Cano demanda que Jaldo diga cuánto le dieron a cada municipio desde 2007

Llegó a la Cámara la polémica acerca de si el PE discrimina a Simoca.
La polémica desatada en la Municipalidad de Simoca, tanto en la intendencia como en el Concejo Deliberante, respecto de si el Gobierno de José Alperovich discrimina a esa administración en lo referido a la asignación de recursos públicos, tiene ahora rango parlamentario.

El legislador radical José Cano requirió formalmente que se envíe un pedido de informes al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, para que brinde un detalle exhaustivo sobre los fondos que se remiten al interior de la provincia.

"Sospechamos que Alderetes, Bella Vista y Trancas tienen privilegios en la asignación de dinero. Y que Alberdi, por ejemplo, llegó a ejecutar durante 2008 el doble que Simoca, pese a que ambas son municipalidades de segunda categoría", manifestó el senador electo a LA GACETA.

Cano quiere que Jaldo precise sobre los movimientos del Fondo Fiduciario para Municipios y Comunas que es administrado por la Caja Popular de Ahorros. "Esto incluye el detalle de sus ingresos desde que fue creado y la cantidad transferida a cada municipio y a cada comuna", puntualizó.

El radical, además, quiere que el Ministerio del Interior exponga la situación de endeudamiento de cada administración local, así como el grado de afectación de la coparticipación.

Además de reclamar las ejecuciones presupuestarias de Alderetes, Bella Vista y Trancas correspondientes a los últimos tres años, Cano reclama, también, que se haga público el listado oficial de todas las designaciones de personal que se han realizado en las 93 comunas rurales, a partir de octubre de 2007. "Queremos determinar que la gente que cobra en esas administraciones del interior reside, efectivamente, en esos pueblos y, por lo mismo, que las delegaciones no se han convertido en una bolsa de trabajo de punteros de toda la provincia a los que se nombran en cualquier parte. Por eso, pedimos que se consigne cuál es el domicilio de cada uno, ya que, en principio, habría alrededor de 1.000 nuevos agentes", consignó.

"Hay que tornar transparente la asignación de recursos y conjurar cualquier manejo discrecional del Ministerio del Interior hacia los municipios y las comunas", afirmó el opositor. Y recordó que la UCR exige redefinir la distribución de fondos, para que se priorice a las poblaciones con mayores índices de pobreza y de desocupación.

Comentá la nota