El campo y los medios: ahí apuntan los Kirchner

Por Carlos Pagni

Los Kirchner ya elaboraron una explicación canónica del 28 de junio. La derrota no se debió a la insatisfacción del electorado por las deficientes prestaciones del Gobierno. Sucedió otra cosa. La "gran masa del pueblo" fue sometida a la manipulación de dos corporaciones: la oligarquía agropecuaria y los medios de comunicación. Por lo tanto, para recuperar la competitividad perdida no hace falta revisar las decisiones o procedimientos aplicados hasta ahora. Ni siquiera en la gestión de la economía, que ya sumergió en la pobreza a casi el 40% de la población. De lo que se trata es de quebrar aquellas dos organizaciones.

Las principales iniciativas del matrimonio se dirigen en estos días a ese objetivo. Por un lado, la estatización del fútbol televisado ?insumo clave de la industria audiovisual? y el intento de sancionar una nueva ley de radiodifusión, más intervencionista que la sancionada por la última dictadura militar. Por otro, la promoción de una ley de arrendamiento que podría provocar una ruptura de la Comisión de Enlace de las entidades rurales.

El kirchnerismo pretende vampirizar la popularidad del fútbol. El anuncio del acceso gratuito al fútbol por TV iba a ser una fiesta que ni la más demagógica de las decisiones podría justificar. Pero al frente del Gobierno hay gente poco propensa a la alegría. La Presidenta se enredó en una comparación espantosa entre los que secuestraban personas y los que secuestran goles. Imposible dar con una analogía más ofensiva para el dueño de casa. Llevada al extremo, Julio Grondona sería el principal "secuestrador": fue él quien cedió la exclusividad de la transmisión a Televisión Satelital Codificada, la empresa integrada en partes iguales por el Grupo Clarín y Torneos y Competencias. El "secuestro" no sólo afectó a los televidentes, sino también a los clubes, titulares de los derechos a la filmación de sus partidos.

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El pacto con Grondona apunta también a provocar un daño económico al Grupo Clarín. A ese holding pertenece la red de TV por cable más extensa del país, que se vino beneficiando con la exclusividad del fútbol. Los Kirchner esperan, con su gesto, disciplinar a las demás "corporaciones".

Si aquella tarde la señora de Kirchner pecó por macabra, a Grondona se le fue la mano con la sinceridad. Cuando se le están arrebatando al presupuesto nacional $ 600 millones por año, no es oportuno decir: "Acá no hubo calculadoras". En efecto, no las hubo. Nadie sabe de dónde saldrá el dinero comprometido. La publicidad que se ve por televisión suma, en total, $ 1100 millones. Es impensable que más de la mitad se concentre en el fútbol. Los funcionarios sugieren que será el Estado, con los cortos que gerencia Télam, el que corra con los gastos. Durante los partidos, entonces, se podrán conocer en detalle las hazañas de los Kirchner. Una decisión astuta, que se completa con otra en estudio, revelada ayer por LA NACION: la de prohibir los aportes privados en la publicidad electoral. El ardid va más allá de penalizar a los adinerados que, como Francisco de Narváez, incursionan en la política.

La exigencia de que los partidos financien su propaganda sólo con los aportes del Estado funciona más o menos bien en países como Brasil, ya que allí el gobierno tiene prohibido difundir su acción durante las campañas electorales. Pero en la Argentina, donde la línea divisoria entre Estado, Gobierno y partido es invisible, la exigencia de que la oposición sólo financie su propaganda con fondos públicos agregará otra deslealtad a las muchas que aprovechan los oficialismos.

