La detención (y posterior liberación) de los concejales Federico Labarthe -jefe de la estación del INTA local- y Gustavo Raising, en el distrito de Tornquist, acusados de tenencia de marihuana, generó la reacción de los vecinos del municipio que comanda el intendente Sergio Bordoni (Cambiemos).

La orden fue dada por el fiscal bahiense Mauricio del Cero, mientras ciudadanos y dirigentes de la mismísima oposición aseguran que lejos están de ser narcos. Por el contrario, en el pueblo, todos conocen que ambos acuden a la delegación local del INTA para recoger aceite de cannabis, que legalmente se elabora allí, para repartir entre las muchas familias que cuentan con algún familiar que sufre una patología y necesita ese elemento para mejorar su estado de salud.

La noticia, que ocupó rápidamente las portadas de los medios, reabrió el debate sobre el uso de la marihuana como elemento medicinal, que está penalizado por la legislación argentina, ante un mundo que cada vez reconoce el aporte de la hoja del cannabis para el tratamiento de la epilepsia refractaria, la esclerosis múltiple y otras tantas afecciones.

“Acá no hay nada que ocultar, sabemos quién es quién. Estamos apoyando a alguien que estaba ayudando a la gente”, aseguró el alcalde de Juntos por el Cambio, el mismo partido al que pertenecen los ediles. En concreto, refirió a La Tecla que Labarthe, por ejemplo, viene luchando hace años, mucho antes de ser concejal, para que se legalice el uso del aceite de cannabis.

La cuestión está, una vez más, centrada en la pantanosa legislación argentina, que pone a quienes practican el autocultivo al borde de la cárcel. Es que la investigación médica y científica del uso medicinal de cannabis dio un paso adelante con la sanción en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación de la ley Nº 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de cannabis. Pero choca, aseguran los expertos, con la actual Ley de Drogas, la 23.737, por la que los autocultivadores y los cultivadores solidarios, que suministran el aceite y las flores a los pacientes, corren el riesgo de ser allanados y quedan expuestos a ser condenados con la misma escala penal que un narcotraficante.

Pedro Pianta es juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Lomas de Zamora y padre de un joven con epilepsia refractaria. Hace años trabaja por el uso legal del autocultivo con fines medicinales. “Una precisión que tenemos que hacer es que quien cultiva para un fin terapéutico no está cometiendo ningún delito. Fundamentalmente porque una de las condiciones para que una conducta constituya un delito es que lesione o sea un peligro (no absolutamente abstracto) a un bien jurídico legalmente protegido. Y los cultivadores solidarios, los que hacen un aceite con un fin terapeútico, no lesionan ningún derecho”, asegura el letrado.

Pianta recordó que cuando se debatió en comisiones el proyecto de ley que dio luz verde a la investigación con cannabis medicinal participaron representantes de la comisión de Seguridad Interior. “Estaban ahí, con chicos de 4 o 5 años que contaron sus progresos por los tratamientos con el cannabis. Una locura, ridículo. Y yo les decía: ‘Ustedes no tienen nada que hacer acá’”.

En cuanto a la legislación, sostiene que la ley 27.350 fue reglamentada de manera restrictiva, por lo que impide el avance en el uso del cannabis medicinal para ciertas patologías. Y que eso traba, en parte, el desarrollo de los trabajos en provincias o municipios que adhirieron a la ley nacional. Así, un cultivador solidario podría ir a la cárcel, y su destino estaría en manos de la interpretación de un juez.