Capitanich vetó los 230 millones para excombatientes de Malvinas

La falta de sintonía entre el gobierno provincial y la mayoría rozista que maneja la Legislatura volvió a quedar expuesta, con tres vetos que Jorge Capitanich dictó para sendos proyectos votados en la Cámara de Diputados. Se trata de las iniciativas para el "resarcimiento histórico
" a excombatientes en Malvinas, un nuevo aumento de fondos para municipios y la libre asociación sindical.

El veto a la ley sobre los veteranos de la Guerra de Malvinas era un hecho, ya que el gobierno venía advirtiendo que la norma tendría, en caso de ser aplicada, un costo del orden de los 230 millones de pesos para el Estado provincial, algo imposible de asumir en las condiciones presupuestarias actuales.

"La presente norma implica un gasto no previsto en el presupuesto general del a provincia, por lo que resulta inaplicable atento ala vigencia de la ley nacional 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal a la cual la provincia adhirió por ley 5483, y que establece medidas que deben cumplirse en materia del gasto público, en este caso la ley en cuestión no cuenta con financiamiento para su aplicación, ya que no está incluido en el presupuesto para el ejercicio 2009", dice el gobernador al comunicar a la Cámara su decisión.

También señala que la norma "no ha creado los recursos con los cuales se financiará el gasto, por lo que es violatoria a las disposiciones constitucionales y legales (artículo 57 de la Constitución Provincial y artículo 141 de la ley 4787, de Administración Financiera)".

Fondo Federal Solidario

Capitanich también dictó un veto total para la sanción legislativa 6.335, referida a la distribución del Fondo Federal Solidario, conocida como "distribución de las retenciones a la soja". El rozismo quiere que esos recursos sean en un 50% para la provincia y el otro 50% para los municipios, ya que la Alianza maneja las principales intendencias, entre ellas la de Resistencia.

El Ejecutivo dice que "la norma que se pretende es innecesaria, pues el Poder Ejecutivo Provincial ha dictado el decreto 570/09 de adhesión al decreto nacional 206/09 y el decreto 570/09 que establece en su artículo 2º el destino de los fondos a los municipios que adhieran y donde se establece que el mecanismo de distribución conforme los índices fijados por la Ley Provincial 3188 Fondo de Participación Municipal del 30% del total de los fondos que a la provincia se destinen por su adhesión al Fondo Federal Solidario".

"Es decir --explica-- que el porcentaje de distribución de los fondos se encuentra claramente establecido en el instrumento legal mencionado precedentemente, conforme las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por la Constitución Provincial (1957-1994)".

Además plantea que "el Poder Legislativo se arrogó facultades que por la Constitución y las leyes han sido acordadas al Poder Ejecutivo, por lo cual si se aprobara el texto legal propuesto, se estaría violando el artículo 5º de la Constitución provincial que establece: ‘Los poderes públicos no podrán delegar sus atribuciones ni los magistrados y funcionarios, sus funciones, bajo pena de nulidad. Tampoco podrá arrogarse, atribuir, ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las leyes que en consecuencia se dicten".

Asociación libre

Otro veto total fue para el proyecto que pretendía establecer que todos los trabajadores estatales podían constituir libremente asociaciones sindicales "para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales que se relacionan con sus condiciones de vida y de trabajo".

Capitanich, en su nota a la Cámara, dice que una ley semejante es innecesaria "ya que el goce del derecho allí establecido se encuentra contemplado en la Constitución nacional (artículo 14 bis) y en la Constitución Provincial (artículo 29, inciso 12) tema este que reviste el carácter de Orden Público y constituye un derecho de índole constitucional".

"Además --agrega-- la ley 23551 que regula a las Asociaciones Sindicales expresamente establece en su artículo 2º que ‘las Asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley’".

Paralelamente aclara que "por otro lado la específica limitación a los trabajadores del sector público (artículo 4º de la ley 4787 altera el contenido del artículo 10º de la ley 23551 en especial en su inciso c) ya que todos los trabajadores del sector público prestan servicios para una misma empresa que no es otra que el Estado Provincial, único ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, siendo éste conjuntamente con el Estado Nacional y los Municipios quienes revisten el carácter de Persona Jurídica derecho público (artículo 33 del Código Civil)".

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