El campo pone en peligro la prórroga de facultades

Por: Rubén Rabanal

El kirchnerismo consiguió el fin de semana volver a complicar el tratamiento del proyecto que prorroga la delegación legislativa (ese cuerpo de leyes que otorga al Poder Ejecutivo facultades que le son propias al Congreso, como fijar aranceles aduaneros), justo cuando el bloque oficialista tenía a punto una negociación con la UCR para despejar el camino de esas leyes en la sesión de esta semana.

No es ya increíble que el Gobierno sabotee la solución a sus propios problemas; ese proceso autodestructivo se vivió en innumerables ocasiones en los últimos meses. Pero resulta curioso que se le volviera a complicar el panorama al oficialismo, teniendo casi solucionado el conflicto por la delegación de facultades, con un proyecto modificado en el que el Gobierno debería ceder, pero mucho menos que lo pensado hasta ahora, otra vez la negativa a discutir cambios en las políticas de la ONCCA, los retaceos en el diálogo sobre soja y el rechazo general a un acuerdo sobre leche en que casi ningún productor cree.

Hasta ahora, el bloque presidido por Agustín Rossi había llegado a negociar con la UCR que mientras el Gobierno aceptara discutir la eliminación de retenciones a maíz y trigo, avanzar en la negociación por el conflicto con la leche y carnes e iniciar el diálogo sobre el futuro de las retenciones a la soja, no habría inconvenientes en discutir en el recinto el proyecto de prórroga de la delegación legislativa que desvela a la Casa Rosada.

Marcha atrás

Pero durante el fin de semana, en boca de Aníbal Fernández, el Ejecutivo desarmó todos los compromisos que habían asumido las segundas líneas en la negociación con la oposición. Sobre esa base, entonces, el radicalismo comenzó a negarse a colaborar con el kirchnerismo en Diputados para aprobar ese paquete de leyes.

«Ellos arreglaban si el Gobierno bajaba las retenciones. Estaba todo listo y con eso arreglaban facultades delegadas. Pero si el Gobierno no hace ninguna concesión los radicales, no dan una mano», confiaba anoche a este diario un integrante de la Mesa de Conducción de la bancada kirchnerista.

En medio de esa pelea, otras nubes comenzaron a aparecer en el cielo kirchnerista. En general, la responsabilidad de los diputados suele recorrer caminos sinuosos. En muchos casos, oficialistas disconformes u opositores moderados suelen decidir el sentido de su voto de acuerdo con el mayor o el menor daño al Gobierno que pueda producir el resultado de una votación. El caso típico es el Presupuesto nacional: no es que todos los legisladores siempre estén de acuerdo, pero el impacto político que produciría que el Congreso le rechazara esa ley al Gobierno hace que muchos, propios o ajenos, terminen alineándose al final de debate para garantizar la aprobación.

En ese sentido, la delegación legislativa ofrece un flanco débil que no conviene al Gobierno. Si los diputados decidieran renovar todas las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, pero sin incluir el poder para fijar aranceles de exportaciones, las retenciones sobre las ventas de granos al exterior seguirían vigentes en el nivel actual hasta que una ley del Congreso las modifique o ratifique. Es decir que el impacto de no prorrogarle a Cristina de Kirchner las facultades en materia aduanera no sería inmediato.

Alternativa

De ahí que comenzara a circular el fin de semana, como alternativa contra un Gobierno que no respetó el acuerdo al que había llegado en Diputados con la oposición, la idea de eliminar de la delegación legislativa la facultad de dictar retenciones y, para no irritar, dejar para más adelante la redacción de una ley que fije el régimen definitivo. Es, hasta ahora, el mayor peligro que enfrenta esta semana el Gobierno en el Congreso.

Otro frente de conflicto aparece dentro del propio bloque oficialista. Tras las elecciones y con 42 diputados que no renovaron bancas y, por lo tanto, quedarán a la intemperie desde el 10 de diciembre, muchos oficialistas ya están pidiendo un tiempo de tranquilidad. Esto significa que no están dispuestos a enfrentar cualquier guerra que les ordene la Casa Rosada. Menos cuando la semana pasada Cristina de Kirchner los convocó a una reunión para debatir la agenda de leyes para el segundo semestre y se encontraron con que la visita se limitó sólo a participar como público del acto para anunciar el polémico proyecto de limitación de los superpoderes.

El mal humor, entonces, se apoderó ya de la bancada. Una muestra de esto puede verse en el proyecto de prórroga de facultades delegadas que el 27 de junio pasado, en paralelo al que el Gobierno envió al Senado, presentaron los kirchneristas en Diputados.

Allí aparecen firmando la iniciativa Patricia Fadel, Gustavo Marconato, Dante Dovena, Carlos «Cuto» Moreno, Patricia Vaca Narvaja, Luis Cigogna y Héctor Recalde. Es decir, el kirchnerismo más ultra del Congreso. Pero no estamparon la firma otros clásicos acompañantes del oficialismo como José María Díaz Bancalari o Graciela Camaño.

Nadie piensa que ellos, como muchos otros peronistas, lo hayan hecho por no querer exponerse más al costo político de acompañar al Gobierno en otra difícil negociación, pero la cuestión no pasó inadvertida por Rossi, quien, lejos de la tranquilidad que tenía para sancionar esta ley, ahora ya ve problemas en el horizonte.

La discusión oficial de la prórroga de las facultades delegadas por un año más, mientras se siga analizando todo ese cuerpo de leyes para decidir cuáles seguirán en vigencia y cuáles quedarán derogadas, debe comenzar esta semana para que el Senado tenga tiempo de transformarla en ley antes del 24 de agosto, cuando vence la última renovación sancionada en 2006. La negociación se dará en medio de la votación de la emergencia agropecuaria, pero si en las próximas horas el Gobierno no hace algún gesto a la oposición, el kirchnerismo, peligrosamente, deberá otra vez imponer el quórum a solas.

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