Un camino resbaladizo, con un pie en la política y el otro en el Derecho

Por: Julio Blanck

Las "candidaturas testimoniales" fueron condenadas, aunque sólo en forma teórica.

La Cámara Nacional Electoral, en su esperado pero no sorpresivo fallo de anoche, sostuvo que las "candidaturas testimoniales", entendidas como la postulación de alguien que admite que no va a asumir el cargo para el que se propone, son una defraudación a los votantes. Y las rechazó de manera contundente. Pero dos de los tres camaristas consideraron que las candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa no pueden probarse "testimoniales" porque en ningún momento los involucrados dijeron expresamente que no van a ocupar las bancas de diputados. Así, entendieron que sus expresiones fueron lo suficientemente ambiguas para porder ser habilitados como candidatos. El tercero de los camaristas, en cambio, opinó que esa ambigüedad del gobernador bonaerense y del Jefe de Gabinete instaló un estado de indefinición suficiente para rechazar las candidaturas. El Derecho tiene estas delicias.

Alrededor de la definición legal sobre las candidaturas impugnadas se desplegó una elegante pero no menos intensa batalla, que incluyó cuestiones jurídicas y políticas. Sería cuando menos un error, cuando no mala intención o interés faccioso liso y llano, suponer que la decisión podía contemplar solamente uno de esos aspectos.

Los camaristas se reunieron largamente durante el fin de semana. Hasta que comprobaron que resultaba imposible mantener la tradición del voto unánime que caracterizó a la Cámara desde que funciona con la integración actual, hace siete años. Ayer, entonces, cada parte se dedicó a escribir su voto.

Rodolfo Munné y Santiago Corcuera, que respaldaron la habilitación de los candidatos objetados, dieron prioridad a los aspectos políticos, cuidando de no pisotear lo que dicen las leyes. El tercer camarista, Alberto Dalla Vía, quien además preside la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, buscó ajustar su voto a la letra estricta de la ley. Lo hizo aunque las cuestiones políticas no le son ajenas, aunque quizás en sentido contrario -al menos en esta ocasión- que sus colegas de Cámara.

Hubo dos cuestiones básicas a resolver por los camaristas:

Si las candidaturas objetadas entraban en conflicto flagrante con la Constitución, cuestión que es el nudo de toda decisión judicial.

Y si la manifestación de voluntad de Scioli y Massa de asumir "eventualmente" como diputados resultaba suficiente para enmascarar con fuerza legal lo que resulta evidente al entendimiento: que no piensan asumir como diputados.

Acerca del presunto conflicto constitucional, Corcuera y Munné entendieron que el artículo 73 de la Constitución, que plantea que un gobernador no podrá ser al mismo tiempo miembro del Congreso, define una incompatibilidad funcional, pero no de elegibilidad. Esto es, que nada impediría a un gobernador postularse para después decidir qué hacer, en el momento en que la incompatibilidad se haga presente.

Corcuera y Munné recordaron el fallo de la misma Cámara Electoral, en 1998, cuando rechazó las objeciones contra Fernando De la Rúa y Graciela Fernández Meijide, por haberse postulado como precandidatos a presidente de la Alianza siendo, respectivamente, Jefe de Gobierno porteño y diputada nacional. En esa ocasión, la Cámara dictaminó que lo "prohibido es la simultaneidad de funciones, es decir el ejercicio, al mismo tiempo, de dos cargos u oficios específicos".

Ese mismo fallo había sido mencionado en una solicitada del kirchnerismo bonaerense para fustigar la impugnación presentada contra Scioli y Massa por los apoderados del radicalismo.

Corcuera y Munné consignaron que "desde 1854 hasta 2007, casi cuarenta senadores nacionales resultaron electos encontrándose vigentes sus mandatos como gobernadores", sin ser impugnados por esa razón.

Casos recientes en esta línea fueron Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires y candidato a diputado al mismo tiempo; Eduardo Fellner, actual titular de la Cámara de Diputados, para la que se postuló siendo gobernador de Jujuy; y Juan Carlos Romero, hoy senador, quien ganó el cargo mientras ejercía como gobernador de Salta. Los tres fueron elegidos en las elecciones de 2007.

En cuanto al escrutinio de la voluntad de Scioli y Massa para asumir como diputados, los camaristas transitaron un terreno de consistencia muy blanda. Era cuestión de creer o no creer. Dalla Vía no creyó. Pero Munné y Corcuera dijeron que se alegaba en este punto, más que pruebas concretas, un estado de "incertidumbre comunicacional".

De este modo, respecto de la segura renuncia de Scioli y Massa a las bancas que ganarán el 28 de este mes, afirmaron que "aun cuando se supusiera que ello fuera a ocurrir, escapa a las atribuciones del Poder Judicial resolver sobre la base de hipótesis, conjeturas, suspicacias o sospechas, sean estas fundadas o no".

Pero como saben bien de qué se estaba hablando, agregaron que si esa convicción resultara "traicionada por acciones futuras", se estaría cometiendo por parte de Scioli y Massa "una inaceptable manipulación de las instituciones de la República". Palabras tan contundentes como funcionales a la decisión de autorizar las candidaturas.

Ahora queda abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema. Aunque el radicalismo, que impulsó esta estrategia judicial, quizá ya haya conseguido causarle al kirchnerismo el costo político que buscaba. Y que es el mismo que los integrantes de la Cámara Electoral buscaron eludir. Esto es, quién paga el costo por decir una cosa y hacer otra.

Se trata de un tema institucional fuerte, instalado en el corazón de la campaña, ante el cual los candidatos de Unión-PRO, salvo alguna chicana menor, no han dicho esta boca es mía.

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