El PE cancelará deudas de la Nación por $ 6 millones

“Advierto que podemos sentar un peligroso precedente si otorgamos $ 400.000 a quienes están usurpando terrenos”. De este modo reaccionó José Cano (UCR) ante la iniciativa que promovía destinar ese monto a ocupantes de tierras afectadas por la traza de la ruta Nº 302. El proyecto, que beneficiará a siete familias, fue aprobado con el voto de la bancada oficialista. Regularizan unas 4.000 familias sus propiedades

La Provincia adelantará fondos a Vialidad para reactivar obras en rutas. Siete familias serán reubicadas

La ratificación de convenios suscritos en 2006 y en 2007, entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) e idéntico organismo nacional, fue un punto que generó debates entre oficialistas y opositores, durante la sesión de la Legislatura de ayer. La iniciativa, presentada por los legisladores Roque Alvarez, José Teri y Oscar Godoy, entre otros, se completaba con el pedido de autorización para que la Provincia otorgue un anticipo de hasta $ 6 millones a la DPV, para que pueda saldar deudas por certificados de obra vencidos. El motivo de estos vencimientos es la demora en el envío de los fondos, por parte de la Nación.

En voz de Alvarez, presidente del bloque alperovichista Tucumán Crece, el oficialismo afirmó que el adelanto del dinero perseguía un doble objetivo: por un lado, evitar que las obras se detengan o se demoren durante los meses estivales y, por el otro, evitar las eventuales demandas contra el Estado provincial, que podrían promover las empresas constructoras a las que se les adeuda el pago por los trabajos ya realizados en las rutas Nº 323, 325 y 307.

“Hay cuestiones fácticas antes que técnicas: las obras se están realizando con financiación que llega de la Nación, pero que sufrió un retraso. No queremos que la impasse de esta época provoque demoras en las obras. Cuando lleguen los fondos nacionales, la DPV devuelve el dinero a la Provincia”, sintetizó Alvarez.

Objeciones

Desde la oposición, José Cano (UCR) ironizó sobre la necesidad de que la Legislatura ratifique un convenio que se encuentra en funcionamiento. “Si el acuerdo está vigente, ¿qué vamos a ratificar?; en todo caso, al menos que se informe el estado de los trabajos o cuáles son las empresas a las que se adeuda dinero”, reclamó Cano.

El radical pidió, además, que se clarifiquen conceptos tales como el de autarquía. “Ustedes (dirigiéndose al oficialismo) son contradictorios. Al Subsidio de Salud se le dio $ 89 millones sin que ratifiquemos nada; y ahora, a la DPV, que es otro ente autárquico, debemos ratificarle convenios por $ 6 millones. Debemos definir autarquía”, expresó.

Sisto Terán (PJ) aclaró, entonces, que la autarquía no exime a la Provincia a ratificar los convenios que firme la DPV. “Máxime cuando esta autarquía no implica independencia económica”, señaló. Y en respuesta al cuestionamiento que le formuló Ricardo Bussi (FR), sobre si el cuerpo parlamentario deberá ratificar otros convenios suscritos por otros entes autárquicos, Terán fue tajante: “salvo con la Caja Popular de Ahorros, que tiene autonomía financiera, sería razonable que así ocurra”.

Teri, referente del gremio de Vialidad, agregó que la urgencia tenía que ver con el hecho de que las obras guardan relación con el meteoro que afectó a Tucumán en enero de 2007.

Los opositores Cano, Esteban Jerez (bloque Juan B. Alberdi), Ricardo y Luis José Bussi (FR) optaron por abstenerse. Osvaldo “Renzo” Cirnigliaro (Laborista), en cambio, prefirió votar en contra del proyecto.

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