En el camino hacia un país más justo

Por Juan Manuel Abal Medina

Vicejefe de Gabinete del gobierno nacional

La medida anunciada ayer por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que dispone hacer coparticipables los recursos que hasta el momento el Estado nacional recaudaba por impuestos a la exportación de la soja, ratifica el rumbo adoptado desde los inicios de esta administración. Nos referimos al camino que iniciamos hace ya seis años en procura de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Tras la traumática experiencia neoliberal que vivimos los argentinos durante los ‘90, en los que un Estado ausente dejó vía libre para que el mercado arbitre en forma exclusiva la asignación de los recursos sociales, nos hemos comprometido desde 2003 en revitalizar las capacidades estatales a fin de garantizar la conjunción entre el crecimiento económico y la inclusión social. Un incremento sostenido del PBI por más de un lustro, y la reducción significativa de los niveles de pobreza y de desocupación muestran que los esfuerzos en los que incurrimos no han sido en vano. Una característica central de este modelo ha sido la preocupación constante por parte del Estado en promover que todos los sectores económicos y productivos puedan encontrar oportunidades de desarrollo.

En tal sentido, el establecimiento de retenciones a las exportaciones de determinados productos (la soja entre otros) lejos de ser una medida arbitraria o caprichosa, resulta un componente elemental dentro de un proyecto de país que tiene a la redistribución del ingreso como uno de sus pilares fundamentales. Se trata de que aquellos sectores mejor posicionados puedan ser solidarios con los que menos tienen. Resignar intereses y privilegios, es sabido, resulta de por sí conflictivo. Nuestro país hace ya más de un año que se enfrenta a una disputa liderada por un sector, genéricamente denominado ‘el campo’, que no está dispuesto a seguir sacrificando parte de sus recursos en pos del desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Parte de la oposición, a comienzos de esta semana, presentó un proyecto de ley que, haciéndose eco del reclamo rural, apunta a rebajar las alícuotas a las retenciones de una serie de productos exportables (soja, trigo, entre otros). Tal iniciativa no es sino el fiel reflejo de la irresponsabilidad de quienes lo impulsan. Una propuesta de tal naturaleza ocasionaría una merma significativa en los ingresos del sector público consolidado. De esta forma, la solidez fiscal que el Estado argentino ostenta hace ya cinco años podría desvanecerse en forma repentina, emergiendo nuevamente en el horizonte la posibilidad del déficit crónico que tantos trastornos ha provocado en nuestra historia.

Somos concientes que fue por la solidez fiscal que pudimos dejar atrás la grave crisis económica y social que vivió nuestro país en 2001. Sin abandonar estos presupuestos fundamentales, o de otra forma, sin desfinanciar al Estado nacional, y atentos a la magnitud de la crisis económica mundial, creemos necesario coparticipar los recursos provenientes de las retenciones hacia las provincias y los municipios, de modo tal de que el desarrollo argentino pueda continuar siendo equitativo para todos los sectores sociales y todas las regiones del país. En tal sentido, nuestra apuesta consiste en que el Estado nacional, los Estados provinciales y los municipales, aunemos esfuerzos a fin de poder brindar mejores y mayores servicios (en educación, en salud, en infraestructura, en promoción social) al conjunto de nuestra sociedad. Se trata de profundizar un modelo de acumulación con inclusión social, en el camino de construir un país social y territorialmente más justo.

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