El esposo de la Presidenta quiere avanzar también sobre la Comisión de Enlace. Al escritorio de Cristina Kirchner había llegado, hace poco más de una semana, un proyecto de regulación de los arrendamientos rurales, elaborado por el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi; el presidente del INTA, Carlos Paz, y dos investigadores del Conicet, Osvaldo Barsky y Eduardo Salas. Los expertos consideran que es un trabajo razonable. Sin embargo, Néstor Kirchner habría dado la orden de avanzar en el Congreso con otro texto, elaborado por Federación Agraria y encomendado al bloque de ARI disidente, que encabeza Eduardo Macaluse. Para muchos analistas, la iniciativa afectará a los productores pequeños -los que alquilen más de 550 hectáreas-, desalentará la inversión y hará caer la productividad, con un costo fiscal. Pero el proyecto que crea una tensión importante entre Federación Agraria y las otras tres entidades del campo. Ese es su mérito.

La idea de regenerar al Gobierno desbaratando las "corporaciones" mediática y rural se basa en otro prejuicio: el de la superioridad profesional de Néstor Kirchner sobre sus adversarios políticos. Según esta tesis, la prensa y el campo son los únicos obstáculos para remover, dada la incompetencia de los líderes de la oposición para realizar su tarea.

Esta noción adquiere una inmerecida verosimilitud en enredos como el de Carlos Reutemann y su colega Roxana Latorre, con la legislación delegada. A Reutemann le cabe aquel principio según el cual "nadie puede alegar su propia torpeza". La suya no fue permitir que el Gobierno, reeditando aquella "borocotización" de la que Alberto Fernández todavía no se mostró arrepentido, le arrebatara una colaboradora. Latorre no habría firmado el proyecto oficialista si Reutemann hubiera elaborado uno propio, sobre una materia crucial para su carrera política. Grave negligencia para alguien que aspira a la presidencia.

Casos como el de Reutemann producen un espejismo sobre las habilidades de Kirchner. La recuperación de su poder se debe a que controla el Estado y sus resortes. El Estado es, acaso, la única organización vertebrada, en una sociedad en la que otras instituciones políticas, sobre todo los partidos, se han debilitado al extremo.

Como los Kirchner sacan su poder de la administración pública, las principales estrategias opositoras apuntan a aprovechar la crisis fiscal. En su lanzamiento presidencial del sábado, Felipe Solá dijo que "por unos pesos algunos gobernadores no dicen lo que piensan". Eduardo Duhalde, Jorge Busti y Jorge Obeid, entre otros, se proponen reemplazar las actuales autoridades del PJ, en un congreso que se celebraría en diciembre, "cuando en la mayoría de las provincias estén pagando con bonos", como explica, con sinceridad brutal, Luis Barrionuevo.

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Daniel Scioli se confesó el viernes pasado con un economista: "No me puedo despegar de Kirchner porque me faltan $ 4000 millones para llegar a fin de año". Su interlocutor lo preocupó más: "Esa plata puede no estar, aunque sigas amigo". Scioli ya no sueña con evitar el derrumbe, sino con no ser el primero en protagonizarlo. Tal vez, Juan Schiaretti termine por emitir una cuasi moneda en Córdoba, si Economía le sigue impidiendo tomar crédito al 14%.

Scioli estudia una ocurrencia que le acercaron Federico Scarabino, Isidoro Lazo y Baldomero Alvarez, para negociar fondos con la Casa Rosada: la Legislatura podría obligar a que las elecciones provinciales se realicen un día distinto de las presidenciales, como sucede en la Capital Federal. El mítico "aparato bonaerense" quedaría desacoplado de cualquier esquema nacional. Una medida letal para Kirchner.

Aunque el conurbano mantuviera su vasallaje, la declinación de Kirchner tal vez sería, igualmente, inevitable. Las últimas elecciones demostraron que el poder de esa maquinaria subsidiada tampoco garantiza la victoria. Ese dato está llevando a un revalúo de la capacidad electoral del peronismo en eventuales aliados como Mauricio Macri. Para el líder de Pro, ya no tiene sentido pagar costos muy altos por la adhesión del PJ. Supone que los votantes condenarán en 2011 a quienes hayan estado con Kirchner. Como si se tratara de un activo tóxico, capaz de contaminar también a Cobos, a Reutemann, o a Solá.

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