Si se alcanzara una reestructuración generalizada de los bonos bajo legislación externa en el marco de la última oferta oficial y el canje local fuera aceptado por el conjunto de los acreedores, el Gobierno conseguiría una quita total en los servicios de deuda de USD39.500 millones, es decir, del 21,2% respecto del actual perfil de vencimientos en moneda extranjera. Para la próxima década, el alivio en los pagos alcanzaría los USD58.000 millones y se ubicaría algo por encima del piso de USD55.000 millones planteado por el FMI en su análisis de sustentabilidad.

Los números surgen de la presentación que hizo el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, en la comisión de presupuesto del Senado del proyecto de canje local, que será tratado en el recinto la próxima semana, y de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El actual perfil de vencimientos estipula pagos totales en servicios de deuda por USD186.207 millones. Con dos reestructuraciones exitosas, se reduciría a USD146.699 millones.

La clave de esa disminución pasa por el recorte del 54,2% previsto en los intereses a saldar. En cambio, a pesar de la quita promedio del 1,9% pautada para el capital en ambos casos, el valor nominal adeudado de principal se incrementaría en un 2,6% (unos USD2.800 millones) debido a la capitalización de los intereses devengados impagos a través de un nuevo título, que incluyen las propuestas externa y local que el Ejecutivo diseñó en términos equitativos.

A pesar de que el Gobierno redujo de tres a un año el período de gracia propuesto desde la oferta inicial de abril hasta la actual, el grueso del alivio en los pagos se concentra en los próximos cuatro años, cuando se concentra el grueso de los vencimientos legados por Cambiemos. Crecer para pagar es la premisa oficial. Entre 2020 y 2024, la quita alcanzaría los USD57.500 millones. Esto se debe al ofrecimiento de cupones escalonados que comienzan en el 0,125% y crecen paulatinamente hasta alcanzar un máximo del 5% en algunos bonos.

Los desembolsos empezarían a crecer en 2025, cuando comenzarían las amortizaciones de capital. Y entre 2028 y 2035 los servicios de deuda comprometidos serían superiores a lo dispuesto en el perfil actual. La mayor carga se concentrará entre 2028 y 2030, con obligaciones anuales de alrededor de USD14.000 millones, sin incluir los vencimientos con el FMI y otros organismos, cuyos préstamos serán reestructurados una vez que se realicen los canjes con los acreedores privados.

Esos años, según un cálculo de la consultora ACM en base a las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno y un supuesto de rediseño del stand by con el Fondo, las necesidades financieras en moneda extranjera podrían superar el techo del 3% del PBI sugerido por el propio organismo como otro de los parámetros para definir un esquema de deuda sostenible.

Esto mantendrá, aún con la reestructuración, un importante peso sobre las cuentas públicas. La pregunta es si bastará el ritmo de crecimiento y el superávit externo para cubrir esos pasivos o si presionará por un ajuste del gasto. Un tema que estará sobre la mesa a la hora de negociar el nuevo programa con el FMI.

La pulseada con los acreedores externos se encuentra en momentos decisivos. Como contó BAE Negocios, el Gobierno trabaja en concesiones legales, principalmente en límites a la estrategia pac-man de canje parciales sucesivos por pedido de los bonistas, en busca de que los fondos más duros acepten su oferta económica de USD53,5 de valor presente neto, que pretende ser la última. El plazo de suscripción vigente cierra el 4 de agosto aunque podría extenderse hasta finales de ese mes. 

El proyecto de canje local, se descuenta, será aprobado con facilidad. En ambos casos, la fecha de liquidación del canje será el 4 de septiembre.

Trato equitativo, con matices

El Gobierno respectó sus palabras y propuso términos equitativos para la reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación argentina respecto de la oferta vigente para la los bonos con jurisdicción extranjera. La estructura de nuevos títulos ofrecidos es casi igual y el período de gracia y el recorte de capital es el mismo.

Sin embargo, hay algunos matices. Por caso, el cupón promedio de los bonos ley local pasarían del actual 7,6% al 2,4%, una reducción algo superior a la que tendrán los títulos ley extranjera, que bajarían del 6,3% al 3,1%. Con todo, la quita de intereses sería mayor en los segundos (60% vs 33%) debido en parte a la mayor extensión de su perfil actual: bajo jurisdicción argentina no hay bonos tan largos como el Centenario y los Globales 2046 y 2048 emitidos por Cambiemos, que devengan intereses durante una gran cantidad de décadas.

Por ese mismo motivo, mientras que los instrumentos con ley local duplicarían su vida promedio (de cinco a diez años), en los bonos con jurisdicción foránea esta se mantendría en 12 años.

Además, en el canje local los acreedores contarán con la posibilidad de pesificar sus tenencias a través de nuevos bonos ajustados por CER (inflación). Esta variante no forma parte de la oferta externa. El objetivo es desolarizar parte de los pasivos y los incentivos dispuestos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, son vencimientos más cortos que la opción en dólares y la ausencia de quita de capital. En lo que va de 2020, el Palacio de Hacienda ya pasó a pesos casi USD8.000 millones en letras y bonos.