De cara a 2011, el Gobierno quiere triplicar los planes sociales

Busca llegar a 300.000 beneficiarios; para la oposición, es puro clientelismo.
Representa la piedra angular del clientelismo político, según la visión unánime de la oposición y de la Iglesia. Es también el botín político más preciado de los grupos piqueteros leales y de los que están enfrentados con la Casa Rosada. Pero el Gobierno no repara en esos cuestionamientos: al contrario, de aquí a 2011, año en que el kirchnerismo se jugará su futuro político en las elecciones presidenciales, se propone triplicar el alcance del controvertido plan Argentina Trabaja, destinado a los desempleados y cooperativistas de todo el país. Es decir, pasar de los 100.000 beneficiarios que hay hoy a 300.000, en poco más de 12 meses.

Esta es la meta que se fijó la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y que comparte su cuñada, la presidenta Cristina Kirchner. Según confiaron a LA NACION dos fuentes calificadas de la Casa Rosada, la intención del Gobierno es potenciar el plan Argentina Trabaja en los grandes centros urbanos del interior: en Córdoba capital, el Gran Rosario, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y San Salvador de Jujuy. Hasta ahora ese programa estuvo centralizado en el conurbano bonaerense.

"Estamos convencidos de que el plan Argentina Trabaja es el mejor paliativo que hay contra la desocupación porque articula el aporte de las cooperativas con las necesidades de los municipios", reflexionó ante LA NACION uno de los funcionarios encargados de elaborar la ingeniería presupuestaria del plan.

En rigor, la decisión de triplicar su alcance ya está acordada entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Casa Rosada. A los 1200 millones de pesos que se le destinaron en el presupuesto de 2009 se le sumarán 1500 millones este año y un monto similar en 2011.

El presupuesto global de ese programa se usa casi en un 80% para pagar los 1200 pesos mensuales que recibe cada cooperativista; el resto va a la compra de herramientas de trabajo. A las tareas de obra pública de los municipios que se hacían hasta hoy el Gobierno quiere sumar, en una segunda etapa, el trabajo de los cooperativistas en la reparación de hospitales y escuelas.

En caso de que no se llegue al presupuesto esperado o de que aumente más de lo estimado el número de beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo Social -según las fuentes oficiales- cuenta con la posibilidad de que haya una reasignación de partidas de otros ministerios, mediante el uso de los superpoderes que tiene el jefe de Gabinete.

Cuando la Presidenta lanzó el plan Argentina Trabaja, el año pasado, dijo que contemplaba la puesta en marcha de 100.000 puestos de trabajo. Pero en un acto que realizó hace diez días en La Matanza, Cristina Kirchner anunció que el plan había superado "ampliamente las expectativas". Justificó así el aumento de beneficiarios en 128.900 personas. Con todo, en el Ministerio de Desarrollo Social dijeron a LA NACION que, de esa totalidad, "el 20% está observado". Es decir, que no cumpliría con los requisitos básicos para recibir la ayuda, porque ya reciben asistencia de otros planes sociales.

En aquel acto de La Matanza, Cristina Kirchner advirtió: "No permitan que nadie venga a reclamarles un agradecimiento, no permitan que nadie venga a decirles que gracias a esto o aquello obtuviste esto, que nadie les pida nada que no sea trabajo".

¿Fueron las palabras de la Presidenta una defensa abierta a los ataques que recibe este plan? ¿Se trató de un adelanto de la estrategia de triplicar este programa de ayuda social con vistas a los comicios de 2011?

Nadie sabrá responder esto con exactitud. Lo concreto es que la idea de triplicar el plan Argentina Trabaja coincidirá con las elecciones de 2011 y tanto la Iglesia como la oposición sospechan de las intenciones electorales de esta estrategia.

La mayor muestra de que el plan está claramente focalizado en determinados sectores es la dura disputa que se desarrolla en estos días en la calle de parte de los grupos piqueteros que cuestionan a la Casa Rosada, pero que, a la vez, reclaman beneficios y apuntan al Movimiento Evita, que es el sector alineado al Gobierno que más ayuda recibe. Pero la distribución discrecional se reitera también en algunos municipios del conurbano de color peronista, en detrimento de otras comunas opositoras (ver aparte).

La Iglesia

"La Iglesia no va a participar ni ayudar en este plan de cooperativas porque creemos que se sigue una lógica de focalización que lo único que hace es potenciar el clientelismo por más que no haya intenciones del Gobierno en hacer esto", dijo a LA NACION un destacado referente de Cáritas Argentina, la entidad de la Iglesia que se dedica a atender a familias en situación de pobreza.

Este pensamiento se repite en todo el abanico opositor. Héctor "Toty" Flores, diputado de la Coalición Cívica y dirigente de una cooperativa del barrio La Juanita, de La Matanza, que siempre se negó a recibir ayuda social del Estado, reflexionó: "El plan de cooperativas es el mayor ejemplo de perversión en materia de clientelismo político, porque sirve para que los intendentes hagan caja y para que algunos grupos piqueteros sigan atados al subsidio".

Desde la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), el diputado Claudio Lozano refutó las intenciones del Gobierno con números. "Si los Kirchner tuvieran intenciones reales de que hubiera un programa de ayuda a los desocupados deberían extender el plan a los 700.000 desempleados que hay en el conurbano y no se ocuparían en elegir sólo a los 100.000 que más les gusta", advirtió Lozano.

El diputado del peronismo disidente y ex ministro de Desarrollo Social Eduardo Amadeo no sólo cuestiona el plan por sus vicios clientelares, sino porque no existe un parámetro de medición del impacto real de ese programa. Ante ello, Amadeo presentó un proyecto de ley que impulsa una evaluación obligatoria de todos los programas sociales y la creación de una Agencia Social de Evaluación para someter a una rigurosa evaluación periódica y obligatoria del impacto que tienen los planes sociales.

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