El campo hizo subir de nuevo las aguas entre Busti y Urribarri

El inicio de la inundación había frenado disputas y actos del PJ. Pero las aguas no bajaron calmas entre ambos dirigentes por el accionar de CTM. Ahora Urribarri acusó a diputados de favorecer grandes productores y Busti salió al cruce.
Las caras pintadas en el PJ entre bustistas y urribarristas parece que no piensan descansar con la paz de Navidad. Primero fue una catarata de actos simultáneos que no necesita mayores explicaciones. Luego las inundaciones de la Costa del Uruguay lograron frenar la fiebre de los actos y mediciones de fuerza, pero las aguas no bajaron calmas cuando comenzaron los cruces por la presunta responsabilidad de CTM y sus funcionarios en la mismísima inundación; para Busti había "imprevisión" del organismo internacional que pudo haber "evitado la inundación" con mejor manejo de la cota de Salto Grande y Urribarri salió a cruzarlo duro.

Aguas nuevamente altas por el campo

Urribarri anunció que trabajará durante enero y febrero en el estudio del Impuesto Inmobiliario Rural que la Legislatura aprobó hace unos meses, quien indicó que según las estimaciones de la Secretaría de la Producción, el esquema resigna recursos fiscales a favor de los tenedores de grandes superficies por un monto cercano a los 50 millones de pesos al año.

El mandatario señaló asimismo que el texto sancionado "tiene unas imperfecciones que harían imposible la reglamentación". "Si lo podemos salvar lo salvamos, y si no seguro que va a mandarse una iniciativa que va a tener el mismo espíritu que la ley de pooles de siembra", anticipó.

Son "muchos" los millones de pesos que el Estado dejará de recaudar en concepto de impuesto inmobiliario rural por la manera en que salió la ley de grandes superficies de la Legislatura, manifestó el gobernador, y adelantó que la normativa "se va a revisar". "Vamos a trabajar en enero y febrero en el tema tributario de manera responsable y buscando darle mucha más equidad a los tributos en Entre Ríos", precisó el mandatario.

Según las estimaciones que maneja la Secretaría de la Producción, si se hubiera aprobado el proyecto tal como lo mandó el Ejecutivo, desgravando a los pequeños productores (49 mil, que poseen 3,9 millones de hectáreas) y recargando el peso en las grandes superficies, se habría emitido un total de 120 millones de pesos al año en concepto de inmobiliario rural. Pero, luego de las modificaciones que se le introdujeron en las cámaras legislativas, la emisión se situó entre los 75 y los 77 millones. Es decir, el Estado resignó a favor de 2.860 propietarios, dueños de 3,1 millones de hectáreas entrerrianas, unos 50 millones de pesos.

Urribarri también recordó que "el proyecto de ley de pooles de siembra apuntaba a gravar a las grandes extensiones o a las explotaciones de capitales foráneos". Luego, mencionó que existe "coincidencia casi plena de que tiene unas imperfecciones el texto que haría imposible la reglamentación". "Si lo podemos salvar lo salvamos, y si no seguro que va a mandarse una iniciativa que va a tener el mismo espíritu que la ley de pooles de siembra", anticipó.

Reacción de Busti

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, salió al cruce de la responsabilidad que le endilgó Urribarri. "Considero que no es necesaria la revisión del Impuesto Inmobiliario Rural aprobado por la Legislatura, ha sido consensuada con los sectores productivos y con el Poder Ejecutivo a través del propio gobernador", expresó Busti a en un correo enviado a INFORME.

Hizo memoria que al momento en que el Ejecutivo provincial mando el proyecto hoy convertido en la ley que se reverá, el sector agropecuario "se encontraba en situación de Emergencia y Desastre Agropecuario hasta el 30 de diciembre de 2009 por la histórica sequía que padecía nuestro territorio provincial; por la crisis financiera internacional, y por un conjunto de medidas dispuestas e instrumentadas por el Gobierno Nacional que desalentaban la producción".

"Esos aumentos impositivos, que en algunos casos llegaba al 300%, generaron un fuerte rechazo por parte de este sector, importante para la economía provincial. Ante la conflictividad social, la Cámara de Diputados convocó a los sectores productivos a una mesa de diálogo con participación de representantes de la Cámara de Senadores y del Poder Ejecutivo, a través de su Ministro de Economía y del Sr. Gobernador, lográndose en este ámbito una propuesta de consenso que lograba un aumento progresivo de la recaudación por parte del Gobierno, y no en una forma tan abrupta como lo preveía el proyecto original", agregó Busti.

"La ley entrerriana aprobada permite pasar de una emisión de $66.000.000 en el año 2008 a $80.000.000 en el 2009, a $115.000.000 en el 2010, $140.000.000 en 2011, y $180.000.000 en 2012. Por otro lado, debo remarcar que los pequeños productores establecidos en el segmento Nº 1 no pagan el impuesto inmobiliario en el período 2009, y que los del segmento Nº 2 no tienen aumento del mismo durante el presente año", enrostró para diferenciar las declaraciones del gobernador.

Dijo además que "Asimismo se mantiene la progresividad con relación a que los grandes productores pagan proporcionalmente más que los pequeños y medianos, y que dicha proporción del aumento es superior a estos últimos, manteniéndose el espíritu establecido en la Ley Nº 8672 de Valuación de Predios Rurales, la cuál fuera gestada en mi primera gobernación, y que actualmente es reivindicada y referenciada en todo el territorio nacional como uno de los sistemas de valuación vigentes más justos".

Luego, mencionó como "importante" la necesidad de que se reglamente la ley de pooles de siembra "dado que generaría un mejor posicionamiento de los productores radicados en nuestro territorio, pero lo más importante es que hace obligatorio a futuro el uso de prácticas de conservación de suelos, con el objetivo de tener una agricultura sustentable en lo social, en lo económico y en lo ambiental".

"En reiteradas oportunidades he solicitado su Reglamentación debido a que ya han transcurrido más de dos años desde su sanción. Se argumenta que existirían imperfecciones en el texto, las cuales nunca han sido explicitadas ni en forma escrita ni verbal, e inclusive, he sugerido que para aclarar las dudas que los funcionarios podrían tener, se convoque a los especialistas en derecho tributario que participaron activamente en la redacción de la norma y que hoy cumplen funciones en la Dirección General de Rentas y en la Secretaría de la Producción, llamando poderosamente la atención que los mismos nunca hayan sido ni siquiera consultados", cuestionó.

De paso, Kañazo

Aprovechó para meter el tema federalismo y discusión sobre los fondos que maneja el poder K, al mencionar que "el déficit fiscal de las provincias no se puede resolver pensando en aumentar la presión fiscal sobre los sectores económicos y sociales radicados en nuestro territorio dado que avanzar en este sentido es poner en riesgo la competitividad de las distintas actividades que se desarrollan en el mismo. El mayor problema hoy es la fuerte presión impositiva sobre estos sectores por parte del Gobierno nacional, que no son coparticipados a las provincias".

"Las soluciones a las finanzas provinciales no pasan por ejercer una mayor presión fiscal sobre los sectores productivos radicados en nuestro territorio; sino discutir con la Nación lo que nos corresponde, y así evitar que este modelo unitario, profundizado por la actual gestión nacional, que obliga a los gobernadores e intendentes a mendigar recursos que le son propios y que los deja totalmente desprotegidos para resolver su situación financiera, induciéndolos a aumentar dicha presión fiscal en sus territorios, lo podamos cambiar. En esto estoy dispuesto a acompañar todas las acciones que lleven a reclamar para la provincia un mayor aporte de recursos", finalizó.

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