La capital pide discutir la deuda, ítem por ítem

La capital pide discutir la deuda, ítem por ítem
El secretario de Hacienda del municipio, Silvio Bellomío, aseguró que durante la gestión del intendente Domingo Amaya no se generaron nuevos pasivos, e insistió en que la administración capitalina alcanzó la autonomía financiera. “La decisión de continuar dentro del Pacto Social es política”, planteó. La deuda equivale ahora al 30% del Presupuesto municipal

El cortocircuito entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Provincia por el uso de los fondos capitalinos derivó ahora en un cruce para determinar de cuánto es la deuda global de la ciudad.

El lunes, el gobernador, José Alperovich, había estimado el pasivo de la administración del intendente Domingo Amaya en unos $ 590 millones. De esa manera, el Poder Ejecutivo había respondido a un pedido público (formulado vía LA GACETA) de la Municipalidad. Mediante el secretario de Hacienda, Silvio Bellomío, el amayismo había reclamado a la Provincia el envío de unos $ 170 millones. Según el funcionario, esos fondos pertenecen a la capital y provienen de la coparticipación de impuestos y de la recaudación propia, pero permanecen retenidos por el Poder Ejecutivo desde 2013. Bellomío había detallado que ese dinero se compone por saldos en favor de la Municipalidad, que firmó con el PE el Pacto Social. A través de este convenio, el Gobierno se hace cargo del pago de salarios de los empleados -Pacto Sueldo- y/o de la ejecución de obras -Pacto Obras- en los municipios que lo suscriban, mientras que estos resignan los fondos que les corresponden por coparticipación. A criterio del municipio, la Provincia le gira mensualmente sólo unos $ 60 millones, pese a que le retiene poco más de $ 70 millones por mes por la cesión de la coparticipación y la recaudación tributaria.

Ayer, el secretario de Hacienda municipal reforzó el reclamo municipal. “Las conversaciones son permanentes y se trata de conciliar las diferencias a favor del municipio originadas durante 2013 y el primer trimestre de 2014 con las deudas contraídas por gestiones municipales anteriores y determinar cuál es el monto actual de esas deudas, distinguiendo entre los conceptos capital e intereses”, enfatizó Bellomío.

¿La deuda de la Municipalidad es de $ 590 millones, como dice el Gobierno?, se le preguntó. “No coincido con esos valores. También la deuda se tiene que discutir ítem por ítem”, respondió el funcionario de la Intendencia.

De inmediato, Bellomío aclaró que durante la gestión de Amaya no se generaron nuevos pasivos. “Las deudas que la Municipalidad mantiene con el Gobierno provincial se originaron en gestiones anteriores y la administración de Amaya ha adoptado todas las medidas para lograr la cancelación progresiva de las obligaciones anteriores”, remarcó. Incluso, dijo, en los últimos 11 años “se cumplieron todas las obligaciones contraídas por la Municipalidad durante el amayismo y se cancelaron parcialmente las obligaciones provenientes de mandatos anteriores”.

Según estimaciones extraoficiales del municipio, la deuda global ronda los $ 530 millones, cifra menor a los $ 590 millones que reclama la Provincia. “El nivel de endeudamiento municipal, al inicio de la gestión de Domingo Amaya, era de un 450% con respecto al presupuesto anual. En cambio, las obligaciones pendientes a 2014 equivalen a un 30% de un presupuesto anual”, comparó Bellomío. Actualmente, el presupuesto municipal ronda los $ 1.700 millones anuales.

El secretario de Hacienda, en tanto, insistió en que el amayismo cumplió con los objetivos planteados en el Pacto Social. “El intendente ha reordenado y saneado sus finanzas, no ha incrementado la planta de personal y se encamina hacia el equilibrio fiscal”, manifestó el ex funcionario del municipio de Yerba Buena. Finalmente, aclaró que la decisión de la Municipalidad de continuar dentro del Pacto Social con la Provincia obedece a una decisión estrictamente política del intendente Amaya. “La Municipalidad es capaz de autofinanciarse desde hace más de dos años”, sentenció Bellomío.

“El gobernador no obliga a nadie a quedarse en el Pacto Social”, le había reclamado el lunes el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, al intendente. “En 2003 la capital tenía afectada el 100% de la Coparticipación. Ahora va camino al desendeudamiento. Además, de los fondos que van a los municipios, el 50% se lo queda la capital”, había completado el funcionario del Poder Ejecutivo provincial.

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