procesó a Salvatore y parte de su núcleo familiar: su hija Carla Yanina Salvatore, su esposa Silvia Ferrer Valles, su suegro Santiago Valles. También al empresario Ricardo Gassan Saba y al abogado Mariano Castellucci. Los seis están acusados del delito de  “lavado de activos de origen delictivo”.

Niremperger, además, impuso un embargo por más de 1633 millones de pesos. “Algo inédito en la historia judicial argentina. Nunca se embargó semejante cantidad de dinero en el marco de una casusa penal”, explicó el titular de la Procelac, Carlos Gonella.

Narcotráfico y lavado

Los investigadores creen que la organización que supuestamente lideraba Salvatore comenzó a contrabandear drogas en 2005. Entre mayo y junio de ese año, empleados de aduana del puerto de Valencia (España) interceptaron dos embarques con 1008 kilos de cocaína. Al igual que en la causa Carbón Blanco, la droga iba escondida en bolsas de carbón vegetal. Los envíos habían partido de Campana, en la provincia de Buenos Aires. El expediente en Argentina está paralizado. El abogado porteño, señalado como uno de los cerebros detrás de esa operación, nunca llegó a ser indagado.

Desde el primer envío fallido al puerto de Valencia hasta hoy los sabuesos calculan que la organización habría enviado unas diez toneladas de cocaína a Europa. Cada kilo, que en Argentina tiene un precio de aproximadamente 4 mil dólares, en el viejo continente vale entre 50 mil y 80 mil euros, detallaron fuentes judiciales.

Para la jueza Niremperger, el dinero habría reingresado a la economía formal a través de una ingeniería de blanqueo de la que formaba parte la familia de Salvatore y varios allegados. La estructura, que involucraría unas 60 empresas, “data al menos de 2005 y continúa hasta hoy”. El objetivo: “dar apariencia de licitud a las ganancias originadas en las actividades de exportación ilegal de clorhidrato de  cocaína”, explicó la jueza en el procesamiento.

En 2005, Salvatore era dueño de los restaurantes Katrine (Puerto Madero) y K&SO (Palermo), las empresas Abuela Clementina SRL y Casilugi Corporation, utilizadas para la compra y venta de inmuebles, y algunos vehículos. Con el paso de los años la estructura empresarial se fue perfeccionando. Según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) “hacia el 2010 ya poseía participaciones en el rubro inmobiliario, construcción, audiovisual y gastronómico, entre sus inversiones más significativas”. Un factor común de estas firmas es la “escasa, cuando no nula, existencia de empleados”, según se señala en el expediente.

Las maniobras inmobiliarias y financieras

La causa judicial por lavado de dinero nació en noviembre de 2013. Una investigación de la UIF, el organismo que comanda José Sbatella, detectó cuatro reportes de operaciones sospechosas que involucraban a Salvatore y su entorno. A partir de esa información, la Procunar presentó una denuncia en la fiscalía federal de Roque Sáenz Peña que permitió avanzar en la ruta del dinero.

Según los informes, en enero de 2006, Esteban Fernando Croitoru -yerno y socio de Salvatore- compró una casa en el barrio porteño de Caballito por 86 mil pesos. Lo vendió cuatro meses después en 144.713. En abril de ese año Salvatore compró –con fondos que nunca justificó- un inmueble en Lomas de Zamora en 350 mil dólares y lo vendió a más de un millón. En julio el inmueble fue tasado en 4.900.000 pesos. El abogado aportó la propiedad a la empresa uruguaya GEMA ZÜD Investment Corporation S.A, que a su vez capitalizó como aporte de capital en la empresa Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. De esa manera, Salvatore se convirtió en el titular del 99,95 por ciento de las acciones de la aseguradora.

“Lavar plata de esta manera, con la compra y venta de inmuebles, es una de las tipologías estandarizadas en materia de lavado de activos”, explicó Montiel. “Así se logra incluir en el patrimonio dinero en negro”, agregó el abogado querellante.

Los reportes también revelaron que en 2011 la cuenta de Puré Visión S.A -una de las “firmas pantalla”, según el expediente- registró depósitos irregulares por 657.984 pesos. La empresa, dedicada a la importación de sandalias de Goma Eva, tenía un solo proveedor en el exterior: New Support Services Inc, de Miami, Estados Unidos. Dos accionistas de la empresa están imputados en una causa en Argentina por contrabando y asociación ilícita.

En 2013 la cuenta bancaria de la empresa Saint Maxime S.A, propiedad de Salvatore, registró un ingreso injustificado por 259.074 pesos. “Insertar dinero negro en una cuenta bancaria también es una manera estandarizada de insertar dinero en el mercado formal”, explicó Montiel.

La mano derecha de Salvatore y la inversión inmobiliaria 

La empresa NS construcciones S.A es una sociedad de Salvatore con Antonio Nicolosi, un empresario condenado en los 90 por una millonaria estafa inmobiliaria. Salvatore defendió a su socio en el juicio y continuó el emprendimiento tras su caída.

A través de NS construcciones y otras empresas, Salvatore levantó nueve edificios en Mar del Plata. El abogado delegó el manejo de los negocios inmobiliarios en un amigo “de larga data”: Ricardo Gassan Saba, de 55 años. El hombre también se hizo cargo del manejo de empresas en Buenos Aires y en Estados Unidos.

Gassan Sabba sumó a los negocios a Mariano Castellucci, asesor del bloque radical del Concejo Deliberante y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El hombre cumplía dos requisitos importantes: era un abogado reconocido en el ambiente empresario marplatense y formaba parte del círculo de confianza de Gabban Sabba.

Cuando Castelluci se hizo cargo de los aspectos legales de las empresas de Salvatore, “los edificios estaban paralizados y existían serios riesgos de tener que demolerlos en todo lo construido antirreglamentariamente”, según declaró el joven abogado. “Gestiones personales, profesionales mías y de  Sabba generaron que la Municipalidad dejara sin efecto las ordenes de demolición y aplicara multas como mecanismo de resarcimiento”, explicó.

Según el expediente, Salvatore también delegaba sus negocios inmobiliarios en su hija, Carla Yanina Salvatore, que en 2010 creó la inmobiliaria CEC BROKER.

Varios de los clientes que compraron los departamentos fabricados por el Grupo Salvatore aún no lograron escriturar. Es el caso de quienes compraron unidades de Libres del Sud 2079, un edificio con vista al mar ubicado en la zona de Constitución, en Mar del Plata. La empresa constructora y la inmobiliaria, que formarían parte del entramado de blanqueo, están inhibidas.

Otros rubros

Los investigadores de la UIF y la Procelac aún no terminaron de analizar toda la información secuestrada en los 39 allanamientos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)  realizó en marzo de este año en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, Santiago del Estero. Sin embargo, algunos documentos permiten sospechar que Salvatore también invertía en otros rubros, como el fútbol, la industria cinematográfica o el negocio de la salud.

La Justicia investiga la compra y venta de inmuebles a través del club de fútbol Real Arroyo Seco. La entidad fue fundada y presidida por Patricio Gorosito. Su manager era Héctor Roberto. Ambos están siendo juzgados por narcotráfico junto a Salvatore en la causa Carbón Blanco.

A través de las empresas CS Entertainment y Manos Digitales Animation Studio, Salvatore y su esposa gastaron 700 mil dólares en la producción del cortometraje infantil “Plumíferos”. Otros 125 mil pesos supuestamente producto del narcotráfico habrían reingresado en la economía formal a través de la “Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes”.