canals Conflicto de poderes llega al Tribunal Superior

El intendente Fernando Wingerter se niega a subir 30% los salarios municipales tal como lo dispuso el Concejo Deliberante. Asegura que los ediles se excedieron en sus atribuciones, poniendo en riesgo las finanzas locales.

CANALS - El aumento salarial del 30% otorgado por cinco de los siete concejales al personal municipal, no sólo puso en jaque las finazas de estado local, sino que además, abrió las puertas para que el intendente Fernando Wingerter recurra al Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de plantear un conflicto de poderes con el órgano legislativo comunal.

Este conflicto, inédito para la historia institucional reciente de Canals, se produjo a partir de la división que experimentó el bloque oficialistas de concejales de Unión por Córdoba dentro del Concejo Deliberante.

Si bien la relación interna entre los diferentes ediles y el jefe comunal ya había sufrido un resquebrajamiento profundo en los últimos meses, la gota que colmó el vaso fue la aprobación de este incremento salarial, que supera todas las posibilidades de pago de la Municipalidad.

Como el intendente Wingerter vetó la ordenanza, los cinco concjales- dos del oficialismo y tres de la oposición- la insistieron, de modo que la medida quedó firme.

Según reconocieron diferentes fuentes del Departamento Ejecutivo, en el transcurso de esta semana se presentará un recurso ante el máximo tribunal de justicia de Córdoba para que intervenga y resuelva este conflicto de poderes.

Wingerter y sus colaboradores entienden que el Concejo Deliberante se excedió en sus atribuciones, aplicando un incremento que en nada se compadece con el estado de las finanzas municipales.

En este contexto debe recordarse, que hace pocos meses, la comuna otorgó a sus empleados una suba del 18%, como compensación hasta fin de año.

Sin embargo, ahora los ediles aprobaron el nuevo aumento, que determinó un acumulado de casi el 50% para todo el año.

Wingerter pretende lograr un fallo favorable del Tribunal Superior, en el sentido de que sólo el Departamento Ejecutivo tiene atribuciones para establecer según las posiblidades financieras del municipio la magnitud del incremento a otorgar a los empleados.

Entre los argumentos presentados en el veto, Wingerter expresó que “el incremento salarial dispuesto no puede ser absorbido, de ninguna manera, por la Municipalidad de Canals, ya que la misma no cuenta con los recursos necesarios para atender dicha erogación ni previsibilidad cierta de ingresos suficientes”.

En otro argumento para justificar el conflicto de poderes con los ediles, el titular del Deparamento Ejecutivo de Canals sostuvo que los ediles se excedieron al modificar el Presupuesto de gastos tomando las partida “crédito adicional para incrementos salariales” de cada una de las áreas de la Municipalidad.

De este modo los ediles pretenden que el estado local absorba la erogación que demandaría ejecutar el incremento salarial dispuesto.

«Esta simple consideración prueba la inconsistencia del incremento salarial y de los recursos para atenderlo”, sostuvo Wingerter.

En diálogo con LA MAÑANA, el mandatario recordó que se aplicó una suba a los salarios de los empelados en agosto, y la misma estuvo en el orden del 18 por ciento promedio para las diferentes categorías.

“Debido a ésto y a las condiciones que atraviesa la economía nacional es prácticamente imposible aumentar nuevamente los sueldos del personal municipal”, indicó el jefe comunal.

La ordenanza regresó al recinto para su tratamiento posterior al veto, sin embargo nuevamente fue aprobada y sin modificaciones.

Como consecuencia de esta situación, los dos ediles que presentaron en su momento la iniciativa fueron alejados del bloque y al menos para las autoridades ya no forman parte del mismo.

Wingerter llegó a la Municipalidad de Canals tras ganar la elección de 2003 al frente de una sumataroia de votos entre vecinalistas y justicialistas. El mismo acuerdo le permitió ser reelecto en 2007.

Ahora, la situación política estalló y eso ha puesto en riesgo la gobernabilidad y la concreción del plan de gobierno que votó mayoritariamente la población de Canals el año pasado.

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