El campo vuelve a la lucha después del impuestazo de Scioli

El rechazo al denominado "impuestazo" contra el sector rural ya motivó un paro de una semana en el Puerto de Bahía Blanca y los trabajadores y empresarios de Quequén, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Mar del Plata avanzan hacia una medida de fuerza de similares características.
El paquete impositivo impuesto por el oficialismo sciolista en la Cámara de Diputados, motivó el inmediato rechazo de diferentes sectores de la producción agropecuaria.

El «impuestazo» como lo definen los ruralistas y diversos sectores de la oposición elevó, no sólo el impuesto inmobiliario rural en más del 100% en muchos distritos bonaerenses, sino que además impuso cargas a las operaciones en los puertos del territorio.

De esa manera, el impuesto a la carga y descarga de productos en los 14 puertos bonaerenses, generó la inmediata reacción de entidades rurales, empresarios y trabajadores portuarios.

En una medida inédita, el puerto de Bahía Blanca -que mueve el 11 % del total de la producción agropecuaria exportable del país- inició a las 18 de ayer un paro total de actividades que se extenderá hasta el miércoles.

Se trata de una medida sin precedentes, que logró unir en un mismo reclamo a empresarios y empleados portuarios. En el puerto de Quequén (Necochea), en San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Mar del Plata empresarios, trabajadores y productores avanzarían en el mismo sentido en las próximas horas.

El campo define

Las medidas de los portuarios cuentan también con el apoyo de entidades rurales de la provincia, especialmente de Carbap, la asociación de productores con mayor peso en territorio provincial.

De hecho, el titular de la entidad, Pedro Apaolaza, tiene previsto reunirse hoy en Coronel Suárez con los presidentes de decenas de sociedades rurales bonaerenses, entre las que participarán representantes de nuestra ciudad.

Durante el encuentro se definirán los pasos a seguir, entre los que no se descartan la realización de medidas distritales. En el mismo sentido, esta prevista para el lunes una reunión de la Mesa de Enlace bonaerense -que integran además de Carbap, Federación Agraria, Sociedad Rural y Coninagro.

Rechazo unánime

La media sanción que recibió la reforma impositiva -que impulsa en Gobierno provincial buscando recaudar unos 1300 millones de pesos para el 2010- disparó, junto a la polémica, el rechazo generalizado de sectores productivos y políticos.

Como se recordará, dentro del paquete fiscal, los diputados oficialistas -con el decisivo apoyo del ex cobista Patricio López Mancinelli- votaron un nuevo impuesto que grava con 6 pesos por tonelada la carga de productos en puertos bonaerenses (exportación), con 16 la tonelada descargada (importación) y con 3 pesos la tonelada removida.

Sólo quedaron exentos del tributo los pescados y derivados y los productos áridos, como arena y piedra, que derivará también en consecuencias para la economía tandilense. Pero la producción agropecuaria, por ejemplo, deberá tributar. Los ruralistas consideran la tasa portuaria "una retención encubierta" ya que las empresas portuarias, aseguran, trasladarán ese impuesto a los productores tal como adelantara ayer a NUEVA ERA el titular de la Sociedad Rural local Mariano Harguindeguy.

De aprobarse la reforma impositiva, la tasa portuaria -junto al impuesto a la sucesión de bienes- comenzaría a cobrarse en octubre. Para el año próximo quedarían el resto de las subas que contiene el impuestazo oficial: aumento de Patentes, Inmobiliario Rural y Urbano, Ingresos Brutos para el sector servicios, entre otros.

El puerto en contra

El sector portuario, por su parte, sostiene que esta medida afectará la competitividad de los puertos bonaerenses ya que la producción -por una cuestión de costos y pese a un flete más caro- podría canalizarse a través de otros puertos cercanos: en el caso de San Nicolás y los puertos de río del noroeste provincial el temor está puesto en las terminales de Santa Fe, y en Bahía Blanca, en el puerto de San Antonio (Río Negro).

En tanto, fuentes del Gobierno provincial señalaron que, pese a las protestas, no habría nuevas modificaciones a la reforma en el Senado ya que, de este modo, la norma debería volver a Diputados demorándose la aplicación del impuesto portuario y de sucesión de bienes que el gobernador Scioli pretende sancionar cuanto antes acosado por la falta de financiamiento para pagar sueldos y obligaciones con proveedores.

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